Marcha contra la política anti-sindical de Moyano
La primera noticia sobre la situación de los trabajadores del Sanatorio San Justo, perteneciente a la obra social de Camioneros, surgió el 27 de mayo último, cuando a través de un comunicado de prensa hicieron saber que habían sido despedidos sin causa del nosocomio propiedad del gremio que lidera Hugo Moyano.
En el escrito denunciaban que “fuimos despedidos por organizarnos en nuestro lugar de trabajo. Habíamos impulsado una elección de delegados con el respaldo del Sindicato de Sanidad, pero sin embargo la patronal Iarai S.A., despidió a los compañeros activistas que organizamos la elección.
Los compañeros recibimos la notificación en los días previos a la elección de delegados en el Sanatorio e incluso el mismo día de la elección: un compañero el 10 de mayo; una compañera el 12 del mismo mes y tres compañeras el 13 del corriente, el mismo día de la elección, impidiéndoles al mismo tiempo votar”.
Seguidamente consignaban: “Dos compañeros figuran despedidos sin causa, mientras que a los otros tres se les colocó como excusa que habían comido una pizza en una habitación del sanatorio hace casi un mes atrás. Nosotros rechazamos esta excusa, ya que se trata de una clara persecución gremial porque somos el grupo de trabajadores que había impulsado la elección y la candidatura de nuestra compañera Romina” y acotan que “la patronal incluso metió miedo a varios compañeros intentando que no voten para deslegitimar la elección, un comportamiento claramente antidemocrático. Nuestro despido se trata, por lo tanto, de un liso y llano ataque a la organización democrática de los trabajadores”.
Lo irónico o trágico es que se trata de una institución cuya titular es nada menos que Liliana Zulet, la esposa de Hugo Moyano
Sobre siete juzgados a los que se presentó solicitud para iniciar un juicio por los despidos, uno aceptó, otro lo rechazó y otros cinco optaron por no responder. El primero es el juzgado de la magistrada Mabel Almaraz, que recién se encuentra iniciando los primeros pasos.
Como forma de presionar al resto de las cámaras, los trabajadores, sus allegados y un conjunto de personalidades y organizaciones partidarias e independientes, como la Red de Trabajadores, se movilizarán al juzgado de Lavalle donde presentarán un amicus con numerosas firmas en apoyo a la solicitud.
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Según informó Elena Torres, una de las trabajadoras despedidas, la situación en el sanatorio mejoró en tanto se permitió la representatividad gremial de una empleada quien fue logrando “algunas cosas como que se paguen las horas extras pero del tema de reincorporar a los despedidos no quieren saber nada”.
