La jueza Liberatori cruzó a Garavano: “Las tomas de las escuelas no son un delito”
Se trata de la magistrada que frenó el protocolo que permitía denunciar a estudiantes.
La jueza en lo contencioso, administrativo y tributario de la ciudad de Buenos Aires, Elena Liberatori, le respondió al ministro de Justicia, Germán Garavano, quien se refirió a las tomas de escuelas porteñas por parte de los alumnos como “ilegales”.
«No sé a qué ley se está refiriendo el Ministro, no lo aclara. Lo que hay que decir es que las tomas no están tipificadas en la Constitución Nacional, no existe ese tipo de delito», aclaró hoy la magistrada, en diálogo con radio La Patriada.
A su vez, Liberatori hizo referencia a su fallo, que tras un amparo frenó la aplicación del protocolo por el que se podía denunciar a los estudiantes que tomaban establecimientos educativos. En ese sentido, la jueza marcó que la medida cautelar “es suspender las vías de hecho”.
“Mi medida cautelar es suspender las vías de hecho. Si desde el Ejecutivo me dicen que el instructivo no existe, ¿En base a qué, entonces, se están haciendo denuncias penales? Si la base sobre la cual se hacen esas denuncias, ese famoso instructivo, según la Ministra es apócrifo», agregó.
A su vez, respondió al fiscal a cargo de la investigación de las protestas en los secundarios, Carlos Fel Rolero Santurian, que calificó a la usurpación de “provisoria, no es definitiva, y entonces dispusimos como medida básica el hablar con los estudiantes para ver si había una posibilidad para que depusieran la toma».
Sobre el asunto, la magistrada expresó que «ese tipo de delitos están referidos a la propiedad privada. Una escuela no es un establecimiento comparable con el caso de una cochera de un vecino al que yo le quiero usurpar la suya. Según el derecho administrativo, no es posible establecer esta relación con el Estado».
«En el artículo 24 de la Constitución de la Ciudad, se ordena al gobernante que debe asegurar la participación de la comunidad educativa y la democratización en la toma de decisiones. Estamos viendo un déficit en el derecho a la participación», concluyó.
