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Los objetivos de la Asamblea Constituyente convocada por Maduro

En un escenario de creciente confrontación entre el Gobierno y la oposición, el presidente Nicolás Maduro convocó a una Asamblea Constituyente para dirimir las controversias recurriendo a los mecanismos institucionales. 

La Asamblea «tiene como principal objetivo reforzar la Carta Magna vigente, especialmente en aspectos que garanticen su defensa y seguridad», explicó el miembro de la comisión presidencial para esta reforma, Hermann Escarrá y aclaró: «no se trata, como ocurrió con la Constitución de 1961, de modificar los elementos esenciales de la Constitución del 99, sino de ampliar, de agregar, de incorporar una serie de temas».

Entre los propósitos de la convocatoria se encuentra «ganar la paz y reafirmar los valores de la justicia a través de un diálogo nacional, ampliar y perfeccionar el sistema económico de Venezuela basado en la productividad, la diversificación y de carácter integrador, constitucionalizar las Misiones y Grandes Misiones creadas por la Revolución Bolivariana, constitucionalizar los nuevos elementos de justicia severa en la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico en todas sus formas para garantizar la seguridad y protección del pueblo, constitucionalizar las comunas y consejos comunales, dar espacio a nuevas formas de democracia protagónica, participativa y directa, defender la soberanía nacional y rechazar el intervencionismo, agregar un capítulo sobre derechos y deberes de la juventud venezolana y trabajar para prevenir los efectos del cambio climático».

El decreto firmado por el mandatario establece que “los y las integrantes de la Asamblea Nacional Constituyente Originaria serán elegidos o elegidas en los ámbitos sectoriales y territoriales, bajo la rectoría del Consejo Nacional Electoral, mediante el voto universal, directo y secreto; con el interés supremo de preservar y profundizar los valores constitucionales de libertad, igualdad, justicia e inmunidad de la República y autodeterminación del pueblo”.

Desde que en 2015 la oposición venezolana ganó las elecciones legislativas y accedió a una mayoría en la Asamblea Nacional (AN), por primera vez desde la llegada del chavismo al poder se abrió en el país un periodo de conflicto y bloqueo institucional entre los poderes del Estado.

Según constata la Celag, en el último año y medio la oposición trabaja en tres frentes para promover una salida anticipada del gobierno actual al que desconocen y acusan de haber adoptado una deriva autoritaria: 1) la Asamblea Nacional, desde donde se impulsó ilegalmente un “juicio político” al presidente, figura jurídica no contemplada en la Constitución venezolana, 2) la presión de la “comunidad internacional”, que incluye el accionar persecutorio e ilegal de la OEA y particularmente de su Secretario General, Luis Almagro, así como también un impresionante construcción mediática que promueve una imagen negativa del chavismo, y 3) la presión de calle mediante la convocatoria a protestas que con frecuencia derivan en hechos de violencia por parte de los “manifestantes”.

El Gobierno asegura esta Asamblea constituye una oportunidad para dirimir el conflicto político mediante mecanismos institucionales y así alcanzar la paz. 

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