El lockout patronal de la Mesa de Enlace: Razones del fracaso
La Mesa de Enlace, integrada esta vez sólo por tres entidades (SRA, Coninagro y CRA), reclamó nuevamente a través de sus dirigentes que “el campo está agonizando, herido por las erróneas políticas que ha llevado adelante el Gobierno en los últimos 12 años”. Este fue el espíritu del documento de convocatoria al lockout del 11 de marzo, con cese de comercialización de granos y carnes.
La medida culminó con un rotundo fracaso. No sólo porque ese pliego de reclamos fue insuficiente para convocar apoyos sino que, adicionalmente, el acercamiento entre la FAA y el gobierno nacional, junto con el anuncio de medidas para segmentar las retenciones a las exportaciones, resquebrajó el funcionamiento vigente hasta hoy de la Mesa de Enlace.
El documento de la Mesa de Enlace critica esencialmente el rol del Estado: la “intervención perniciosa” en el mercado. Ese tipo de demanda, políticamente sesgada, pudo haber sido suficiente para aunar voluntades del sector cuando años atrás el precio internacional de los commodities estaba “por las nubes”, con una masa de ingentes ingresos extraordinarios detrás de la cual se ocultaban diferencias de miradas. Pero distinto escenario se produce hoy, con precios internacionales a la baja, situación que arrojó ganadores y perdedores (con distintas espaldas financieras), y develó así una vez más las heterogeneidades existentes en el interior de la Mesa de Enlace. En este contexto, el análisis (y la reacción) de pequeños y medianos productores mutó en una mirada política diferente: reconocer en el Estado al único garante posible para evitar que, con este nivel de precios, los pequeños y medianos sean los fusibles de la situación.
De hecho, las negociaciones mantenidas previamente al lockout persuadieron a muchos productores de participar de la medida. El anuncio de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner implicó la segmentación de retenciones para los pequeños y medianos productores de granos cuya escala de producción se ubique por debajo de las 700 toneladas. La iniciativa, que alcanza al 70 por ciento de los productores (46.121 chacareros), crea un fondo de 2500 millones de pesos para ser depositados en las cuentas bancarias de los productores, que en su conjunto generan el 12 por ciento de la producción total (aunque el 80 por ciento de los productores acceda sólo al 30 por ciento de la renta).
El acuerdo FAA-Gobierno y el fracaso del lockout patronal son dos caras de una misma moneda. Revelan una situación que pone las cosas en su lugar siete años después: los pequeños y medianos productores del lado de quien los defiende. (Página 12)
