El jueves un violento desalojo en el acceso caminero cercano a la comunidad indígena de Tilquiza, puso al descubierto la orden ejecutiva de represión sobre toda protesta social relacionada con pueblos originarios jujeños. Morales ya no esconde su intención de convertir a su provincia en un «rancho aparte»
Por esta situación, originarios, emitieron un comunicado: » Hoy la Policía del Gobernador Morales y sus tribunales, irrumpieron en la comunidad indígena de Tilquiza del Pueblo Ocloya. Los habitantes de la zona, estaban manifestándose por encontrar una tranquera cerrada y con llave que la misma justicia que hoy fue a reprimir, había ordenado que no se podía detener la circulación de vecinos por ese camino por lo que la
tranquera debía permanecer abierta»
Agregaron: » No obstante, los terratenientes, que se instalaron allí, en tierras que el estado nacional, reconoció indígenas, cuando les entregaron la personería jurídica y se firmó el RETECI, (Relevamiento Territorial) no obstante como se estila, en estos últimos años, las disposiciones nacionales se dejan de lado sin miramientos, y se procede, a concretar la represión, sin tener en cuenta absolutamente nada de las disposiciones, inclusive internacionales, que norman esos procedimientos. –
Por tanto, queremos expresar nuestro más enérgico repudio a la detención de las Hermanas y Hermanos integrantes de la Comunidad Tilquiza del Pueblo Ocloya de la Provincia de Jujuy; expresamos también nuestro total rechazo a las políticas feudales que impone el Gobernador Gerardo Morales, quien no solo es el “Patrón” de la justicia jujeña sino que también, en su pretensión de Gobernador Vitalicio, en complicidad y la corrupción de los otros partidos políticos, intentará modificar la constitución provincial.
¡Basta de atropellos a los Pueblos Indígenas! ¡Basta de prácticas feudales! Asamblea de Articulación de los Pueblos del Qollasuyo»
LAS ACTUACIONES DEL INAI
El único camino de acceso a territorio de la comunidad Tilquiza del Pueblo Ocloya de Jujuy, a 17 kilómetros de San Salvador, fue obstaculizado tras el aval judicial de la Cámara Civil y Comercial de la provincia, a cargo de María del Huerto Sapag.
Producto de este fallo, tras el cual se instaló un portón con candado, la comunidad realizó una protesta pacífica en el lugar que terminó con al menos nueve personas detenidas, entre ellas el representante del área de Pueblos Indígenas del organismo, Néstor Jérez.
El Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo expresa su profunda preocupación ante este nuevo atropello que sufre la comunidad Tilquiza. Recientemente, a través de la delegación de Jujuy, expresamos nuestro apoyo al reclamo de la comunidad en su acceso al territorio.
El territorio en disputa es parte de la ocupación actual, tradicional y pública que ejerce la comunidad sobre un territorio reconocido por el Estado argentino en el marco de la Ley 26.160 y el decreto presidencial 805/2021 que prorroga la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas hasta noviembre de 2025, e impide innovar.
El relevamiento de la superficie reclamada, de más de tres mil hectáreas, se encuentra en este sentido reconocido en la carpeta técnica extendida por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI).
La decisión de la jueza a cargo de la vocalía 6 de la Cámara Civil y Comercial de Jujuy es, a su vez, contraria a la dictada el 22 de febrero de 2019 por el titular del Juzgado de Control Penal Nº 2, a cargo de Jorge Rodolfo Zurueta, quien entonces había ordenado “el desalojo de las personas y/o cosas que se encuentren obstruyendo el paso por el Camino ‘El Tilo y la Mecha’ sita sobre Ruta Provincial 35 de la Localidad de Tilquiza”.
Llamamos la atención ante el nuevo atropello que representan las detenciones de Norma Alancay, Macarena Gaspar, German Gaspar, Mercedes Galalan, Belén Arias, Yisela Gaspar, Ana María Cruz, Ramón Jérez y Néstor Jeréz -este último representante del área de Pueblos Indígenas de INADI- durante el ejercicio de defensa de sus derechos.
La obstaculización del acceso al territorio del Pueblo Ocloya expone a riesgos físicos a las personas de la comunidad Tilquiza, así como genera antecedentes legales negativos en el reconocimiento de los derechos de los Pueblos Indígenas. Las detenciones no hacen más que profundizar esta discriminación y desigualdad histórica.
«Desde el INADI solicitamos la liberación inmediata de las personas detenidas y la restitución del paso libre a la comunidad para acceder a su territorio» aclararon de la dependencia nacional con asiento en Jujuy.
