En la Ciudad de la Alegría, está prohibido bailar
Ante la inoperancia del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, encabezado por Horacio Rodríguez Larreta, el juez Roberto Gallardo prohibió «toda actividad comercial de baile con música» en el distrito hasta que la administración porteña de «cabal cumplimiento» a una serie de medidas de control y prevención.
La causa fue iniciada por la Asociación Civil Vientos de Libertad, por la Federación Argentina de Cartoneros y Recicladores y por la Federación Universitaria de Buenos Aires ante la falta de controles por parte del gobierno porteño sobre la actividad nocturna y específicamente sobre la venta de drogas.
«Es habitual todos los jueves, viernes y sábados que en la mayoría de los locales de la Ciudad de Buenos Aires se puedan adquirir estupefacientes en los vips, en los baños o en las propias pistas, donde se paran dealers o deambulan a la vista de todos los asistentes», señala la presentación que retoma la tragedia de «Time Warp» en la que están imputados penalmente sus organizadores, personas de Prefectura Naval e inspectores de la ciudad por permitir la venta de droga dentro del complejo Costa Salguero, donde se realizó.
Sostuvieron que la Agencia de Control Comunal tiene solamente 79 inspectores para todos los locales en la ciudad y que en la fiesta donde fallecieron cinco jóvenes había solamente tres para 20.500 personas. Agregaron que es «urgente» impedir que continúen estás situaciones de «riesgo constante».
Frente a esto, el juez en lo contencioso, administrativo y tributario de la ciudad de Buenos Aires Roberto Andrés Gallardo prohibió en la Capital Federal «toda actividad comercial de baile con música en vivo o música grabada», «cualquiera resulte la forma jurídica o categoría habilitatoria bajo la cual la misma se estuviere ejecutando».
El magistrado basó su medida en el «cuadro de impunidad e inexistencia de control estatal respecto de la actividad nocturna», dando lugar a la hipótesis del fiscal Marcelo Delgado que señala una connivencia entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, las fuerzas de seguridad y la organización de la fiesta electrónica en lo sucedido en Costa Salguero.
Resulta muy difícil de comprender la actitud del titular del ejecutivo que frente a tamaño hecho se limita a verbalizar en un acto que no autorizará futuras fiestas electrónicas como las que ocasionaron las muertes de Costa Salguero, pero no recurre a ningún acto administrativo específico, verbigracia un decreto o una resolución
La actuación del actual Jefe de Gobierno porteño tras la tragedia fue duramente cuestionada. No sólo por el hecho de que en la noche del viernes se encontraba de viaje en Nueva York, y solo volvió al país unas horas para ‘dar el presente’ y regresar a Estados Unidos, sino porque no brindó conferencia de prensa alguna ni se comunicó con los familiares de las víctimas.
Además, realizó su reaparición pública en el barrio porteño de Villa Luro, en un encuentro con vecinos y vecinas, sin antes presentarse en la Legislatura porteña, donde había sido citado formalmente para dar explicaciones.
No contento con eso y pasados varios días de la lamentable tragedia, Larreta confirmó que estaba evaluando prohibir todas las fiestas electrónicas en la Ciudad, medida a la que se sumó el ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo, quien adelantó que podría aplicarse también en la provincia de Buenos Aires.
El jefe de Gobierno evitó hacer mención a la actuación de las drogas en este episodio; no propuso iniciar campañas de prevención e intentó reducir la problemática solamente a las fiestas electrónicas, adjudicándole a un género musical un flagelo que incumbe a toda la sociedad, y sobre el cual tienen que tomarse medidas mucho más concretas.
En la misma línea, el vicejefe Diego Santilli, aseguró -a contracara del curso de la investigación judicial- que la fiesta electrónica contaba con todos los controles requeridos, desligando al Gobierno porteño de toda responsabilidad.
El juez Gallardo opinó en ese sentido: «Resulta muy difícil de comprender la actitud del titular del ejecutivo que frente a tamaño hecho se limita a verbalizar en un acto que no autorizará futuras fiestas electrónicas como las que ocasionaron las muertes de Costa Salguero, pero no recurre a ningún acto administrativo específico, verbigracia un decreto o una resolución» sentenció.
En este contexto, se denuncia nuevamente la responsabilidad política del gobierno de Cambiemos en lo sucedido y aumentan las posibilidades de un juicio político al titular del Ejecutivo porteño.
