¿La revolución verde macrista?: ganancias privadas, suciedad y precarización laboral
Por La Fábrica Porteña, para InfoBaires24
Los protocolos de emergencia, en casos extremos, permiten almacenar los desechos de la Ciudad una semana como máximo. En esa situación sería necesario inundar parques y plazas con bolsas contaminantes, prohibir a los vecinos sacar sus residuos y reducir al máximo el consumo de determinados productos.
Los vecinos del relleno sanitario Norte 3, ubicado en el Camino del Buen Ayre no necesitan demasiada imaginación. Sufren los trastornos de convivir con los residuos, sus olores y efectos sobre la salud todos los días.
Es por eso, que la provincia de Buenos Aires, desde hace años le exige a la gestión macrista que cumpla con la Ley de Basura Cero, aprobada por la Legislatura en 2005 y reduzca la cantidad de toneladas enterradas. En cambio, hasta el 2013, el GCBA aumentó año tras año el número de camiones enviados a la provincia. En consecuencia, colapsaron varios rellenos y el único que la Ciudad tiene disponible se encuentra cercano al colapso.
En este contexto, es imprescindible incentivar procesos de reutilización y reciclado de materiales que de otra manera contaminarían el suelo y las napas acuíferas del conurbano. El rol de los recuperadores urbanos deja de ser solamente un medio de supervivencia de miles de familias para transformarse también en una actividad necesaria que genera beneficios a toda la población.
Los “cartoneros” tienen a cargo la gestión de los residuos secos de toda la Ciudad (aquellos que pueden ser reutilizados) mientras que el servicio de la fracción húmeda está en manos de 6 empresas privadas y una pequeña zona a cargo de un Ente estatal. Es importante destacar que el trabajo de los cartoneros evita la contaminación del conurbano y el ahorro financiero de la Ciudad mientras que las empresas recolectoras se limitan a trasladar las bolsas desde los domicilios hasta su lugar de disposición final.
Sin embargo, el Jefe de Gobierno, desde el comienzo de su gestión ha beneficiado a las empresas recolectoras de residuos húmedos por sobre los recuperadores.
Las cifras de gasto provistas por la misma gestión no dejan lugar a dudas: En 2014, el PRO gastó $6 mil millones en la recolección privada de húmedos. Más de $16 millones por día. En un mes, las 6 empresas recolectoras reciben del GCBA lo mismo que todos los recuperadores en un año.
Desde 2008, el Presupuesto para las empresas privadas aumentó más del 540% mientras que las transferencias al Ente estatal crecieron apenas el 252%.
Para tomar dimensión, el año pasado, en promedio, las 6 empresas recolectoras recibieron más de $266 mil por cada cuadra de la Ciudad. En cambio, el gasto por cuadra del Ente estatal fue menor a $65 mil; una diferencia mayor al 300%. Resulta difícil de entender semejante variación en el gasto, en especial cuando los dirigentes macristas suelen descalificar a la gestión estatal por ineficiente.
Si solo en 2014, el servicio privado de recolección de residuos hubiera sido igual de eficiente que el Ente estatal, la Ciudad se hubiera ahorrado más de $4.500 millones de pesos: el Presupuesto total anual sumado de Cultura, Trabajo, Vivienda, Agua Potable y Alcantarillado.
Por desgracia, esta generosidad financiera de la Ciudad no alcanzó a las cooperativas de cartoneros: el año pasado recibieron apenas $570 millones de pesos. De ese monto, apenas $86 millones, el 15%, fue destinado a maquinarias y equipos.
El número se vuelve insignificante al compararlo con la transferencia de $1.300 millones para la compra de camiones de las empresas recolectoras. Este gasto, no estaba planteado en el Presupuesto aprobado y fue financiado por la Ciudad en una negociación opaca y criticada por legisladores de todos los partidos.
La gestión de residuos secos debe ser una actividad sustentable que fomente la industrialización de los materiales con el objetivo de aumentar el valor del producto final. Sin la inversión necesaria, los recuperadores no pueden mejorar su productividad, aumentar la escala de producción y conseguir mejores precios en el mercado.
A pesar de su rol trascendental el PRO los destrata, no reconoce la relación laboral existente y les paga en forma de “incentivos” que en la mayoría de los casos no llegan ni a la mitad del salario mínimo vital y móvil. Este monto es actualizado a cada cooperativa, de manera arbitraria por el Gobierno local con el objetivo de presionar a los trabajadores y perpetuar la relación asimétrica existente.
La situación se agrava porque la gestión macrista, por su concepción neoliberal, abandona a los cartoneros a la suerte del mercado. De esta manera, los cooperativistas se ven obligados a buscar entre los residuos aquellos materiales que son más valorados por el intermediario. El residuo que recolectan luego debe ser llevado al Centro Verde donde el Gobierno no le garantiza precios mínimos y le descuenta una parte de la ganancia.
La supervivencia de las empresas privadas de recolección no está atada a los vaivenes de la cotización internacional de los residuos que trasladan. Al contrario, el Jefe de Gobierno parece preocuparse por la sustentabilidad de las empresas del sector que lo vieron crecer como gestor, el porcentaje del Presupuesto destinado a ellas creció del 6,9% en 2008 al 9,1% en 2014.
La gestión de los residuos urbanos no puede estar librada a la especulación del mercado. Desde la Fábrica Porteña planteamos una mirada innovadora. Es necesario que el Gobierno de la Ciudad intervenga los incentivos económicos de modo de lograr una mayor reutilización de los materiales y minimizar el enterramiento de los residuos.
El vidrio tarda en descomponerse más de 4 mil años. Sin embargo, en la actualidad, los recuperadores obtienen por cada kilo de vidrio menos de $1. Otros materiales biodegradables son adquiridos por valores varias veces mayores. En consecuencia, muchos recuperadores “eligen” los materiales que son mejor pagos en ese momento para poder sobrevivir ya que el “incentivo” que cobran es muy pobre.
Los grandes ganadores del esquema son los compradores que obtienen su mercancía a costos bajos, sin empleados registrados y con la capacidad financiera para especular con el precio a costa del ingreso de los cartoneros y de la suciedad en las veredas porteñas. Por su lógica neoliberal, el GCBA no ha realizado estudios ni publicado información alguna acerca de los actores y el funcionamiento del intercambio de los materiales reciclables. Los rotundos fracasos en la gestión de residuos deberían ayudarle a entender que el libre mercado no es el mecanismo más apropiado para mantener a la Ciudad limpia.
El sistema actual de transferencias millonarias a las empresas recolectoras y precarización laboral ha fracasado. Cada año aumenta su participación sobre el Presupuesto total y las quejas por la limpieza se multiplican. Es imprescindible crear una empresa con participación estatal que centralice las compras, estabilice el precio de intercambio de los materiales y garantice las condiciones laborales que los recuperadores urbanos se merecen.
