La policía desalojó el bar La Robla
La orden fue dictada por el titular del Juzgado Nacional en lo Civil 93, Miguel Javier Costas, y ejecutada por 50 policías federales, a pesar de que en la Legislatura porteña había dos proyectos para evitar esa medida que deja a 21 cooperativistas en la calle.
“Entraron por la fuerza, parecía más un allanamiento que un desalojo, y en lugar de avisar a los trabajadores que tenían que irse, directamente rompieron la puerta”, denunció a Télam Ornella Nociti, representante legal de los empleados que el año pasado formaron una cooperativa para administrar el local gastronómico ubicado en la esquina de Viamonte y Pasaje del Carmen.
Nociti afirmó que “van a denunciar las irregularidades» del operativo y remarcó que “el desalojo está hecho y el juez es intratable, rechazó todos los pedidos de audiencia y nunca quiso recibir a los trabajadores”. “Intentaremos conseguir un local rápido para alquilar ya que cuentan con esa posibilidad, lo único que pedíamos era tiempo para conseguirlo”, afirmó.
En la Legislatura porteña había dos proyectos para evitar esa medida que deja a 21 cooperativistas en la calle.
La letrada apuntó además contra el gremio de los gastronómicos que conduce Luis Barrionuevo «que no sólo no defiende a los trabajadores sino que cuando alguien presenta algún reclamo lo entrega y termina siendo despedido por la patronal”.
El desalojo fue ordenado ante la quiebra de la empresa La Robla SRL. Los trabajadores denuncian que el último titular de la firma, Alex Gordon, comenzó en 2010 «una numerosa serie de maniobras fraudulentas» con el objetivo de realizar el vaciamiento del histórico bar.
Ante esta situación, decidieron autogestionarse a partir de agosto del año pasado y preservar las 21 fuentes laborales. El 14 de mayo último varios legisladores porteños de distintas fuerzas políticas presentaron un proyecto de ley para declarar al bar La Robla como sitio histórico del patrimonio de la Ciudad y así evitar su desalojo.
Con el mismo objetivo también propusieron otro proyecto que declara de utilidad pública y sujeto a expropiación el inmueble donde actualmente se encuentra la cooperativa.
