Ley de Medios: se cumple un año del fallo de la Corte
El 29 de octubre de 2013, la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró la constitucionalidad de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que estuvo frenada durante cuatro años y tres días por acciones legales del Grupo Clarín.
La norma, enviada al Congreso por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner el 27 de agosto de 2009, fue debatida por la sociedad en foros federales y aprobada por el Congreso nacional con 147 votos afirmativos en Diputados y 44 en el Senado.
El Parlamento la sancionó el 10 de octubre de ese año, y durante su discusión tuvo más de 200 modificaciones, donde se dejó afuera a las empresas telefónicas por pedido de la centroizquierda y, antes, se había omitido incluir a los diarios, como lo establece la Constitución nacional.
Pero 16 días después, más precisamente el 26 de octubre, la Ley de Medios comenzó con su peregrinaje en tribunales: el Grupo Clarín presentó un pedido de inconstitucionalidad contra varios artículos y el ex juez Edmundo Carbone dictó una medida cautelar que frenó su aplicación, el 15 de diciembre.
Los jueces federales de Salta, Miguel Antonio Medina, y de Mendoza, Olga Pura de Arrabal, dictaron medidas similares el 17 de diciembre y el 21 respectivamente.
La batalla judicial se extendió hasta el 2013, cuando el 28 y 29 de agosto expusieron las partes, Clarín y el Estado, y sus amicus curiae ante la Corte.
En la audiencia pública, el grupo mediático cometió errores argumentales: admitió que su red de cable no es indivisible, como sostuvo en el expediente; y se arrogó ser el único garante de la libertad de expresión.
Finalmente, después de un largo proceso, el 29 de octubre de 2013 la Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió a favor de la constitucionalidad de la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
Los jueces Ricardo Lorenzetti, Eugenio Zaffaroni, Enrique Petracchi y Elena Highton de Nolasco votaron a favor de la constitucionalidad total de la normativa.
En tanto, los ministros Carlos Maqueda y Carmen Argibay votaron la constitucionalidad parcial de la ley. El único voto en contra por inconstitucionalidad fue el del juez Carlos Fayt.
LA HISTORIA DE LA LEY DE MEDIOS
Los primeros pasos de la construcción de esta norma se dieron en la década de 1980 con la recuperación de la democracia y el gobierno de Raúl Alfonsín, cuando se impulsaba desde organizaciones sociales la llamada «nueva ley de Radiodifusión argentina» para reemplazar al decreto ley de la dictadura militar -22.285- que regía el sistema medios de comunicación con el espíritu del plan de seguridad nacional.
Con la llegada de los `90 y las ideas neoliberales, la lucha por una nueva norma de comunicación audiovisual quedó reducida a pequeños grupos sociales en tiempos en los cuales los poderosos grupos económicos se convirtieron en los dueños de decenas de medios de comunicación en todo el país, convirtiendo al mapa comunicacional en un monopolio dominado por el Grupo Clarín, con el aval del gobierno de turno.
Tras la asunción presidencial de Néstor Kirchner en el 2003, la Coalición por una Radiodifusión democrática elaboró un documento con 21 puntos fundamentales para el contenido de la nueva norma, lo que fue contemplado por el kirchnerismo que llevó el debate de los claustros universitarios y de asociaciones de periodistas a jornadas multisectoriales de las cuales participaron todos los actores de la sociedad.
A partir de los debates en foros en todo el país, el Poder Ejecutivo elaboró el anteproyecto de la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que fue presentada por Cristina Fernández de Kirchner el Día de la Radiofonía, el 27 de agosto, en homenaje a los «Locos de la Azotea».
Luego de un intenso debate parlamentario, la ley fue aprobada en la Cámara de Diputados con 147 votos afirmativos y en el Senado, con 44, pero sus ejes fundamentales permanecieron sin aplicación integral por decisión judicial y recién hace un año se inició el proceso de adecuación de las empresas mediáticas con posición monopólica, como el Grupo Clarín, que sigue negándose a cumplir la ley.
