El municipio de Rosario impuso multas a campañas de partidos opositores

Buena parte de las fuerzas políticas rosarinas que competirán en los próximos comicios manifestaron su rechazo a las multas aplicadas por la Municipalidad de Rosario, por violar presuntamente la ordenanza 8324 en la que se dispone en qué lugares se puede pegar –y pagar– afiches de campaña y en cuáles no.

Las sanciones, que alcanzan montos de hasta 24 mil pesos, arremetieron contra todo tipo de pegatinas, serigrafía, aerosol, afiches y otros medios tradicionales y económicos, que se encontraran por fuera de la onerosa cartelería comercial.

No obstante, la Intendencia no aplicó el mismo criterio con el ex intendente y candidato a gobernador, Miguel Lifschitz, así como también no se cumple por tercera vez con la disposición que obliga a ceder el 25 por ciento de la cartelería gratuitamente a los partidos en cada elección.

En una nota publicada este sábado en el semanario El Eslabón de Rosario, referentes locales no dudan en denunciar que la normativa vigente instaura una privatización de los espacios públicos y el hecho de que los actos de la militancia sean considerados vandálicos. Así, dicen, limita una particular necesidad de realizar campañas visuales en la provincia de Santa Fe, donde la implementación de la Boleta Única, hace más importante el conocimiento del rostro de un candidato antes que la propia identidad partidaria y los objetivos de la propuesta.

En este marco, la principal atacada es la ordenanza 8324 que regula, a favor del mercado, todo tipo de publicidad en la vía pública y no deja espacio gratuito para pegar afiches sino que lo entrega a la explotación comercial. Esto ya ha generado otras polémicas en la ciudad, cuando grupos culturales denunciaron el cercenamiento de su derecho a la libertad de expresión luego que la municipalidad les retirara afiches que difundían recitales, obras de teatro y distintos eventos artísticos.

Entre los argumentos en contra de la ordenanza y el modo de aplicación que ha instrumentado el municipio, la amplia mayoría de la dirigencia consultada por El Eslabón –inclusive varios socios del socialismo en el Frente Progresista–, coincide en señalar que desde que fue sancionada “no se está cumpliendo” el otorgamiento del espacio gratuito que estipula, que se hace un “uso discriminatorio”, que “privatiza el espacio público” y que favorece a los partidos de “altos recursos”.

En tanto, mientras algunos hicieron mención a que en el fondo de la discusión está el financiamiento de los partidos; varios referentes apuntan además que debería reformarse la normativa, para democratizarla, tomando como modelo las modificaciones introducidas a nivel nacional en 2009, que prohibieron la contratación directa de los partidos con los medios audiovisuales para hacer publicidad electoral y, en cambio, la deja en manos del Estado, que paga los espacios y los reparte en base a una fórmula de ecuanimidad. (InfoGEI)