LA RIOJA: Ricardo Quintela -Gobernador- denunció a Silvio Robles, vocero de la Corte

La investigación iniciada por el santiagueño Gerardo Zamora ahora se tramita en Comodoro Py.

Las denuncias contra la mano derecha del cortesano Rosatti, Silvio Robles, siguen acumulándose. Ahora fue el mandatario riojano quien se presentó ante el fuero federal para acusar a Marcelo D´Alessandro y a Robles tras conocerse el intercambio de mensajes por chat de ambos implicados.

Así la pelea por los fondos coparticipables y la afectación de los presupuestos para las provincias, tiene como eje principal los «acuerdos» en el gobierno municipal de la CABA – Rodríguez Larreta- y la Corte Suprema de Justicia de la Nación, manejada por Rosatti.

El Gobernador riojano, Quintela, denunció ante la Justicia a Robles y D´Alessandro por violar los deberes de funcionarios públicos y tráfico de influencias. El mandatario provincial incluyó las conversaciones por Telegram, conocidas la semana anterior incluídas en lo que se estableció como un esquema de corrupción, estructurado por los dos funcionarios señalados.

“La corrupción supone una relación entre dos agentes, o más (Robles y D’Alessandro) precisamente, un intercambio irregular de prestaciones entre dos partes, el receptor de la ventaja y el otorgante de la misma (asesoramiento con respecto al Consejo de la Magistratura, fallo por la coparticipación)” figura en el escrito judicial.

“Estos mensajes difundidos evidencian los supuestos vínculos que el Ministro porteño mantuvo con Silvio Robles, Director General de la vocalía del ministro Rosatti, quien oficia en la práctica como su vocero y, persona de su máxima confianza desde hace años” señala la denuncia y agrega que “la connivencia y la negociación entre ambos funcionarios ha quedado al desnudo en los chats publicados, los que demuestran que las resoluciones judiciales y de manera particular los pronunciamientos del Ministro de la Corte Horacio Rosatti, a través de Silvio Robles, ha desarrollado operaciones políticas específicas ejecutadas a través de arbitrarios fallos judiciales”.

Además, se añade que “como se ve, la convivencia entre aquel espacio político y la Corte resulta tan evidente como inadmisible en el marco de un Estado de Derecho, en el que el Poder Judicial debe guiarse por los principios rectores que hacen a la independencia e imparcialidad judicial, todos los cuales fueron franqueados abiertamente por el presidente del Alto Tribunal, Rosatti. Los chats publicados por la prensa dejan al descubierto que han existido maniobras coordinadas en la que se negociaron fallos judiciales para beneficiar a dicha alianza política”.

El escrito plantea un modelo de corrupción diseñado estratégicamente entre el Ministro de Seguridad porteño devenido en operador de la Corte Suprema de Justicia y, el Director de Despacho de la Vocalía del Ministro Rosatti, señor Silvio Robles ergo operador para el gobierno de CABA, remarcando que “se puede apreciar como el entramado de corrupción forma parte de un sistema de vinculaciones de favores que, trasciende lo estrictamente jurídico y se proyecta sobre lo político. El predominio de CABA y en particular del Partido PRO, es una construcción jurídico-partidaria concertada entre operadores políticos y jurídicos que confluyen en resoluciones judiciales, cuyo contenido se pacta por afuera del sistema legal y pretender regir las acciones de gobierno de los poderes constituidos”.

La nota hace hincapié en dos tipos de delitos: Abuso de Autoridad y Violación de los Deberes de Funcionario Público: El artículo 248 del Código Penal tutela el respeto y acatamiento, por parte de los de los funcionarios públicos, de las normas constitucionales y legales. En los acontecimientos que solicito se investiguen podría haberse cometido este delito en virtud de ser Julio Robles el actual Director General de la Vocalía del Ministro Horacio Rosatti. El tipificado por el artículo 248 del Código Penal es un delito doloso que exige la conciencia de la ilegitimidad o arbitrariedad del acto y la voluntad de llevarlo a cabo. En consecuencia, por función pública estatal sólo cabe entender toda actividad que conlleve fines propios del Estado.

También se denuncia el Tráfico de influencias, “dentro del fenómeno de la corrupción pública es posible identificar a un grupo de comportamientos cuya finalidad consiste en influir en las decisiones de la Administración. Las conductas de tráfico de influencias, ya sea el tráfico propiamente dicho o el ejercicio de influencias, conculcan el principio de objetividad que debe regir las actuaciones administrativas, que en su vertiente subjetiva conforma el principio de imparcialidad al que están sujetos los funcionarios públicos”.

La denuncia finaliza con pruebas, una solicitud de allanamiento y solicita el secuestro de los teléfonos celulares para que sean peritados y poder reconstruir la información.

Cabe recordar que en declaraciones recientes a la prensa, el gobernador, indicó “tenemos todas las expectativas positivas puesto porque hay fundamentos de sobra para iniciar el juicio político impulsado por el presidente y la mayoría de los gobernadores de la República Argentina, básicamente por la intromisión en los poderes del Estado, Legislativo y Ejecutivo, no solamente por atacar al federalismo, sino también por lo que se dio a conocer con respecto a la vinculación entre Robles y D’ Alessandro, que no es nada más y nada menos que Rosatti y Rodríguez Larreta”.

Quintela informó, además, que “vamos a presentar una denuncia penal, no solamente contra Robles sino también contra D’Alessandro, porque no tiene que sacar una licencia, tiene que ir directamente a Tribunales a explicar lo inexplicable; y gracias a Dios, con todo esto que es una verdad revelada, creo que la sociedad argentina mayoritariamente sabe que esto es cierto, que hay una convivencia mafiosa entre la Corte Suprema de Justicia, que son 4 integrantes que no fueron electos por nadie y que tiene permanencia indefinida en el cargo, que de ellos depende la libertad y el patrimonio de todos los argentinos y argentinas y que no tenemos garantías de que puedan ajustarse a derecho en cada una de sus resoluciones o fallos”, añadió.