El peor momento político de Macri de cara a octubre

Causas de corrupción, irregularidades en su entorno más cercano, números que no cierran y la muerte de un joven, amenazan con dificultar el camino de Mauricio Macri hacia la presidencia de la Nación.

El candidato presidencial por el frente Cambiemos, Mauricio Macri, se enfrenta a un difícil panorama político de cara a las elecciones generales nacionales del mes de octubre. En la última semana, la noticia de la muerte de un joven en un complejo habitacional de Villa Soldati por la falta de mantención del edificio puso en jaque la gestión macrista en materia de vivienda. Las alertas por la falta de mantenimiento habían sido claras pero el gobierno porteño decidió ignorarlas.

Tres adolescentes cayeron al vacío cuando cedió una baranda desvencijada del sexto piso del nudo 10 del complejo habitacional Soldati, propiedad del Instituto de la Vivienda de la Ciudad. La tragedia tiene cuatro antecedentes judiciales que, para distintos investigadores del fuero penal y porteño, abrirán el camino para que la justicia correccional indague a Macri, a su jefe de Gabinete Horacio Rodriguez Larreta y al presidente del IVC, Emilio Basavilbaso por “homicidio culposo” e “incumplimiento de los deberes de funcionario público”.

Desde el viernes, la investigación penal está en manos de Estela Gloria Andrades, subrogante de la fiscalía Nº 1 del Ministerio Público, cuyo secretario es el letrado Angel Rendo. Por ahora, el expediente reúne pruebas materiales. Entre ellas, dos fallos incumplidos que ordenaban al gobierno porteño a realizar obras en el edificio, protegido por la ley 623 sancionada en 2001, que declaró la emergencia edilicia y ambiental del complejo Soldati.

En su edición del lunes, Página/12 dio a conocer  las irregularidades que envuelven a la construcción de tres estaciones de la línea H de subte, que deberían haber sido inauguradas en abril de este año, pero lejos estan de su terminación. Debido a los retrasos, las empresas Techint y Dycasa, cobraron 1700 millones de pesos en adicionales y redeterminaciones de precios sin que se haga nada.

La Auditoría porteña informó que la obra original costaba 2001 millones de pesos, según el contrato de septiembre de 2011. El atraso representó un aumento del precio total del 85 por ciento. Tanto el acta de acuerdo como las resoluciones en las que se aumentaron los costos brillaron por su ausencia en el Boletín Oficial.

Además, para avanzar con la obra se hicieron una serie de expropiaciones. Esta tarea fue tercerizada por Sbase en una consultora que conducía Gabriel Núñez, un hombre cercano al gerente de Legales de la empresa. La consultora fue creada un mes antes de recibir el primer pago de la empresas estatal de subtes, controlada por el macrismo, y carece de antecedentes en el rubro, mientras que Sbase cuenta con personal capacitado para realizar las mismas funciones. ¿Por qué se derivó?

La revelación del caso Niembro, donde se acusa al periodista de haberse beneficiado con las contrataciones directas del Gobierno porteño por cifras millonarias a través de la empresa La Usina Producciones, de la cual era socio, jaló la punta de un gran ovillo. Se cree que los casi 20 millones de pesos que la firma recibió por parte de Macri, bien podrían estar redirigidos a financiar la campaña de la que el propio comentarista deportivo forma parte como primer candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires.

El candidato presidencial por el frente Cambiemos, Mauricio Macri, se enfrenta a un difícil panorama político de cara a las elecciones generales nacionales del mes de octubre.

La sospecha está fundada en el hecho de que el Gobierno porteño no publicó en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires los contratos con la empresa perteneciente a Fernando Niembro, quien, además, jamás contrató empleados para las tareas que supuestamente realizó.

En este marco, “Economía Política” el programa que conduce el periodista Roberto Navarro, aportó lo propio a través de un informe que recopila siete causas de corrupción que vinculan a la figura del candidato presidencial del PRO.

La primera, data del menemismo: la deuda licuada por Cavallo que benefició a la empresa de la familia Macri. El economista y asesor de PRO, Carlos Melconian, cumplió un rol clave en la estatización de la deuda privada en dólares ideada por el entonces presidente del Banco Central.

Desde el Departamento de Deuda Externa firmó y envió al directorio un informe donde sugirió anular la investigación de deuda privada contraída a comienzos de los ochenta y permitió que empresas locales, entre las que se contaba SOCMA, pudieran licuar activos en más de 6000 mil millones de dólares. Se estima que 514 empresas, con deudas de entre cuatro y mil millones de dólares, se beneficiaron del erario público.

En el año 2001, Mauricio Macri quedó procesado por contrabando después de que se probara el cobro de reintegros por exportaciones e importaciones de autopartes de la empresa Sevel al Uruguay en 1993.

