EN DEFENSA DEL DÍA DEL EMPLEADO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL
Por Oscar Cuartango
El miércoles 25, el vocero presidencial Manuel Adorni anticipó durante su habitual conferencia de prensa que el Poder Ejecutivo había elaborado un Decreto de Necesidad y Urgencia para eliminar «El Día del Trabajador Público del Estado», establecido por la ley 26.876 para el 27 de junio —es decir, el viernes inmediato posterior al anuncio.
Los equipos técnicos de Grupo Descartes, que tengo el honor de conducir, evaluaron el anuncio del vocero y elaboraron un proyecto de comunicado que, tras ser sometido a consideración de numerosos integrantes del espacio, fue publicado en redes sociales a las 14 horas del mismo miércoles en los siguientes términos:
«EN DEFENSA DEL DÍA DEL EMPLEADO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL.
Ante el anuncio de Manuel Adorni respecto de la inminente firma de un DNU derogando la ley 26.876 —que establece el 27 de junio como ‘El Día del Trabajador Público del Estado’ de descanso remunerado para los empleados de la Administración Pública Nacional—, lo que implica la derogación de ese beneficio en caso de producirse la firma y publicación del anunciado DNU, desde Grupo Descartes siempre defenderemos la Constitución Nacional.
Este espacio de militancia peronista le dice al Presidente Milei que una Ley solamente puede ser derogada por otra Ley.
En defensa de los derechos de los compañeros empleados públicos nacionales, repudiamos este nuevo avasallamiento e instamos al Presidente Milei a abstenerse de firmar el decreto que informó su Vocero.
De no hacerlo, las organizaciones sindicales que representan a los trabajadores afectados deberían arbitrar los recursos legales pertinentes con la urgencia del caso.»
El DNU fue firmado y publicado en el Boletín Oficial el jueves. Los sindicatos ATE y UPCN reaccionaron adecuadamente, mostrando buenos reflejos al realizar sendas presentaciones: uno ante la justicia laboral y otro ante lo contencioso administrativo federal.
Desconozco si el accionar de ambos sindicatos al interponer los recursos en distintos fueros estuvo concertado, pero de haberlo estado, fue muy inteligente y merecería efusivas felicitaciones.
El pronunciamiento de la magistrada del fuero laboral, que receptó la cautelar, establece en lo pertinente: «Hacer lugar a la medida cautelar peticionada y suspender provisoriamente los efectos del artículo 2° del D.N.U. 430/25 en relación con la ASOCIACIÓN TRABAJADORES DEL ESTADO y los trabajadores representados por dicha entidad gremial hasta tanto se dicte sentencia definitiva».
Esta resolución se ajusta a derecho, es valiente, rápida y técnicamente perfecta, pero le faltó perspicacia considerando el contexto político en el que opera. Careció de la visión política —no exigible a una magistrada de primera instancia— y debió ser más explícita para evitar interpretaciones malintencionadas, como la que hizo el vocero presidencial en redes sociales, sugiriendo que la medida es aplicable solo a los afiliados de ATE.
Existen dos organizaciones de primer grado nacionales, técnicamente «uniones», que representan a los trabajadores del sector público nacional, provincial y municipal según sus estatutos sindicales y las respectivas personerías gremiales: ATE y UPCN.
El pronunciamiento judicial, reitero, expresamente establece: «suspender provisoriamente los efectos del artículo 2° del D.N.U. 430/25 en relación con la ASOCIACIÓN TRABAJADORES DEL ESTADO y los trabajadores representados por dicha entidad gremial».
Los trabajadores representados por dicha entidad gremial son todos los del sector público nacional. De haber querido limitarlo a los afiliados, la magistrada habría utilizado ese término específico.
Lamentablemente, tenemos una calidad institucional muy baja y escasa o nula capacidad de diálogo. Los hechos aquí analizados, los términos agresivos de los discursos presidenciales y el episodio del pasado jueves en el Senado son prueba de ello. La senadora fueguina no debió haberle dicho «mentiroso» al Jefe de Gabinete, ni este tendría que haberse retirado del recinto.
El presidente Milei manifestó días pasados ser «bilardista» y se jactó de jugar al límite del reglamento.
La diferencia fundamental es que Bilardo era técnico de fútbol y él es presidente de la Nación. Bilardo forzaba el reglamento de un partido de fútbol; él fuerza la Constitución Nacional y el Sistema Republicano de Gobierno que ella impone.
Estamos transitando un mal camino, y la Corte Suprema, para estar a la altura de las circunstancias, tendría que hacer un llamado a la cordura.
Oscar Cuartango: Ex Ministro de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires 2007/2015
