La actividad de los pueblos originarios mapuches de la Patagonia argentina, fueron espiadas por orden del ex presidente Mauricio Macri y permitiéndole a Carabineros de Chile, participar de los relevamientos, maniobras y registros.
Cada vez más sale a la luz, las maniobras que desarrollaran los ministerios y gabinete macristas durante los cuatro años del neoliberalismo atroz que padeció el pueblo argentino desde 2015 al 2019. Las consecuencias de esta «inteligencia» sobre la ciudadanía civil, sin otra explicación que la persecución de todas las organizaciones sociales en el país.
El CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales), público un informe donde detalla la coordinación represiva contra el pueblo mapuche llevada adelante por el gobierno de Mauricio Macri junto a Carabineros de Chile. El documento reconstruye y analiza cómo se articularon la inteligencia ilegal, la militarización y la estigmatización para impedir el ejercicio de los derechos indígenas.
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), luego de sistematizar información obtenida en Chile y proveniente de las causas penales en la Argentina, acaba de publicar un informe titulado “Coordinación represiva contra el pueblo mapuche”. El informe da cuenta como el estado nacional, durante la presidencia de Mauricio Macri y la gestión de Patricia Bullrich al frente del Ministerio de Seguridad, compró toda la narrativa chilena en contra del pueblo mapuche.
El documento recorre los principales hitos de la construcción de la “amenaza mapuche” en la Argentina y en Chile y da cuenta de cómo las prácticas judiciales y de las fuerzas de seguridad, que incluyeron operaciones de inteligencia ilegal, estuvieron alineadas con decisiones políticas que tuvieron, y tienen, como objetivo perseguir y criminalizar a las y los activistas mapuches y a quienes les acompañan, del modo que sea.
“Las fuerzas de seguridad chilenas eran vistas como expertas en el tema de la ‘violencia mapuche’, por lo que se crearon espacios de cooperación e intercambio para capacitar a los argentinos. Así, el modelo chileno fue aprendido de manera sistemática, al tiempo que se establecían canales para la circulación de información de inteligencia por dentro y por fuera de los expedientes penales”, puede leerse en el informe del CELS.
Toda la documentación que sistematizó el organismo, y que en parte había sido adelantada por el sitiohttps://www.elcohetealaluna.com/, surge de una causa judicial en Chile, en la cual se investiga el rol de Carabineros en la llamada Operación Huracán y la fallida Operación Andes. La “Operación Huracán” tenía una segunda fase destinada a inculpar a líderes mapuches en un supuesto tráfico de armas desde Argentina: la “Operación Andes”. El Centro de Investigación Periodística (CIPER)https://www.ciperchile.cl/2019/04/23/chats-de-inteligencia-la-red-de-carabineros-para-inculpar-a-mapuches-en-trafico-de-armas-que-involucro-a-agentes-argentinos/accedió a chats entre oficiales de Carabineros, incluido el general Bruno Villalobos, en los que se tejió esa nueva jugada de inteligencia. Villalobos selló un acuerdo con Gendarmería argentina para desplegar espionaje a ambos lados de la cordillera. Los argentinos estaban impresionados por el software “Antorcha”: sin sospechar que era un fraude.
En la Patagonia, la enorme presión de intereses privados se articula de manera muy fluida o directamente coincide con los intereses político-culturales de sectores “criollos” (“vecinos”) que rechazan cualquier modificación de un statu quo que les garantiza una posición social dominante, mientras que los considerados “indios” son estigmatizados y tratados como ciudadanos de segunda categoría. En defensa de esta trama de intereses globales y locales se vienen movilizando también autoridades provinciales, muchos funcionaries judiciales y partidos políticos nacionales. Frente a esta acumulación de poder, los avances legislativos en términos de reconocimiento identitario y territorial de los pueblos indígenas quedan sin efecto en la práctica. Y las estrategias reivindicativas de las comunidades, que en algunos casos incluyen la recuperación territorial, son catalogadas como episodios de violencia y sedición como si estuvieran desconectadas de una larga historia de racismo estatal.
En la construcción de la imagen de los “mapuches violentos” participan activamente esas tramas locales, con el apoyo de importantes medios de comunicación que en distintos momentos despliegan verdaderas campañas de miedo que, además, le dan alcance nacional a la cuestión. Esta estrategia es central para legitimar distintas formas de violencia contra formas de acción directa y también apuntala la ofensiva política, policial y judicial contra las múltiples comunidades que litigan por la tierra en Chubut, Río Negro y Neuquén. Entre 2015 y 2019, el gobierno nacional de Cambiemos hizo suya esta perspectiva y encabezó la coordinación represiva contra las comunidades, escalando los niveles de estigmatización y utilizando estos conflictos como parte de su comunicación pública, centrada en el “combate” al crimen organizado, el terrorismo y las “nuevas amenazas”.
Con estos fines, estableció fluidos intercambios con las fuerzas de seguridad chilenas, principales impulsoras de la idea del “terrorismo mapuche”, señala en otro de sus párrafos el informe. file:///C:/Users/user/Downloads/d38d002dc8f270b4bbac35137ce285ca.pdf
El trabajo elaborado por el CELS permite dar cuenta de cómo en la actualidad la derecha volvió a envalentonarse y está haciendo uso electoral de la mentira, la desinformación y la falsedad para ganar las elecciones del próximo 14 de Noviembre. Muchos de los actores que participaron del espionaje ilegal del gobierno de Mauricio Macri y Patricia Bullrich, vuelven a utilizar la misma estrategia.
Fuente: originarios.ar
