CRECE EL RECHAZO AL DNU/ LEY ÓMNIBUS EN EL SECTOR DE LA SOCIEDAD CIVIL
Las organizaciones sociales expresan ante legisladores, las nefastas consecuencias de la propuesta Milei
En el primer mes de gestión libertomacrista, el oficialismo logra movilizar y unir al tercer sector social bajo la premisa del rechazo a las propuestas parlamentarias con autoría de Javier Milei.
Tal el caso de lo expresado por la Asociación de profesionales de servicio social, con su representante, Claudia Pugliese, quien rechazó la modificación de la “Ley de salud mental”, al señalar: “Esta reforma implica un retroceso a modelos que han fracasado”.
Representando al sector de la Cultura, el actor Mauricio Dayub se mostró en contra de la Ley al resaltar la importancia que tienen las Instituciones de Teatro, Artes, Cine y Bibliotecas, “en la formación de artistas argentinos”.
A continuación, y en relación a la modificación de la Ley Micaela, desde la Fundación Micaela García, Néstor Yuyo García, se posicionó en contra de la reforma: “La Ley se originó por el homicidio de mi hija Micaela y considero que modificar el artículo 1 es igual que derogarla”. Y añadió: “A pesar de algunas fallas en su implementación logró grandes resultados”.
Diego Coatz, director Ejecutivo y Economista Jefe de la Unión Industrial Argentina (UIA), explicó “tres cuestiones para revisar” en el proyecto que “podrían desplegar mayor potencial al país”: derechos a la exportación al valor agregado que “sean “6 u 8% y no del 15%, por lo menos hasta mitad de año”, grandes inversiones y los vinculados a la moratoria y regulaciones tributarias que consideren un “régimen de incentivo para contribuyentes”.
Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, solicitó que a “40 años de democracia los representantes del pueblo que tengan memoria y respeto por la democracia y la Constitución que el momento histórico exige”.
Por su parte, el secretario gremial del Sindicato de Luz y Fuerza de la zona del Paraná, Carlos Matías Velo, enfatizó: “No comprendo la razón por la que este gobierno busca privatizar una empresa tan eficiente, tanto a nivel económico como de desarrollo”.
Por otra parte, Juan Speroni, representante de la Confederación de Sindicatos Industriales de la República Argentina (CSIRA), rechazó la norma al sostener que “afecta el trabajo de todos los argentinos”.
Por su parte, el representante de la Cámara Argentina Patagónica de Industrias Pesqueras (CAPIP), Agustín de la Fuente, explicó que “representan a más de 45 mil trabajadores de la pesca argentina”, por lo cual consideró que “toda modificación y/o derogación de artículos, contenidos en la Ley, afecta a esa economía en el sentido exportador”, al opinar que “los marcos regulatorios actuales funcionan bien”.
Como referente de la organización civil “Coalición por la Educación”, Guillermina Tiramonti, marcó algunas objeciones a la Ley pero se posicionó a favor de “implementar un programa de alfabetización docente”, así como también apoyó “la cultura de la evaluación”.
Así es que en su turno, en representación de la Cámara Argentina de la Industria Cinematográfica (CAIC), el director de cine, Santiago Mitre, expresó: «La Ley de cine propicia, fomenta y sostiene al cine nacional». «Las películas argentinas son reconocidas en todo el mundo, se exportan a todo el mundo, generan divisas y trabajo de calidad». ¿Para qué queremos destruir eso?, se preguntó y aclaró es un «organismo autárquico, que se autoabastece y autofinancia, por eso, no requiere Presupuesto Nacional»
Refuerzan el rechazo a la propuesta de LLA, Héctor Daer, secretario General- Sanidad Confederación General del Trabajo (CGT), quien consideró que la ley se “fundamenta en falacias como que la Argentina es un aquelarre para declarar la emergencia en todos los sentidos”. Las delegaciones de facultades “es algo nunca visto en la Argentina y se plantea la privatización de todas las empresas públicas, dejando de lado la capacidad de Argentina en términos de desarrollo”, dijo. Además de denunciar el capítulo de reforma laboral y el artículo 654 que ratifica el DNU 70/2023 presentado el 20 de diciembre al que definió como “ilegal e inconstitucional”.
Marcelo Federici, secretario de la Federación de Cooperativas Vitivinícolas de Argentina (FECOVITA) que nuclea 29 cooperativas pidió que no se aplique el 8% de arancel de exportación porque “creemos que es muy nocivo debido a que hay un alto porcentaje del valor agregado en este sector- por eso- termina afectando en un porcentaje mayor a la industria”. “Nos deja afuera de la competitividad y desaparecerían los pequeños productores”, aseveró.
En la última jornada, participaron del plenario de comisiones: Consejo Foresto Industrial (CONFIAR); Asociación latinoamericana de abogados laboralistas (ALAL); Argentores; Diaser. SA. Provincia de San Luis; Secretaria General ATE Río Tercero; Equipo Latinoamericano de Justicia y Género y Aldeas Infantiles (ELA); Asociación Foresto industrial del Centro de Corrientes (AFICC); Despachantes de Aduana; Cámara Argentina de productores extracto quebracho; Asociación de empresarios y empresarias nacionales para el desarrollo Argentino (ENAC); Vida silvestre argentina; Unión de usuarios y consumidores; Cámara Argentino China; Ovillo Terapéutico Rio Gallegos Santa Cruz; Red por los derechos de las personas con discapacidad (REDI); Presidenta Corriente de abogados laboralistas 7 de julio; Movimiento Nacional PYME (MONAPY); Asociación gremial de trabajadores de subte y pre- metro (AGTSYP); Asociación Argentina de Productores Algodoneros; Asociación Abogados Laboralistas de Rosario.
Asimismo expusieron: Asociación de profesionales en lucha (APEL); Asamblea de pequeñas y medianos empresarios (APYME); Asociación energética Sostenible; Padres Organizados; Auto convocatoria para la suspensión del pago e investigación de la deuda; Fundación Directorio Legislativo; Secretario adjunto de la Asociación argentina de actores y actrices; Sindicato Conductores Navales; Cámara Argentina de energía; Asociación Argentina de Juicio por jurado; RenaBap; Hidrocarburos; Fundación Huésped; Puertos; Confederación Argentina de Bibliotecas Populares (COBIPA); Cámara de la Industria del Petróleo; Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA); Cámara Argentina de Productores Avícolas (CAPIA); Centro de Jubilados Homero Manzi; Fundación para el Cambio Social y FUNDEPS Políticas y Derechos Humanos; Escuela Nacional de Experimentación y Realización de Cine (ENERC); Carta abierta de académicos y juristas; Axel Kuschevatzky, productor cinematográfico; Escuela de Gobierno de Corrientes; Asociación de Fábricas Argentinas de Componentes; Defensoría de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; Instituto Nacional contra la discriminación, la xenofobia y el racismo (INADI); Poder Ciudadano; el médico psiquiatra, Pedro Gargoloff; Federación Argentina de Productores de Tabacaleros; Asociación Civil La Madre Marcha; Unión de Músicos y Músicas independientes; Asociación para la Promoción de los Derechos Civiles (PRODECI); Organización Fundar; Foro de Buenos Aires; Federación Inquilinos Nacional; Asociación de Magistrados; Mijael Kaufman Falchuk, co-fundador de Consciente Colectivo y representante electo del público por el acuerdo ambiental de Escazu.
