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El espía que surgió del frío

Por Juan Alonso

Juan Alonso

El juez subrogante de Dolores, Martín Bava llamó a declaración indagatoria al ex presidente Mauricio Macri el 7 de octubre a las 11 y le prohibió salir del país. Lo acusa por el espionaje ilegal a los familiares de las víctimas del submarino ARA San Juan y dos barcos hundidos en el Atlántico Sur entre diciembre de 2017 y fines de 2018. Además, Bava procesó y embargó a la jerarquía de la AFI macrista: el ex director, Gustavo Arribas y la subdirectora, Silvia Majdalani, quien no habría logrado viajar a su casa de Punta del Este, en Uruguay, fueron embargados por 20 millones de pesos cada uno.

Con ellos, también resultaron procesados ex funcionarios jerárquicos de la AFI entre 2015 y 2019.

Un caso llamativo es el de Eduardo Winker –ex director de reunión interior de la AFI- que ahora trabaja como empleado del Centro de Investigaciones Judiciales del Ministerio Público de CABA, que depende del fiscal general de CABA, Juan Bautista Mahiques.

Mauricio Macri estaría de viaje por EE UU o en alguna parte del universo al cierre de esta edición. ¿Volverá?

El juez Bava tiene la semiplena prueba de que Macri formaría parte de la trama de espionaje ilegal desplegada desde la base de la AFI en Mar del Plata, por entonces a cargo de uno de los imputados, el ex espía orgánico, Nicolás Iuspa Benítez.

En el dictamen de 168 páginas firmado por el juez Bava –que se basó en la denuncia realizada por la interventora de la AFI, Cristina Caamaño, el 23 de septiembre de 2020, y en la enorme cantidad de prueba colectada por el ex  juez del distrito, Alejo Ramos Padilla, y en el trabajo de campo de la Fiscalía Federal de Mar del Plata que recabó las testimoniales de los testigos víctimas de espionaje ilegal- queda muy claro que el material ilegal y los partes de inteligencia se dieron en el marco de la estancia de Macri en Mar del Plata durante el conflicto con los familiares de los tripulantes por la desaparición del submarino ARA San Juan.

Las respuestas de Arribas y Majdalani no ayudaron demasiado al ex mandatario. Ambos intentaron sin éxito enlodar a los dos sucesivos ex responsables de Contrainteligencia, desligándose del penoso asunto que enloda las instituciones de la República y se produce horas después de que la Legislatura porteña aprobó el ingreso por la ventana del Tribunal Superior de Justicia de CABA (TSJ) para acopiar las causas de la Justicia del Trabajo y el fuero Comercial donde hiberna el expediente del Correo hace 20 años. Macri le debe al Estado Nacional 5 mil millones de pesos (300 millones de dólares) más 11 millones de dólares al Banco Nación y una cifra extraordinaria con una indexación peritada del 700% a la AFIP.

El párrafo que le dedica el juez al presunto rol de Macri en el espionaje ilegal es lapidario.

Vale la pena transcribirlo textual:

“En principio, determinar la transgresión a la ley 25.520 es identificar los límites del poder del Estado para con todos los ciudadanos de la República Argentina. Este límite para todos los argentinos, sin excepción, es claro, preciso y sólido, siendo un lugar común en todas nuestras conciencias. No destaca por nada especial, pero se encuentra marcado a fuego en lo que somos y cómo interpretamos nuestro sistema de libertades.

A lo largo de la presente causa se nos ha intentado explicar que tal límite, teóricamente, obra como confuso, híbrido, desintegrado, principalmente poroso, factible de ser transgredido una y otra vez, sin mayores consecuencias.

Paternalmente aquí se nos ha instruido en las nuevas cualidades adquiridas por el Estado Moderno Argentino, su reciente reinserción en el mundo occidental, como así  también la posibilidad de que éste ejerza violencia paralela en forma legal e independiente a como el Estado liberal justifica el castigo a sus conciudadanos.

Asimismo, que esta forma de ejercicio de la inteligencia estatal es justa, razonable y principalmente aceptable, una herramienta eficiente para tiempos modernos, indispensable para la recolección, sistematización y análisis de información durante los hechos que esta causa ha debido investigar.

Nada más voy a agregar a las conclusiones a las que se ha arribado en la presente resolución, que contradice gravemente a lo expuesto en este punto, solamente que es claro que estas acciones ilegales no fueron ejecutadas por los agentes de base que motu proprio realizaron este espionaje ilegal, sino por el contrario, partieron de un interés político nacional que en el final de la cadena, respondía al entonces Presidente de la Nación, Ing. Mauricio Macri.

