La Justicia federal indagará a ex rector universitario por concurso académico trucho

Universidad Nacional de Villa Mercedes. allí suponen que se llevó a cabo una puesta en escena similar a un concurso académico que benefició a la hija del ex rector con un fondo proveniente de un programa financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo.

La fiscalía federal le atribuye a David Rivarola – foto de portada- y a otros seis funcionarios de la casa de estudios, haber realizado un concurso simulado a fin de beneficiar a su hija con un contrato de consultoría.

El fiscal federal subrogante de la Unidad Fiscal Descentralizada Villa Mercedes, Danilo Miocevic, y el auxiliar fiscal Leandro Kunusch solicitaron la indagatoria del ex rector de la Universidad Nacional de Villa Mercedes (UnViMe), David Rivarola, junto con otros seis funcionarios de la casa de estudios, por los delitos de negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas y falsedad ideológica.

Todos ellos están acusados de haber realizado en 2023 un concurso simulado a fin de beneficiar a la hija de Rivarola con un contrato de consultoría en el marco de un programa de ayuda del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

La nómina de personas citadas a indagatoria incluye a la vicerrectora Graciela Balanza; el jefe de contrataciones, Claudio Denna; el secretario general Gastón Garialde; el coordinador de Vinculación Tecnológica, Eduardo Guerreiro; la secretaria de Hacienda y Administración, Claudia Grando; y el integrante de la comisión evaluadora Jonathan Bosso. También fue citada la hija de Rivarola en calidad de partícipe necesaria de la maniobra, quien en una declaración jurada negó tener una relación de parentesco con el rector, a fin de acceder al beneficio que implicaba un monto de 916 mil pesos.

De acuerdo a la acusación fiscal, las personas investigadas manipularon el proceso de selección entre junio y agosto de 2023 para garantizar la contratación bajo apariencia de legalidad. En la división de roles, Rivarola dirigió la maniobra, evitando firmar documentos para esconder el parentesco con su hija, mientras que fue Balanza quien firmó las resoluciones y contratos en lugar del rector, para así disimular su intervención.

Por su parte, Denna fue la persona encargada de enviar las cartas de invitación a solo tres personas -entre ellas la hija del por entonces rector-, violando así la obligación de publicidad del concurso, del cual Guerreiro, Bosso y Grando integraron la comisión evaluadora que alteró las bases para favorecer a la hija de Rivarola. Por último, Garialde intervino en carácter de secretario general, actuando como fedatario de la resolución de homologación del concurso, en la que se insertaron declaraciones falsas.

Los elementos de prueba

En su intervención, el Ministerio Público Fiscal destacó que el convenio firmado por la universidad con el BID obligaba a la casa de estudios a cumplir “con las más altas normas éticas”. En ese sentido, la entidad financiera prohibía expresamente prácticas fraudulentas y conflictos de intereses, pero a pesar de ello Rivarola dirigió la contratación hacia su hija, según determinó la investigación.

El pedido de contratación de consultor fue elevado con una especificación de requisitos objetivos para el cargo, y estas condiciones fueron luego modificadas ad hoc en favor de la hija del principal imputado. Como parte de esta maniobra, Denna envió solo tres invitaciones reservadas a la mujer y otros dos candidatos, sin darle difusión pública a la apertura del concurso. Sin embargo, otros cuatro candidatos se sumaron fortuitamente, lo que complicaba el plan de los acusados.

Ante este escenario, la comisión evaluadora decidió entonces cambiar las reglas, elevando los requisitos académicos, incorporando el conocimiento de inglés como exigencia, valorando cursos cortos y experiencia de uso de redes sociales y modificando el sistema de puntaje, para así restar mérito a los perfiles mejor calificados. Como consecuencia de estas modificaciones, la hija de Rivarola quedó primera en la lista y, de acuerdo a la fiscalía, de haberse atenido a los requisitos originales, no habría ganado.

Siempre según el dictamen de los representante del MPF, mediante estas maniobras el concurso violó no sólo los principios del BID, sino también los del decreto 1023/2001 sobre contrataciones públicas, ya que no se realizó publicidad ni difusión abierta de su existencia, se discriminó a tres postulantes sin ningún tipo de notificación, no se realizaron entrevistas a los candidatos y se manipularon los criterios de evaluación para poder torcer su resultado.

Una vez realizado el concurso, se dictó una resolución rectoral firmada por Balanza en la que se homologó el contrato para la hija del rector. De los cinco contratos firmados ese día, ese fue el único que llevó la rúbrica de la vicerrectora en vez de la de Rivarola, lo que para el Ministerio Público Fiscal es otro indicio más del dolo de encubrimiento.

Asimismo, el dictamen fiscal revela que para poder obtener el contrato, la mujer declaró falsamente en un documento titulado “Certificación de elegibilidad e integridad” que carecía de vínculos familiares con funcionarios de la UnViMe, hasta que en diciembre de 2023, tras el cambio de autoridades de la casa de estudios, pidió la rescisión del contrato y devolvió el dinero, alegando buena fe.

Miocevic y Kunusch calificaron a estos hechos como negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas para Rivarola, Balanza, Denna, Garialde, Bosso, Guerreiro y Grando en carácter de coautores, y con la hija del rector como partícipe necesaria. Además, consideraron que Balanza, Garialde y la beneficiaria del concurso incurrieron también en el delito de falsedad ideológica en instrumento público.

Los representantes del Ministerio Público Fiscal subrayaron que esta maniobra comprometió la reputación de la República Argentina ante el BID al utilizar fondos de cooperación internacional “en un acto de nepotismo y simulación administrativa”, lo que violó los principios de transparencia exigidos por el organismo.