El presidente de la CAME, Ricardo Diab, cuestionó artículos del proyecto del Gobierno que perjudican por igual al sector empresarial como al de los trabajadores.
En diálogo con El Repaso dijo que desde la Confederación Argentina de la Mediana Empresa “estamos de acuerdo con la necesidad de una reforma, pero fundamentalmente en los temas que tiene que dar previsibilidad a la relación laboral entre el empleador y el trabajador en un momento tan difícil como es la desafectación de la relación misma”.
El presidente de la entidad reclamó que la propuesta brinde “previsibilidad a la relación laboral entre el empleador y el trabajador en un momento tan difícil como es la desafectación”.
Seguido, agregó que “nos preocupan artículos que nos implican directamente y otros que a decir de nuestros asesores legales podrían implicar conflictos futuros”.
En ese sentido, precisó que el artículo 126 “es un retroceso en el sistema de negociación colectiva al limitar la ultraactividad”.
Además, el 128 “afecta a la representación empresarial porque nos quita la posibilidades económicas para subsistir dentro del sistema, creemos que ahí deben convivir la empresarial como la sindical buscando un equilibrio justo”.
Luego mencionó que los artículos 130 y 131 “afectan a la generación de convenios de trabajo, que es un ordenamiento de las negociaciones colectivas” ya que con la disposición del Gobierno, “se quita del medio un trabajo que hacemos profesionalmente tanto nosotros como los sindicatos en las negociaciones salariales”.
La existencia del sindicalismo es tan importante como la del sector empresarial”, remarcó, y cerró aseverando que “si hay algo que no funciona hay que corregirlo, no que destruirlo”.
La entidad sostiene que, si bien la actualización de los convenios es necesaria, los cambios propuestos en los artículos 126, 128, 130, 131 y 132 podrían generar inestabilidad en el sector productivo.
Uno de los ejes centrales de la advertencia es la limitación de la ultraactividad de los convenios colectivos.
Según el presidente de la entidad, Ricardo Diab, “estos convenios, si bien hay que retocarlo o mejorarlo o actualizarlo, no pueden caer de un día para otro porque generarían una incertidumbre muy compleja”.
En diálogo con Radio Rivadavia, Diabo consideró que desarmar el entramado actual sin una transición adecuada “generaría más caos que soluciones en este momento”.
En particular, el titular de CAME se refirió al artículo 128 sobre la quita de obligatoriedad de los aportes patronales y el dirigente señaló que esta medida dejaría a las cámaras en una “desigualdad absoluta” frente al sector sindical.
Según su visión, el proyecto “tiene como objetivo final la inexistencia de las organizaciones empresariales tal como están constituidas”.
La entidad remarcó que la falta de estos recursos afectaría los programas de formación profesional que imparten en todo el país.
“Gracias a las capacitaciones que nosotros hacemos, hay muchas empresas o pequeños comercios, unidades productivas que se han sostenido con nuevas habilidades”, explicó el directivo.
Por otro lado, advirtió que la aplicación de los artículos 130, 131 y 132 “puede traer conflictos legales futuros”, según el análisis de sus asesores jurídicos.
Ante este escenario, representantes de la confederación ya han mantenido reuniones con “la mayoría de los legisladores, senadores que tienen de la comisión y otros también”, además de diversos gobernadores.
El objetivo de estas gestiones es que el Poder Legislativo contemple estas observaciones antes de la votación definitiva de la norma.
EN PLENA CRISIS ECONÓMICA, EL EMPRESARIADO SE RETRAE
PORTADA DE BANQUINA BONAERENSE
Al menos tres cámaras patronales de peso salieron a cuestionar el proyecto de reforma laboral impulsado por el gobierno de Javier Milei. Se trata de la Cámara Argentina de Comercio (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Asociación de Industriales Metalúrgicos (Adimra), que enviaron notas a senadores y gobernadores para objetar artículos centrales de la iniciativa oficial.
Según pudo confirmarse, las entidades empresarias reclaman la eliminación de al menos cinco artículos que, de aprobarse, afectarían de manera directa su financiamiento y su rol en la negociación colectiva. En una nota dirigida a legisladores, CAME advirtió que esos cambios generarían “conflictividad jurídica y social”, además de “inestabilidad e incertidumbre” en el mercado laboral.
El presidente de la entidad, Ricardo Diab, confirmó que la posición fue consensuada con la CAC y Adimra y que el reclamo se realizó de manera conjunta.
El cuestionamiento representa un golpe significativo para el oficialismo: las tres cámaras concentran actividades que involucran a cerca de 1,5 millón de trabajadores y a más de medio millón de comercios y fábricas en todo el país. Solo el convenio mercantil alcanza a unos 1,2 millón de empleados, el de mayor cobertura en la Argentina.
