Diputada Portos repudia «Protocolo de Fuerzas de Seguridad en Manifestaciones públicas»
La Diputada Provincial Lucía Portos presentó un proyecto de repudio a los criterios implícitos en el «Protocolo de Actuación de las Fuerzas de Seguridad del Estado en Manifestaciones Públicas», elaborado por el Ministerio de Seguridad de la Nación, y aprobado por el Consejo de Seguridad Interior el 17 de febrero del corriente año; por los cuales se criminaliza la protesta y se diluyen los controles para la prevención del abuso de la fuerza por parte del personal de seguridad, en ocasión de protestas sociales.
El proyecto se manifiesta «en contra del protocolo, ya que limita de manera inconstitucional el derecho a la protesta y de manera insólita coloca al derecho de libre circulación de bienes y de personas por encima de aquel» y considera que para el nuevo Gobierno del Presidente Mauricio Macri, «la calle es un foco de conflictividad», además de recordar que la ministra del área, Patricia Bullrich sostuvo: «queremos cambiar la cultura del corte» y, además, «generar un nuevo paradigma que genere cierto orden».
Además Portos sostiene que «El texto del protocolo, lejos de regular el accionar de las fuerzas de seguridad en un marco de respeto por los derechos constitucionales, amplía las facultades de la policía, ya que su único objetivo es disolver la protesta basado en el criterio de dar prioridad a la circulación, sobre la integridad de las personas y los derechos a manifestarse».
El texto del protocolo, lejos de regular el accionar de las fuerzas de seguridad en un marco de respeto por los derechos constitucionales, amplía las facultades de la policía
Para la Diputada Provincial, la implementación es preocupante ya que «El instrumento da vía libre para reprimir, ya que permite que en caso que los manifestantes no desistan del corte, se encontrarán incursos en el delito estipulado en el artículo 194 del Código Penal y la policía procederá conforme a lo establecido en los delitos cometidos en flagrancia» y que el Protocolo tampoco impone obligaciones «respecto del uso de uniforme, ni de identificación de los policías y de sus móviles. Sumado ello al solapado retorno a la solicitud de documentos por portación de cara».
el Protocolo tampoco impone obligaciones respecto del uso de uniforme, ni de identificación de los policías y de sus móviles
En el escrito se repudia la regulación presentada por la ministra ya que «vulnera derechos constitucionales y nos preocupa el cambio de concepción de las formas de actuación del Estado que está instaurando el nuevo gobierno frente a las vías de expresión de los argentinos y argentinas».
