Edgardo Rovira: El Ciadi nos mandó a volar

En la última hora del viernes 21 de julio de 2017, el tribunal arbitral del Banco Mundial (Ciadi, según sus siglas en inglés) condenó al Estado argentino a pagar más de u$s 320 millones al grupo español Marsans por los daños que le infringió –en 2008- la estatización de Aerolíneas Argentinas. Y los medios hegemónicos de comunicación salieron a operar con esa noticia en plena campaña diciendo “El gobierno sumó hoy una nueva obligación heredada del kirchnerismo” en Ámbito Financiero o “En el mundo del derecho privado existe el beneficio de inventario, una manera de aceptar una herencia por la cual los herederos no se hacen cargo con su patrimonio de las deudas del fallecido. En el derecho público eso no pasa y los gobiernos heredan al anterior” en La Nación. Con mentiras no se resuelven los problemas y la “pesada herencia” no es la que recibió Macri en 2015, es la que recibió Néstor Kirchner en 2003 con un país quebrado, 54% de pobreza, 22% de desocupación, incumplimiento de pagos, default, empresas privatizadas, etc. Pero volvamos a Aerolíneas Argentinas y Marsans.

El 3 de septiembre de 2008, se aprobó por mayoría en el Congreso, el proyecto enviado de estatización de Aerolíneas Argentinas y Austral líneas aéreas después de 18 años de privatización del servicio. La Ley es la 26.412 que en Diputados obtuvo 167 votos a favor y 79 en contra. Mientras en Senado, el resultado de la votación fue 46 votos a favor y 21 en contra. El juez en lo Contencioso Administrativo Federal Enrique Lavié Pico reconoció el derecho del Estado a la expropiación de acciones de las empresas Aerolíneas Argentinas y Austral Líneas Aéreas, que en 2008 estaban en poder de la firma Interinvest Sociedad Anónima.

El 3 de septiembre de 2008, se aprobó por mayoría en el Congreso, el proyecto enviado de estatización de Aerolíneas Argentinas y Austral líneas aéreas después de 18 años de privatización del servicio

En ese expediente se tomó como válido el trabajo que hizo en 2008 el Tribunal de Tasación de la Nación y que estableció que al momento de la estatización las sociedades anónimas Optar, Jet Paq, Aero Handling, Aerolíneas Argentinas y Austral tenían un valor negativo equivalentes a u$s 949,4 millones. Hagamos un poco de historia, para entender la injusticia del fallo del Ciadi.

A fines de 1990, el gobierno de Carlos Menem le vendió Aerolíneas Argentinas a la estatal española Iberia. La compañía se transfirió sin ningún pasivo, ya que antes el Estado absorbió su deuda, que ascendía a u$s 868 millones. Los españoles pagaron u$s 1.610 millones en títulos públicos (eran “bonos basura” de deuda externa argentina, comprados a menos del 20% de su valor y aceptados al 100%) y apenas u$s 260 millones en efectivo, que Iberia pagó a través de un préstamo que transfirieron a la cuenta de la propia Aerolíneas.

En 1994, el gobierno de Menem entregó a su par español, a través de la Sociedad Española de Participaciones Industriales, la “acción de oro” de Aerolíneas, que le permitía fiscalizar las decisiones estratégicas y la venta de activos de Aerolíneas Argentinas. Por lo tanto, el Estado argentino le daba control absoluto a Iberia de todos los activos de la empresa. Por eso, una vez que la empresa española se deshizo de ese obstáculo, los españoles comenzaron a liquidar prácticamente todo. Vendieron oficinas comerciales en Argentina y el exterior, liquidaron los simuladores de vuelo que eran usados para la capacitación del personal(eran tres, dos de ellos de última generación, única línea aérea de América Latina que contaba con esa tecnología), también remataron las 28 aeronaves que conformaban la flota de la empresa. Desmantelaron los talleres y levantaron decenas de rutas, escalas y oficinas en el mundo (las oficinas de Roma, París, Nueva York, Miami, Madrid, Bogotá, Lima y Caracas pasaron a manos españolas). La red de procesamiento de datos y el sistema reservas, también quedaron a favor de Iberia.Para el año 2000, la empresa se declaró en convocatoria de acreedores. En ese entonces nacía el “Todos somos Aerolíneas” con la lucha de los trabajadores y el apoyo de gran parte de la población. Esas acciones de lucha evitaron la quiebra.

