Una vez más, los sectores más privilegiados dan muestra de la miseria que los caracteriza, en medio de la crisis sanitaria y económica desatada por el avance del coronavirus.
Los jueces de la provincia de Entre Ríos no ven con buenos ojos la iniciativa del gobierno provincial, que busca gravar con un aporte solidario a los sectores económicos que más se beneficiaron en los últimos años y aumentar por un año el aporte previsional de jueces, funcionarios, legisladores y quienes perciben los sueldos más altos en los tres poderes del Estado provincial.
“La iniciativa desconoce el espíritu de diálogo que desde hace años se viene forjando entre los distintos sectores del Estado provincial y los representantes de magistrados, funcionarios y empleados judiciales, en la búsqueda de alternativas para afrontar los momentos difíciles por los que nos ha tocado transitar”, expresaron mediante una solicitada en conjunto con el gremio judicial.
En ese sentido, consignó Noticias Uno, aseguran que el proyecto solidario impacta directamente el futuro previsional, “ajustando una vez más los bolsillos de los aportantes y jubilados, y vulnerando de manera flagrante los derechos constitucionales de movilidad jubilatoria, intangibilidad e independencia judicial”.
Según información brindada por el gobierno entrerriano, el incremento comprenderá sólo al 15 por ciento de los empleados y jubilados de los tres poderes del Estado, es decir, quienes perciben los haberes más altos.
En tanto, si bien se reconocen como entidades “que siempre hemos bregado por el diálogo y el debate serio y profundo, y hemos acompañado el esfuerzo del gobierno provincial en el marco de esta grave situación de pandemia, y sus consecuencias económicas”, advirtieron que no tolerarán “que se malverse la solidaridad, denominando así a un marco normativo que vulnera nuestras conquistas salariales y previsionales”.
La solicitada lleva la firma de la jueza María Gabriela López Arango (Presidenta de la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial de la Provincia de Entre Ríos) y Mario Brnusak (Secretario general de AJER).
“Asistir al sistema de salud”
El gobernador Gustavo Bordet explicó la importancia de declarar el estado de emergencia pública en materia económica, sanitaria, administrativa y previsional por un año.
“Estamos afrontando una etapa crítica de la pandemia pero la estamos encarando con mucha responsabilidad y trabajando con un gran equipo humano y profesional”, expresó.
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Al respecto, el ministro de Economía, Hugo Ballay, argumentó: “En este primer semestre, para el Ministerio de Salud y los hospitales, por fuera de sueldos y adicionales, se habrán transferido al 30 de junio aproximadamente 2.000 millones de pesos. El doble de lo que estaba presupuestado sin pandemia. Es decir, de lo que habitualmente son las partidas de subsidios a las personas de menores recursos, de las transferencias a hospitales y demás, en lugar de 1.000 millones como hubiese sido lo previsto en el presupuesto, se le enviará 2.000 millones de pesos”.
Asimismo, en diálogo con el mismo portal, el funcionario advirtió que los recursos que se generen serán coparticipados a los municipios. “Esto también tiene una lógica y una decisión del gobernador. Los municipios también están soportando los gastos extraordinarios producto del momento que estamos viviendo por el sector salud”, sentenció.
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