Héctor Orlando Bárbaro y Pablo Isaac Lenguaza, ambos de la provincia de Misiones, entablaron una demanda en contra de Marcelo Calçada, funcionario de la Nación encargado de administrar los fondos recaudados por la venta de cigarrillos y distribuirlos entre los productores.
La denuncia sostiene que el funcionario fue responsable de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública y malversación de caudales públicos por fondos girados a la Cooperativa Agroindustrial de Misiones -CTM-, con sede en Alem.
El diputado nacional electo Héctor “Cacho” Bárbaro y el legislador provincial y presidente del partido Agrario, Isaac Lenguaza, radicaron una denuncia penal por malversación de los recursos del Fondo Especial del Tabaco.
Bárbaro y Lenguaza relatan que el 31 de mayo de 2018, la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Agroindustria de la Nación aprobó la Resolución 93/18 autorizando un desembolso de 560.000.000 de pesos del Fondo Especial del Tabaco, con destino al «Saneamiento Financiero 2018» de la CTM.
Los legisladores indican que el anexo de la Resolución 93/18 registrado bajo el número IF -2018-19623913-APN-SSA#MA, determinó con precisión la «metodología de seguimiento y evaluación del componente saneamiento financiero» que obligaba a la CTM a presentar documentación precisa, y a la Coordinación del Fondo Especial del Tabaco a controlar el cumplimiento de los requisitos y el destino final del millonario aporte, tanto mediante el control de la documentación puntualmente requerida, como con auditorías in situ y demás herramientas de fiscalización.
“El anexo no es un mero agregado, sino que integra la Resolución. Su incumplimiento deviene en la nulidad del instrumento legal, que así lo deja explícito para que no quepan dudas: «en caso de no presentarse la documentación de la Memoria y Estados Contables de la CTM Cooperativa Agroindustrial de Misiones Ltda., o en caso de no solicitarse los fondos correspondientes a cada etapa en el plazo establecido, la resolución perderá vigencia«, relatan.
Según la denuncia, “a pesar de la inexistencia por pérdida de vigencia de la Resolución 93/18, el funcionario denunciado ordenó las siguientes transferencias a las cuentas de la Cooperativa Agroindustrial Misiones Limitada”:
DENUNCIA PENAL FEDERAL CALCADA FINAL
El 14 de Junio de 2018 por $ 80.000.000,00 con orden de pago N°219 en el expediente EX-2018-08743806-APN-DDYME#MA; a la Cuenta Corriente Nº300809405588740 del Banco Macro S.A. radicada en Sucursal N° 8 – LEANDRO N. ALEM cuya denominación es CTM COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DEL MNES LTA-PLAN PROCESO CITRUS y titularidad a nombre de CTM COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE MISIONES LTDA.
el 17 de diciembre de 2018 por $ 80.000.000,00 con orden de pago N° 499 en el mismo expediente y a la Cuenta Corriente Nº 3341034741 del BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA radicada en la Sucursal N° 2.240 – LEANDRO N. ALEM cuya denominación es COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE MISIONES LTDA.
el 23/03/2019 por $ 200.000.000,00 con orden de pago N° 100 en el mismo expediente y a la misma cuenta;
el 01/07/2019 por $ 100.000.000,00 con orden de pago 272 en mismo expediente y a la misma cuenta.
De acuerdo a la resolución 93/2018 y su anexo, el desembolso de los 560.000.000 pesos para el salvataje financiero de la CTM debía concretarse en siete cuotas anuales de 80 millones de pesos cada una, finalizando el cronograma recién en 2024.
Previo a la transferencia de cada aporte anual, el instrumento legal obligaba a la Cooperativa CTM a presentar ante la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, la Memoria y los Estados Contables del año anterior, como así también, «el detalle pormenorizado de cada una de las deudas que componen el rubro deudas bancarias y los comprobantes de cancelación de la deuda».
Textualmente, señala el instrumento legal que «se establecen como medios de verificación contable y técnicos para el subcomponente: Memorias y Estados Contables por los ejercicios finalizados al 31/10/2018; 31/10/2019; 31/10/2020; 31/10/2021; 31/10/2022; 31/10/2023 y 31/10/2024, certificado de cancelación del préstamo y extractos bancarios donde se observe la cancelación de cada uno de los préstamos». La lista es taxativa, no opcional.
“Materialmente, es imposible que la CTM haya cumplimentado esa exigencia porque estamos en 2019. La CTM recibió 460 millones en menos de un año y medio, sólo restándole percibir el último tramo de 100 millones de pesos. Es decir que el denunciado ordenó transferencias irregulares, sin sustento en instrumento legal alguno (ya que la Resolución 93/18 se tornó nula por incumplimiento después del primer desembolso) y en violación a los deberes que le fueron encomendados”, aseguran Bárbaro y Lenguaza.
Los referentes del partido Agrario insisten en que al mismo tiempo que Calçada presionaba para liberar los fondos a favor de la CTM, trababa el giro de dinero destinado a los productores, como los aportes para la atención de la salud, el pago de las distintas “vueltas” del complemento de precio conocido como Retorno y demás POAS en circuito de aprobación.
La oposición de ACTIM al último desembolso de 100 millones de pesos para la CTM fue acompañada por el representante de la Cámara del Tabaco, Gustavo Piñeiro; de la Asociación de Plantadores de Tabaco de Misiones, Omar Olsson, y del propio ministro del Agro de Misiones.