En ese entonces nacía el “Todos somos Aerolíneas” con la lucha de los trabajadores y el apoyo de gran parte de la población. Esas acciones de lucha evitaron la quiebra

En octubre de 2001 el gobierno español le vendió la empresa a un consorcio liderado por la compañía turística Marsans por apenas un euro. Por aquel entonces, el titular del gremio de los técnicos aeronáuticos (APTA), Ricardo Cirielli, hizo «responsable al gobierno» nacional por haber estado «al margen» de la negociación por Aerolíneas Argentinas y porque la línea de bandera quedó en manos españolas. De esta forma, Cirielli se quejó porque la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), dueña del 91,5 % del paquete accionario de Aerolíneas, decidió entregar al grupo español de turismo Marsans, la operatoria de la compañía. Cirielli dijo en el canal de noticias TN que «el que tiene que hacerse responsable es el gobierno del doctor De la Rúa porque ha perdido una posibilidad única de recuperar Aerolíneas Argentinas».

el titular del gremio de los técnicos aeronáuticos (APTA), Ricardo Cirielli, hizo «responsable al gobierno» nacional por haber estado «al margen» de la negociación por Aerolíneas Argentinas y porque la línea de bandera quedó en manos españolas.

El holding de empresas públicas españolas, SEPI, aportó u$s 753 millones desde 2001 hasta 2005 a Air Comet por la venta de Aerolíneas Argentinas a la compañía que controlan los propietarios del grupo turístico Marsans, Gonzalo Pascual y Gerardo Díaz. En la cláusula número nueve del contrato suscrito entre la SEPI y Air Comet, bajo el concepto de ‘compromisos financieros del vendedor’ se fijaban una serie de cantidades que la SEPI debería aportar a Air Comet en concepto de ‘asunción de pasivos’ de Aerolíneas a la fecha de su venta, y de ‘aportaciones en cumplimiento del plan industrial’ con el que la SEPI se comprometía a ayudar al reflotamiento y viabilidad de la compañía de bandera argentina en su nueva situación. La deuda no se usó con ninguno de los fines previamente acordados. Air Comet se equipó a través de las empresas del Grupo Aerolíneas, obteniendo de ese modo un verdadero enriquecimiento ilícito. Se basaron en los negocios de las empresas del Grupo Aerolíneas para apalancar el crecimiento de unidades de negocios distintas, como Air Comet Europa, Air Comet Chile, Marsans Internacional Argentina y Marsans Internacional Chile.

Con la estatización de Aerolíneas Argentinas, Marsans demandó al Estado argentino pese a que en los meses previos a la estatización había dejado de pagar los sueldos, la nafta y las tasas aeroportuarias. De hecho, a fines de 2008, el Estado nacional se tuvo que hacer cargo de la compañía para evitar su cierre. Ya no quedaba nada de Aerolíneas Argentinas. Tenía sólo dos aviones propios de alcance internacional y un puñado para cabotaje y 30 alquilados. La flota era la más antigua de la región, con un promedio de 19 años. Marsans ejecutaba el denominado “canibalismo”, al utilizar repuestos de aeronaves en tierra para poner en condiciones otros aviones. Como la flota era alquilada, generaba un incumplimiento contractual con los prestamistas.

Con la estatización de Aerolíneas Argentinas, Marsans demandó al Estado argentino pese a que en los meses previos a la estatización había dejado de pagar los sueldos, la nafta y las tasas aeroportuarias

La Auditoría General de la Nación estableció que Aerolíneas Argentinas había quedado, luego de dieciocho años de gestión española, con un patrimonio negativo de u$s 720 millones y un pasivo estimado en u$s 890 millones.

En 2010, los ex propietarios de Aerolíneas Argentinas, Gerardo Díaz Ferrán y Gonzalo Pascual, fueron imputados en España por el delito de apropiación indebida de u$s 3,38 millones procedentes del grupo Viajes Marsans, que quebró en 2010. El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz admitió la demanda presentada por la Fiscalía del Tribunal contra los propietarios y principales gestores de la compañía turística, cuya quiebra, tras más de cien años de historia, dejó una deuda acumulada superior a los u$s 461,53 millones y miles de damnificados. El fiscal de la Audiencia Nacional Daniel Campos acusa a todos los imputados de provocar el vaciamiento patrimonial de la empresa, en perjuicio de unos 4.706 acreedores de la compañía. Según la denuncia del fiscal, “los responsables de la agencia de viajes se apropiaron indebidamente de las cantidades entregadas por los clientes para la adquisición de pasajes”, que siguieron vendiendo a pesar de que la empresa era insolvente y estaba a punto de quebrar.

En 2009, el mismo juez Pedraz archivó una demanda presentada por asociaciones de consumidores contra los directivos de Marsans por haber vendido pasajes, concretamente de la aerolínea Air Comet, que pertenecían al grupo, cuando la empresa ya estaba en quiebra.

