«La educación no es una mercancía, es un derecho» (*)
Los dos grandes hechos históricos que marcaron el camino a seguir en relación a la política universitaria argentina fueron la Reforma Universitaria de 1918 y la sanción de la Gratuidad Universitaria en 1949 por decreto de Juan Domingo Perón.
La primera, enmarcada en un momento político clave en el que por primera vez se consagra, mediante un sufragio legítimo, un presidente democrático de nuestro país, constituyó un gran paso hacia la democratización del proceso universitario argentino. A partir de entonces, la universidad abre su acceso a los sectores medios.
Luego, en 1949, en el marco de un importante proceso de justicia social, de promoción de los derechos sociales y laborales que marcaron de manera favorable y determinante la historia de la clase trabajadora argentina, se eliminan los aranceles universitarios. Desde entonces los trabajadores pueden acceder a Universidades Públicas.
El espíritu y el carácter de esos acontecimientos necesitan ser recordados y actualizados periódicamente para que se mantengan en la memoria viva de la sociedad.
El Sistema de Educación Público Universitario argentino, tomado como ejemplo en todos los reclamos regionales por basarse en los pilares del ingreso irrestricto y de educación gratuita y pública, propone una universidad autónoma, cogobernada, inclusiva y de calidad.
En el año del centenario de la Reforma Universitaria nos enfrentamos en Latinoamérica a un brusco cambio político, con líderes conservadores o neoliberales que no comparten los ideales del Sistema Universitario Público legado por sus antecesores.
Estos nuevos vientos de derecha que golpean a la universidad, y tienden a una separación del estudiante y futuro profesional de su contexto, agitan el ideal de un sujeto universitario individualista escindido del contexto social, al que solo le importa el libre ejercicio de su profesión.
La educación es tenida como un bien valorable solo en los términos cuantitativos del rédito económico, una inversión que apunta al lucro. Esa es la característica principal del sujeto ideal, individualista y exitoso, del neoliberalismo.
Es necesario poner un límite. Todos los actores ligados al ámbito universitario, entre ellos los sindicatos de trabajadores docentes y no docentes, junto con las autoridades que entiendan lo que la realidad nos demanda, debemos llevar adelante un rol crucial: defender el Sistema Educativo Universitario, bajo la clara y férrea consigna de que la educación no es una mercancía, es un derecho.
Es el momento de una nueva transformación, de que la universidad se abra aún más a la sociedad, a todos los sectores. A 100 años de la Reforma, cada vez más hijos e hijas de trabajadores y trabajadoras deben llegar a la universidad. Hay que imbricar la educación superior en un ciclo virtuoso con el contexto social, que tenga como objetivo primario el bien común. Estamos ante el desafío de lograr una apropiación social de la universidad que la coloque en un lugar de relevancia en el proceso regional de construcciones de sociedades más justas.
(*) Artículo publicado en el sitio El Historiador.com
