Valentín Díaz Gilligan, ex sub secretario general de la Presidencia de la Nación, que acaba de renunciar, se encuentra en un punto crucial de su trayectoria como hombre del Presidente Macri (¿testaferro de los negocios del fútbol?).
Por Alejandro C. Tarruella
Una empresa británica
Por cierto, el hombre que tuvo acceso diario a la agenda del primer mandatario dependía absolutamente de Mauricio Macri, y su suerte estaba ligada a la reacción de la sociedad y los medios de comunicación, ante el escándalo desatado por la revelación de su depósito de 1,2 millones de dólares en un banco de Andorra.
Lo hizo en favor de la empresa británica Line Action. Díaz Gilligan aparece vinculado a la estructura económica financiera de Paco Casal, un dudoso inversor de trayectoria cuestionada que, desde su Uruguay natal, maneja la emisión de fútbol por televisión con su empresa Tenfield, venta de jugadores y es socio de Enzo Francescoli, manager de River Plate, y del ex jugador uruguayo, Nelson Gutiérrez.
Sugieren especialistas impositivos que en el caso deberá intervenir la AFIP y exigirle blanquear la inversión. Hay que recordar que el ex funcionario macrista Díaz Gilligan no declaró en 2014, ni posteriormente, la posesión de esa suma de dinero depositada en Andorra. La AFIP deberá reclamarle el pago del 35% en concepto de ganancias y el 21% por IVA, lo cual indica que deberá, en el futuro próximo, aportar alrededor de 600 mil dólares para cubrir su falta.
Algunos macristas se inclinaban por “dejar hacer, dejar pasar”, ya que luego de los escándalos de los Panamá Papers que involucran a Macri, su familia y varios de sus funcionarios, las cosas quedaron sin que la justicia hubiese avanzado.
Ahora, cuando se conozca a nivel masivo que el ex funcionario tiene que pagar 600 mil dólares a la AFIP, es posible que el ánimo de la sociedad sufra un nuevo golpe.
Jueces como Claudio Bonadío, Ariel Lijo o Canicoba Corral pueden hacer “la vista gorda” y mandar las causas a una vía muerta. El incidente generó controversias en el gobierno, y el diputado radical Mario Negri pidió la renuncia de Díaz Gilligan. Lo mismo hizo Fernando Sánchez, funcionario de Jefatura de Gabinete que responde a Lilita Carrió. Finalmente, Macri tuvo que ceder su peón de mala gana por el rechazo que produjo el caso en la sociedad.
Por lo pronto, hay una denuncia que presentó el diputado del Frente para la Victoria Rodolfo Tailhade, y que “cayó” casualmente en el juzgado del juez macrista, Claudio Bonadió y la fiscal Ángela Mangano.
El amigo, amigo de Macri
En su defensa pública se argumenta que se trató de una acción en favor de una empresa de Francisco «Paco» Casal, entonces con problemas legales con el fisco, razón por la que no podía ponerla a su nombre. Díaz Gilligan sostiene que lo hizo como un favor y por lo tanto, filantrópicamente, no cobró por la gestión.
No aclaró si, en el marco de su favor desinteresado, pagará personalmente los 600 mil dólares que tendría que abonar a la AFIP para blanquear su situación. El diputado Tailhade dijo que como funcionario de los gobiernos de Macri en la Ciudad de Buenos Aires y la Presidencia, Díaz Gilligan tenía la «obligación de presentar declaraciones juradas», como lo establece la ley de ética pública.
Las expresiones masivas del domingo en las canchas de River y San Lorenzo contra el presidente Macri, y el humor popular que expresa el deterioro del ánimo de la sociedad con el Gobierno, son el trasfondo en el que se desenvuelve el caso. Macri y Marcos Peña defendieron a rajatabla a Díaz Gilligan y contaban con que la intervención de Laura Alonso y su Oficina Anticorrupción no incidiría en su suerte.
Ahora, cuando se conozca a nivel masivo que el funcionario tiene que pagar 600 mil dólares a la AFIP, es posible que el ánimo de la sociedad sufra un nuevo golpe.
Respecto a Paco Casal, en 2002 la DGI uruguaya denunció que había evadido el impuesto a la Renta y el Patrimonio en operaciones de ventas de futbolistas por unos 9 millones de dólares. En 2008, luego de eludir hábilmente ese pago, supo que el Gobierno podría exigirle u$s 36 millones y con intereses, llegar a 100 millones.
La justicia embargó ese año los bienes de Casal y ocho socios por 25 millones de dólares y fijo la deuda en 104 millones. Casal operó sobre el Gobierno y logró, en noviembre 2011, que el ministro de Economía, Fernando Lorenzo, redujera su deuda a 10 millones de dólares y el plazo de prescripción de 10 a 5 años. Un escándalo que no tuvo mayor eco. Casal, en tanto, amenazaba con juicios al Estado, y una fiscal amiga pedía archivar la causa. El episodio complicó al gobierno de Pepe Mujica.
Casal es un hombre de armas llevar. En 2006, el entonces vicepresidente del club Peñarol, Juan Pedro Damiani, reveló que Paco Casal amenazó de muerte al dirigente de la Asociación Uruguaya de Fútbol Juan José Ramos.
En una reunión en Buenos Aires, Casal, acompañado por Nelson Gutiérrez, le advirtió a Ramos que no interviniera en un conflicto con Peñarol, y le aclaró que si «se metía en ese lío» podría pagarle a un camionero “para que le pasara con el camión por encima y arreglar para que pareciera un accidente”, según afirmó Damiani.
Con la renuncia de Díaz Gilligan, queda ahora por saber cómo cobrará la AFIP los 600 mil dólares que debe el ex funcionario que acaba de ser echado del gobierno de Cambiemos.
