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La vejez postergada: entre haberes insuficientes, ajuste estructural y la resistencia en las calles
INFORME ESPECIAL: DÍA DEL JUBILADO Y LA JUBILADA
En una nueva conmemoración del Día del Jubilado y la Jubilada en la República Argentina, el panorama para las personas mayores dista sustancialmente de ser un motivo de celebración.
La combinación de una profunda recesión económica, el desmonte de prestaciones de salud clave y una pérdida drástica del poder adquisitivo posiciona a este sector como el principal variable de ajuste dentro del programa de déficit cero ejecutado por la administración de Javier Milei.
1. Fotografía de un haber mínimo en estado crítico
El haber mínimo previsional —que abarca a la inmensa mayoría de los beneficiarios del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA)— se ubica en torno a los $435.000, monto que, al adicionarse el bono extraordinario congelado en $70.000, apenas alcanza una suma bruta cercana a los $505.000.
Frente a esta cifra, la Canasta Básica de los Jubilados —medida por las distintas defensorías de la tercera edad e institutos de estadística provincial— ha llegado a superar la barrera de los $1.800.000. Esta disparidad deja en evidencia que el ingreso mínimo apenas permite cubrir un 25% a 30% del costo de vida real necesario para garantizar una vejez digna, posicionando a la inmensa mayoría de la clase pasiva por debajo de la línea de indigencia real.
2. Gastos fijos y el colapso del consumo
El impacto de las políticas de desregulación económica golpeó directo a la estructura de costos mensuales de los adultos mayores:
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Tarifas y Alquileres: Los aumentos en los servicios públicos (luz, gas y agua), sumados al costo de las expensas y alquileres tras la derogación de la Ley de Alquileres, devoran más del 60% del haber mensual en aquellos hogares sin vivienda propia.
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Alimentos: El precio de los alimentos de la canasta nutricional básica para adultos mayores creció muy por encima de las actualizaciones de haberes dispuestas por la fórmula de movilidad atada a la inflación pasada, obligando a sustituir consumos esenciales y a saltear comidas.
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Derrumbe del consumo: El desplome en las ventas minoristas en farmacias, comercios de cercanía y supermercados por parte de este segmento de la población es histórico. El «consumo defensivo» provocó que miles de ancianos recorten gastos en elementos de cuidado personal, recreación y nutrición adecuada.
3. Endeudamiento: la supervivencia a tarjeta y crédito
Ante el desfasaje sistemático entre ingresos y gastos indispensables, el fenómeno de la financiarización de la pobreza golpeó de lleno al sector previsional:
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Estrategias de supervivencia: Ante la falta de liquidez a mitad de mes, el uso de tarjetas de crédito o el endeudamiento informal con comercios de barrio se volvió la pauta común para comprar comida y medicamentos.
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Tarjetas y financiamiento: La acumulación de saldos impagos lleva al pago del monto mínimo de los plásticos, generando intereses astronómicos que terminan comprometiendo el cobro neto de las jubilaciones futuras.
4. El ajuste en la salud: recortar en remedios para llegar a fin de mes
El punto más crítico de la crisis previsional se concentra en el acceso a la salud y a la medicación diaria:
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Suba imparable de medicamentos: La desregulación del mercado farmacéutico provocó incrementos en los precios de los remedios de consumo crónico que triplicaron la variación inflacionaria general.
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Recortes en PAMI: Las medidas de reestructuración en el Programa de Atención Médica Integral (PAMI) endurecieron los requisitos para acceder al subsidio del 100% en medicamentos. La exclusión de decenas de principios activos de las listas de cobertura gratuita obligó a muchos jubilados a discontinuar o fragmentar sus tratamientos para hipertensión, diabetes o dolencias cardíacas.
5. Crítica a la política económica y previsional del Gobierno
El programa del presidente Javier Milei adoptó la partida previsional como el «ancla» central para alcanzar y sostener el superávit fiscal.
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Fórmula de movilidad desfasada: La actualización atada únicamente al Índice de Precios al Consumidor (IPC) consolidó el piso del ajuste aplicado a comienzos de la gestión, licuando de forma permanente la capacidad de compra del haber real sin instancias de recomposición frente a la pérdida del valor acumulado.
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Congelamiento de los bonos de refuerzo: La decisión deliberada de mantener el bono de $70.000 sin actualización a lo largo del tiempo evaporó de forma paulatina su impacto compensatorio, profundizando el deterioro de las jubilaciones más bajas.
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El veto parlamentario: La ratificación y veto de iniciativas legislativas impulsadas para reajustar los ingresos y recomponer el desfasaje acumulado expuso la prioridad fiscal del Poder Ejecutivo por sobre las demandas del sector más vulnerable de la sociedad.
6. La respuesta oficial en las calles: la represión de cada miércoles
Como contracara al deterioro socioeconómico, el colectivo de jubilados y jubiladas mantiene desde hace décadas un esquema de protesta histórica frente al Congreso de la Nación. Sin embargo, la respuesta del Ministerio de Seguridad frente a las movilizaciones de cada miércoles se caracterizó por una constante escalada represiva:
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Protocolo Antipiquete en acción: Las marchas semanales han sido escenario repetido del despliegue masivo de fuerzas federales y de la Ciudad, utilizando gas pimienta, bastonazos y carros hidrantes para evitar el corte de calzada.
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Imágenes de la violencia: Postales semanales mostraron a adultos mayores, en muchos casos asistidos por bastones o sillas de ruedas, siendo arrastrados o gaseados a metros del Palacio Legislativo. La represión sistemática a la marcha de los miércoles se convirtió en la síntesis del conflicto social de la Argentina contemporánea: la represión policial contra la protesta de los propios abuelos.
En este Día del Jubilado/a, la combinación de una licuación deliberada de haberes, la pérdida de cobertura en salud y la respuesta punitiva frente al reclamo pacifista configuran un escenario crítico para la vejez argentina, que demanda respuestas de fondo y un replanteo ético del orden de prioridades económicas en el país.