En diciembre de 2012, fue detenido en Madrid Gerardo Díaz Ferrán, acusado por la Audiencia Nacional de presunto blanqueo de capitales y ocultación de bienes a sus acreedores mayoristas, a quienes la quebrada empresa de turismo adeudaba alrededor de u$s 34 millones. En la causa fueron detenidas nueve personas, entre ellas Ángel del Cabo.

Díaz Ferrán ex dueño de Marsans al momento de ser detenido, contaba con otras dos causas judiciales ante tribunales de la Audiencia Nacional, una de ellas por la presunta comisión de delito fiscal en la operación compra de Aerolíneas Argentinas, en 2002.

El Tribunal Supremo de España terminó en 2016 confirmando la condena a cinco años y medio de cárcel a Gerardo Díaz Ferrán, por delitos de alzamiento de bienes, concurso fraudulento, integración en grupo criminal y blanqueo de capitales.

Por su parte, en 2015, el fiscal general a cargo de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos, Carlos Gonella, y la Procuradora del Tesoro de la Nación Argentina, Anelina Abbona, denunciaron por presunto fraude contra el Estado por parte del Grupo Marsans, el fondo buitre Burford y el estudio de abogados argentinos Fargosi y Asociados. Ya que se encontró un contrato entre Marsans y Burford, donde el fondo buitre le compra al grupo español el juicio que está llevando ante el Ciadi por unos u$s 1.600 millones, por la expropiación de Aerolíneas Argentinas, en esa operación también figura el estudio de abogados Fargosi y Asociados.

Pese a todas las pruebas el Ciadi condenó al Estado argentino a desembolsar más de u$s 320 millones al grupo español, por los supuestos daños infringidos con la estatización

Pese a todas las pruebas el Ciadi condenó al Estado argentino a desembolsar más de u$s 320 millones al grupo español, por los supuestos daños infringidos con la estatización. Según el Ciadi el “demandado incumplió el artículo IV del Tratado al no haber entregado a las demandantes un trato justo y equitativo de sus inversiones”. Además, citó otros artículos referidos a la violación por parte de la Argentina del tratado de protección de inversiones. Por su parte, Macri, en lugar de salir a defender los intereses del país, salió a utilizar el fallo como elemento de ampaña política barata y escribió en Twitter: “Por la inmensa torpeza y arrogancia que el gobierno anterior tuvo con Aerolíneas el país fue condenado”, no habló del vaciamiento por parte de Iberia ni de la quiebra a la que Marsans llevó a Aerolíneas. En otros de sus posteos, el presidente señaló que esta decisión llega “en el mejor momento de la historia de Aerolíneas” y es verdad, gracias a la estatización  a la administración del Estado kirchnerista, Aerolíneas Argentinas volvió a ser operativa, competitiva y a cumplir con las obligaciones que debe tener una línea de bandera.

Pero la injusticia del derecho hegemónico es así. Con Macri no hay forma de evitar el pago, y esa erogación sumará nuevos argumentos para justificar la privatización de nuestra aerolínea

En el año 2008, el Estado recuperó Aerolíneas Argentinas con el objetivo fundamental de dar a los argentinos conectividad federal y proteger los puestos de trabajo. Eso se cumplió con creces, 6 años después de esa medida se llevó adelante un proceso de recuperación que dejó como resultado obras de infraestructura y mejoras tangibles. Se renovó la flota por completo, se pasó de tener 26 aviones a 77 aviones operativos. El valor de la flota pasó de u$s 342 millones a más de u$s 1.700 millones. Con un crecimiento del 102% de frecuencias de vuelos y un 81% más de pasajeros transportados. Con 36 destinos de cabotaje y 24 destinos internacionales. Avances en conexiones con otras empresas a través de la alianza impulsada por SkyTeam, que acercó a Aerolíneas Argentinas a otras 20 compañías internacionales. Volvimos a capacitar a los pilotos en Argentina, con la apertura de dos grandes centros de capacitación. Volvimos a tener oficinas en muchos destinos y rutas del país, en definitiva, volvimos a tener futuro.

El Ciadi falló en contra de la Argentina y a favor del vaciamiento, la estafa, la defraudación y evasión de capitales. Falló a favor de una empresa que quebró y de un empresario en prisión por las mismas razones por la que Argentina debió estatizar Aerolíneas Argentina. Pero la injusticia del derecho hegemónico es así. Con Macri no hay forma de evitar el pago, y esa erogación sumará nuevos argumentos para justificar la privatización de nuestra aerolínea.