Colectivo de trabajadoras y trabajadores de empresas estatales privatizadas se movilizan hoy

Desde las 9:00 hs de este miércoles,  trabajadores de las empresas privatizadas de SEGBA (Servicios eléctricos del gran Buenos Aires) y CORREO realizarán una jornada de difusión y reclamo frente al Congreso de la Nación.

El reclamo que expresarán es por el tratamiento de las leyes de reparación para las y los trabajadores damnificados por las privatizaciones, excluidos del pago del Programa de Propiedad Participada (PPP)

Cuando en 1989 el Congreso Nacional sancionó la ley de «Reforma del estado» (Ley 23.696) las empresas públicas mencionadas pasaron a la órbita privada.

La ley de Reforma del estado establecía el PROGRAMA DE PROPIEDAD PARTICIPADA; por el cual las y los trabajadores de las empresas afectadas al proceso de privatización pasarían a ser beneficiarias de un porcentaje del capital accionario de las empresas privatizadas.

Lamentablemente gran cantidad de los beneficiarios de este programa fueron excluidos de ese derecho que establecía la ley y a pesar de tres décadas de continuos reclamos siguen sin cobrar lo que les correspondía por ley.

Las personas damnificadas solicitan el tratamiento, en el Congreso Nacional, de los proyectos de ley presentados por el Diputado de la Nación, Juan Marino.

Los proyectos de ley establecen una indemnización para los ex agentes de la empresa de energía eléctrica SEGBA (Servicios eléctricos del Gran Buenos Aires) y para los ex agentes de la empresa de correo ENCOTEL; que no hubieran podido acogerse al Programa de Propiedad Participada o incorporados al programa hubieran sido excluidos. La norma también extiende esta indemnización a sus derechohabientes en el caso de fallecimiento de los titulares de esta reparación.

Las iniciativas legislativas presentadas por el Diputado Juan Marino cuentan con el apoyo de una docena de legisladores del Frente de Todos que incluyen entre otros a Vanesa Siley, Hugo Yasky, Itai Hagman y Sergio Palazzo.

Esta iniciativa retoma el camino de restitución de derechos que iniciara el Congreso Nacional y tiene como antecedentes los casos de las empresas privatizadas de SOMISA, Altos Hornos Zapla e YPF cuyos trabajadores se vieron impedidos de acceder al Programa de Propiedad Participada y obtuvieron respuesta a sus justos reclamos a través de respectivas leyes de reparación.