Imputan a Milman y Bullrich por dádivas y contrataciones truchas
El fiscal federal Carlos Stornelli imputó al diputado nacional Gerardo Milman por el delito de dádivas a raíz de que el legislador tenía a su nombre la tarjeta azul del Peugeot 2008 Sport perteneciente a una empresa proveedora del Estado. El vehículo lo conducía, con registro trucho, una de las jóvenes colaboradoras de Milman, cuando fue sorprendida en Palermo, en la madurgada porteña. “Constituirá objeto de investigación y conforme se denuncia -señala Stornelli-, la presunta admisión de una dádiva -sin prejuicio de toda otra figura que en definitiva resulte aplicable- por parte de Gerardo Fabián Milman. El mencionado Milman habría recibido un rodado marca Peugeot, modelo 2008 de parte de la empresa Metalúrgica Oliva Hermanos dedicada a brindar servicios de seguridad de caudales y proveedor de materiales de blindaje”.
Pero la acusación subió un rango fuerte este jueves: el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, y la secretaria de la cartera, Mercedes La Gioiosa, presentaron una denuncia contra Milman y contra Patricia Bullrich, quienes -mientras estuvieron a cargo de la cartera, bajo el macrismo- «habrían contratado a 18 supuestos agentes de inteligencia que jamás prestaron funciones pero que sí habrían cobrado salarios abonados con fondos públicos por una suma millonaria”.
El Ministerio de Seguridad mantuvo reserva sobre el contenido de la denuncia contra Milman y Bullrich por la contratación de 18 agentes, pero en Comodoro Py trascendió la calificación y el sorteo. Los delitos son administración fraudulenta, defraudación contra la administración pública, asociación ilícita, abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público, nombramientos ilegales, negociaciones incompatibles con la función pública. Esa denuncia recayó en el juez Daniel Rafecas.
“En todos los casos se trataba de personas sin ninguna vinculación antecedente ni experiencia en inteligencia criminal, que ni siquiera conocían la dirección del Ministerio de Seguridad. Llamativamente, los supuestos agentes, en su gran mayoría, son vecinos de los municipios de 3 de Febrero y San Miguel”, indica el texto de la denuncia, al que pudo acceder Página/12.
