ENCRUCIJADA EN LA CASA ROSADA: ¿A CRISTINA LA JUZGA LA CORTE O LA HISTORIA?

La posibilidad de que la Corte Suprema deje firme la condena a Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad desató un clima de máxima tensión. En el Instituto Patria hablan de detención inminente y el peronismo se declara en “alerta y movilización”. Pero el Gobierno también está ante un dilema: cualquier camino que elija tiene costos políticos impredecibles.

En el Instituto Patria no tienen dudas: la Corte Suprema fallará en los próximos días en contra de Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad. La expectativa no es solo jurídica: la expresidenta y su entorno creen que su detención es inminente. En las últimas horas, Oscar Parrilli se comunicó con Eduardo Valdés y otros referentes para preparar una respuesta. El clima que domina es el de “alerta y movilización”.

El rechazo a la recusación del juez Ricardo Lorenzetti fue interpretado como la señal definitiva. En otras palabras, se habría despejado el último obstáculo procesal. La reunión de acuerdos de la Corte, prevista para este martes, podría sellar la suerte de la exmandataria.

En las filas del peronismo el análisis es doble: si la sentencia queda firme antes del 19 de julio, Cristina no podrá ser candidata en las elecciones bonaerenses de septiembre, donde aún conserva alto nivel de adhesión, sobre todo en la Tercera Sección Electoral. Por eso, más allá de lo jurídico, se trata de un hecho con profundas consecuencias políticas.

A esto se suma otro elemento. Un camarista reconoció bajo reserva que existen “presiones de sectores del poder” para que la exmandataria vaya presa. La decisión parece pedida desde arriba, pero los costos políticos —nacionales e internacionales— los pagará el sistema institucional en su conjunto. Incluso quienes hoy se sienten beneficiados podrían quedar atrapados en una reacción que no controlan.

Una mirada similar circuló en el Senado durante el tratamiento frustrado del proyecto de Ficha Limpia. “Siempre es un mal momento para fallar, porque estamos en campaña permanente”, reconoció con ironía un juez federal.

La Corte tiene distintas opciones. Puede aplicar el artículo 280 del Código Procesal y dejar firme la sentencia de la Cámara de Casación, lo que implicaría no abrir los recursos presentados por la defensa. O bien puede abrirlos y, eventualmente, rechazar la apelación de Cristina. Incluso podría tomar el recurso del fiscal, que busca agravar la condena bajo la figura de asociación ilícita y estirarla a 12 años, lo que alargaría los tiempos y enfriaría el proceso.

Pero todos los caminos derivan en una misma escena: el oficialismo juega a fondo con el poder judicial, pero no puede controlar del todo sus movimientos. Y cualquier resolución será interpretada como política, tanto por el kirchnerismo como por la oposición.

La pregunta que empieza a circular en despachos, redacciones y grupos de WhatsApp es qué ocurrirá si se consuma la detención. ¿Habrá una reacción popular? ¿Se unificará el peronismo? ¿Cómo impactará en la estabilidad institucional?

No faltan antecedentes. Desde Menem hasta Lula, la historia regional demuestra que judicializar la política puede tener efectos búmeran. En Brasil, Lula terminó preso, pero años después volvió y ganó la presidencia. En Argentina, un dirigente peronista recordó con sorna: “De la Rúa metió preso a Menem para tapar el ajuste y terminó peor”.

La figura de Cristina genera adhesión y rechazo con igual intensidad. Pero nadie en el sistema político duda de que su encarcelamiento sería un parteaguas. A nivel local, podría reconfigurar el mapa del peronismo. Y a nivel internacional, atraer una ola de solidaridad política e institucional que ya se empieza a organizar.

Además, en el Frente de Todos —hoy disperso y herido— una eventual detención de Cristina podría actuar como catalizador de una reunificación política. Las diferencias internas, por profundas que sean, tienden a desdibujarse cuando se percibe una amenaza externa que no apunta solo a una persona, sino al conjunto de un proyecto político. La idea de “proscripción” ya circula con fuerza en redes, medios afines y agrupaciones militantes, y amenaza con desbordar incluso a las estructuras partidarias más tibias.

El gobierno, en tanto, se mueve dentro de una lógica de confrontación total, pero sin estrategia. Bajó a su único candidato competitivo en Buenos Aires, no logra instalar figuras nuevas y se recuesta sobre una Corte Suprema que, aunque funcional en parte, tiene sus propios tiempos e intereses. Confiar el futuro político a un fallo judicial puede ser tan arriesgado como ingenuo: los tiempos del Derecho no siempre coinciden con los del poder, y los efectos colaterales pueden ser más difíciles de controlar que el conflicto que se intenta administrar.

La historia argentina está marcada por errores de cálculo político. La judicialización de la política, cuando alcanza este nivel de exposición y polarización, difícilmente pueda ser leída como un gesto de institucionalidad. Al contrario, todo indica que nos encontramos frente a una jugada extrema, donde el resultado —sea cual sea— colocará al gobierno en una posición incómoda.

Si Cristina va presa, no será un hecho más en un expediente judicial: será un terremoto político de impacto nacional e internacional. Y si no va presa, el relato oficial de la “casta impune” quedará severamente dañado. En ambos escenarios, el gobierno aparece como un jugador sin control sobre las piezas, ni sobre el tablero. Y lo que es peor: sin una salida elegante.

“La historia no se borra, la memoria no se clausura, la justicia no se negocia, la soberanía no se entrega y la apatía es la derrota que ningún pueblo puede permitirse”.

Por José “Pepe” Armaleo – Militante, abogado, magíster en Derechos Humanos, integrante del Centro de Estudio de la Realidad Social y Política argentina, Arturo Sampay.