En el año 2001, Mauricio Macri quedó procesado por contrabando después de que se probara el cobro de reintegros por exportaciones e importaciones de autopartes de la empresa Sevel al Uruguay en 1993. Sevel cobraba reembolsos por exportaciones y realizaba las importaciones con un arancel diferencial del por ciento, además de beneficiarse con el sistema de importación compensada a partir de los automotores exportados.

En octubre de 2002, el juez Juan José Mahdjoubian decidió procesarlo junto al titular de la Asociación del Fútbol Argentino, Julio Grondona, por administración fraudulenta en la compra de los sistemas de video para controlar la seguridad en los estadios. El magistrado sospechaba el pago de sobreprecios en la contratación del club de la Ribera: Boca pagó US$ 1.214.730, mientras que otros clubes como River pagaron un monto apenas superior al medio millón de dólares. En junio de 2003, Mahdjoubian lo sobreseyó. Dos años después, el juez fue destituído.

El ex legislador de la Ciudad por el GEN, Martín Hourest denunció penalmente en septiembre del año pasado al Gobierno porteño por colocar el 28 de enero de 2014 bonos «Serie 6» (dólar link) para los que no tomó la cotización de ese día, sino la de 22 de enero, antes de la devaluación. En lugar de tomar la cotización para cada bono a $ 8, el valor de la operación fue de $ 7,14. Por esto, la Ciudad recibió $ 120 millones menos de los que le correspondían.

En febrero del corriente año, el Banco Central realizó dos allanamientos a cuevas en el barrio porteño de Palermo donde encontró habilitaciones para operar como «casas de cambios» emitidos por la Agencia Gubernamental de Control, dependiente de la Dirección General de Habilitaciones, del Ministerio de Justicia y Seguridad, a cargo de Guillermo Montenegro. Los locales no sólo no entregaban tickets de las operaciones, sino que tampoco informaban de sus movimientos a la AFIP y al BCRA.

Por otro lado, la construcción del los carriles exclusivos sobre la Avenida 9 de Julio costaron tres veces más que lo previsto por el Presupuesto 2013 del Gobierno porteño. Presentada por el PRO como una bisagra en la política de transporte urbano y cuestionada por el daño ambiental que acarreó con la modificación del paisaje urbano y la destrucción de diez plazoletas, el metrobús construído en la avenida más famosa se convirtió en una de las obras más costosas de la Ciudad de Buenos Aires.

Cabe recordar que Mauricio Macri continúa procesado por las escuchas ilegales que denunciaron su ex cuñado, Néstor Leonardo, y el dirigente de familiares de víctimas de la AMIA, Sergio Burstein. Se trata de una serie de pinchaduras telefónicas ilegales por las que también está procesado y aguardando juicio, el ex jefe de la Policía Metropolitana, Jorge “Fino” Palacios.

La construcción del los carriles exclusivos sobre la Avenida 9 de Julio costaron tres veces más que lo previsto por el Presupuesto 2013.

Asimismo, a pesar de haber resultado sobreseído de la causa que investiga la represión en el Hospital Borda, la actuación del jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri vuelve a ponerse en tela de juicio a partir de una lamentable medida que atenta contra los derechos humanos en los dos hospitales psiquiátricos más importantes de la Ciudad.

Mauricio Macri solicitó a la Justicia «impedir el funcionamiento del Órgano de Revisión de la Ley Nacional de Salud Mental (ORN) en el ámbito de la Ciudad». A través de una medida cautelar, el líder de PRO busca impedir el control en el área de salud mental como respuesta a los monitoreos en los hospitales José T. Borda y Braulio Moyano, llevados a cabo en 2014.

Los monitoreos realizados en los hospitales Borda y Moyano dan cuenta de serias irregularidades, entre las que se cuentan internaciones de larga data, vulneración del derecho a la intimidad, falta de dispositivos y apoyos que posibiliten la inclusión comunitaria, y déficit de infraestructura y de recursos humanos. Como resultado de ello, el ORN le solicitó al ejecutivo porteño que adecúe los servicios evaluados de acuerdo a los estándares impuestos por la LNSM.

«Con esto (el Ejecutivo porteño) no sólo obstaculiza el control del cumplimiento de derechos humanos en hospitales de salud mental sino que se propone evitar las investigaciones de muertes en instituciones tanto públicas como privadas», destacó el organismo que monitorea el cumplimiento de esa norma en todo el país.

El blindaje mediático no puede ocultar la realidad. Contratos ocultos, números que no cierran, una mochila de causas por corrupción, ataque a los derechos humanos de los enfermos psiquiátricos, y la muerte de un joven que expone el lado más cruel del modelo macrista: la exclusión y la desidia hacia los barrios más humildes.