Es por dicha circunstancia que se convocará al Sr. Mauricio Macri a fin de prestar declaración indagatoria en los términos del art. 294 CPPN, por los hechos que se expondrán a continuación.

Sin perjuicio de los fundamentos analizados a lo largo de la presente resolución, corresponde detallar que se le imputa desde su cargo de Presidente de la Nación, por lo menos en el período comprendido entre el mes de diciembre del año 2017 y finales del año 2018 ha ordenado y posibilitado la realización sistemática de tareas de inteligencia expresamente prohibidas por la ley 25.520 y sus modificatorias, consistentes en la obtención de información, producción de inteligencia y almacenamiento de datos sobre personas, por su opinión política o su pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias y de Derechos Humanos. Entre esas tareas de espionaje prohibidas por ley, se le imputa haber ordenado y posibilitado la realización de numerosas de ellas con el propósito de obtener datos personales e información de los familiares y allegados de los tripulantes del submarino ARA San Juan. Esas acciones buscaban influir en la situación política e institucional del país, puntualmente respecto a los reclamos que realizaban los mismos por el hundimiento de dicho submarino y la consecuente muerte de sus familiares, como así también apuntaban a conocer sus actividades, los lugares donde se reunían, sus datos personales y los de su entorno, como la identificación de sus referentes. Puntualmente, en lo que respecta a los familiares y allegados de los tripulantes del referido submarino ARA San Juan, como así también del buque El Repunte y del Buque Rigel (…)”.

Epílogo

La Argentina padece un resurgir de la derecha y la ultraderecha que buscan tomar el poder como sea. Incluso arrogándose un lugar en la sucesión presidencial desde la Cámara de Diputados como ha sostenido la candidata María Eugenia Vidal, quien es responsable de las bases AMBA de la AFI durante su gestión como gobernadora de Buenos Aires. Así lo dejó bien claro Majdalani cuando fue interrogada por la Comisión de Seguimiento y Control de los Organismos de Inteligencia en el Congreso de la Nación.

Las reuniones de Vidal en Nueva York con fondos buitres en compañía del ex ministro de Economía, Hernán Lacunza demuestran un movimiento desestabilizador organizado que luego refrendó el alcalde Horacio Rodríguez Larreta con los principales bancos estadounidenses –entre ellos el Citi y el JP Morgan- responsables de la debacle del 2001 que dejó al país destruido con 39 muertos y De la Rúa huyendo en helicóptero de la Casa Rosada.

Al mismo tiempo, y como si fuese poco, la Legislatura de la Ciudad –controlada por legisladores que responden a Rodríguez Larreta y a Macri- votó la invención de una tercera instancia judicial en manos del TSJ que tiene aval de la Corte con sendos fallos de Juan Carlos Maqueda, el propulsor asambleísta de Horacio Rosatti como presidente del máximo tribunal.

La Corte aún no explicó qué pasó con los 10 mil millones de pesos de un cheque girado por la Obra Social del Poder Judicial donde repusieron cargos y declararon su autonomía. Ni hablar de las severas consecuencias para 11 millones de trabajadores por el fallo Pogonza del 2 de septiembre, que benefició a las aseguradoras de riesgo de trabajo; un negocio de 900 millones de dólares que tiene al Grupo Clarín como uno de sus principales interesados. La Corte ordenó que los trabajadores accidentados recurran a una Comisión Médica antes de iniciar acciones legales. En CABA existe una sola Comisión Médica con delegaciones ineficientes para más de 3 millones de habitantes más el doble que suele venir a trabajar los días laborales. Todo tiene un objetivo: retardar la solución de los reclamos de los trabajadores a favor de las ART, entrometerse en la Justicia del Trabajo revisando fallos a través del TSJ y la Corte, en busca de una autonomía al borde de la sedición contra el Poder Ejecutivo, que para colmo deja de lado la Constitución y la Justicia Nacional.

Los nazis lograron sus peores crímenes contra la humanidad con una sociedad que fue espectadora, víctima o perpetradora.

“Hoy vienen por mí, Green lover

Hoy hablan de mí, Green lover, ¡corre!

Ve lejos de mí, sin culpa,

Yo voy a parir con mis libros puestos”, dice el poeta y músico Lisandro Aristimuño.

Que así sea.

 

 

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