Mendoza: Corrupción en municipio radical
Escribe Carlos Almenara: @carlosalmenarav
Con una población de más de 340.000 personas según el Censo 2022, Guaymallén es el distrito más poblado de la provincia de Mendoza.
Una causa judicial mantiene a tres empleados municipales como imputados por faltante de materiales de los corralones municipales. Lourdes Romero, Adrián Rivas y Manuel Nieto son trabajadores de la comuna y están acusados por el fiscal Gonzalo Marzal por hurto agravado.
La denuncia fue realizada por Ramiro García, director de Obras por Administración del Municipio y se aportaron filmaciones de Nieto retirando materiales. A partir de ello, la comuna les inició un sumario que continúa e implicó provisoriamente cambio de funciones.
Sin embargo, la versión de la defensa es muy distinta. El abogado Mauricio Cardello señala que “los usaron como chivos expiatorios para justificar faltantes de materiales”. El retiro de los mismos, que admite, fue a la luz del día, con conocimiento de que estaban siendo filmados, acordado con sus superiores, y agrega una acusación que compromete la gestión municipal: estas maniobras están vinculadas con la remodelación de una sede partidaria de la UCR en Guaymallén. Es decir, los capitostes municipales habrían pergeñado una maniobra consistente en robar materiales para una refacción de la sede partidaria y habrían culpado a estos trabajadores.
El intendente, Marcelino Iglesias – foto de portada- no ha hecho declaraciones al respecto.
Guaymallén arrastra una historia compleja con casos de corrupción. Luis Lobos, el predecesor del actual intendente, asumido en 2015, tiene dos condenas por enriquecimiento ilícito y administración fraudulenta, incluyendo una confesión para acordar penas con la fiscalía.
La gestión de Lobos, entre 2013 y 2015 muy desprestigiada por carencias palpables y por acusaciones, fue uno de los pilares que edificó la victoria electoral de un intendente que llegó prometiendo honestidad y transparencia. Luego de siete años de gestión no parecen verificarse ni una ni otra.
Entre los antecedentes delictivos resonantes se incluyen dos renuncias de concejales oficialistas por estafas en 2021. En octubre de este año, en una intrépida innovación que asombraría hasta a los más neoliberales y con la promesa de transformar el Estado en una “empresa de servicios”, el Municipio implementó un “acta de confidencialidad” que hizo firmar a sus trabajadores. Convenio por el cual no pueden revelar cuestiones de las que tomen conocimiento por su vínculo laboral con la comuna. Lejos de la transparencia prometida. Para el senador provincial opositor, Lucas Ilardo, “no sólo son corruptos, son fachos”.
El radicalismo, gobierno en Mendoza desde 2015, tiene un extenso historial de denuncias de corrupción que incluyen el curioso enriquecimiento del exgobernador Alfredo Cornejo y su familia, sobornos a un legislador opositor para que retire una candidatura, corrupción en la Dirección Provincial de Vialidad que llevaron a la renuncia de su titular, entre decenas de casos.
Lo que hace poner en duda cualquier optimismo de que se alcance verdad y justicia en cualquiera de estos casos es la cooptación de los organismos administrativos, legislativos y judiciales de control y de la Suprema Corte provincial.
El Tribunal de Cuentas, presidido por el exlegislador, íntimo de Cornejo, Néstor Parés, y la Corte presidida por el ex ministro de gobierno de Cornejo, con mayoría automática a favor de su partido, garantizan la impunidad para la gestión radical.
La situación fue denunciada por la organización de Derechos Humanos Xumek ante la Organización de Naciones Unidas. La completísima denuncia ante el Dr. Diego García Sayán, Relator Especial para la independencia de los magistrados, pinta de cuerpo entero la falta de comportamiento republicano de los gobiernos de Cornejo y Suárez en Mendoza y puede leerse en este link:
