Chile debate con Bolivia bajo patrocinio británico
Escribe Alejandro C. Tarruella
Los abogados del imperio
El miércoles 28 de marzo, culminará en La Haya la rueda de testimonios de Bolivia y Chile en torno al diferendo debido al reclamo del país del altiplano, liderado por su presidente, Evo Morales, de contar con una salida al mar en el océano Pacífico. El diferendo, va en camino de generar un área de conflicto en el Pacífico sur que afecta al conjunto de la región. Esto se debe a al rechazo absoluto que presenta Chile y el gobierno de Piñera, que no descarta nacionalismo chauvinista y hasta ciertas dosis de racismo (actitud que las clases dominantes extienden a sus vecinos peruanos) para rechazar la petición boliviana. Para su defensa, el gobierno de Piñera, que sigue las pautas que estableció la cancillería de Michelle Bachellet que determinó quienes iban a constituir el núcleo central de la defensa de su país en La Haya, sostenido en uno de los estudios de abogados más poderosos del planeta, que sirven desde fines del siglo XVIII a la corona británica: Freshfields Bruckhaus Deringer.
Las deliberaciones se realizan a puerta cerrada y los magistrados intercambian sus impresiones que se ven reflejados luego en una suerte de minifallo que reciben por escrito los participantes. Luego, presentan un proyecto de resolución abierto a ser modificado. Tras una segunda lectura, el proyecto puede ser aprobado o rechazado oralmente y sin abstenciones. Si existe un empate en votos, el Presidente desempata. Es habitual que la decisión final se conozca entre nueve meses y un año, pasada la audiencia, y se da a conocer en audiencia pública en la Gran Sala de la Justicia del Palacio de la Paz.
De acuerdo al Pacto de Bogotá, del que forma parte Chile, se estableció el diferendo con Bolivia, aceptándose la competencia de la Corte Internacional de Justicia con sede en La Haya. Con el equipo de juristas chilenos, trabaja un grupo de abogados extranjeros experimentados en litigar en tribunales de Argentina, Reino Unido, Estados Unidos, Francia y Australia. El gobierno de Chile sostiene en su defensa, que no hay fundamento jurídico para la demanda boliviana en razón de que nunca ha asumido una obligación de negociar tanto en tratados o en declaraciones unilaterales.
Uno de los letrados del equipo chileno, el británico Sam Wordsworth, descartó en su argumentación que las notas diplomáticas de 1950 entre Chile y Bolivia conformen por sí mismas un tratado. Dijo que Chile no “estaba acordando de nada”, en las mismas y comparó documentos para sostener su hipótesis. «Bolivia pide que la Corte se centre en las declaraciones de Chile en 1948, del 23 de julio de 1948 en una declaración de Videla (ex presidente trasandino) donde lo que se ha acordado verbalmente es como si ya figurara por escrito», analizó Wordsworth. El abogado del equipo Chileno indicó que el 29 de diciembre de 1975 el presidente Banzer dijo que el acta de Charaña (que firmó junto al dictador Augusto Pinochet cuándos ambos eran gobernantes de facto) no se constituye en un elemento para dar lugar a una negociación entre Chile y Bolivia. Otro de los abogados que trabajan para la corona británica, Ben Juratowitch enfatizó que «no hay ninguna obligación que perdure desde el pasado» y definió que «Chile ha dicho muy claramente que no transferirá soberanía». Juratowitch es abogado socio y codirector de Derecho Internacional del Estudio Freshfields Bruckhaus Deringer de París, y ha intervenido en diferentes arbitrajes internacionales.
Hacia una negociación histórica
Precisamente, son los abogados ligados a la corona británica quienes dirigen la negociación chilena. La respuesta de Bolivia, se sintetiza en las palabras contundentes de Sacha Llorenty Soliza: “No hemos escuchado nada nuevo, Chile ha utilizado los mismos argumentos que ya fracasaron en la excepción preliminar”. El abogado chileno Grossman resumió así la situación actual del diferendo: “Cuando Bolivia dice ‘acceso soberano’, lo que quiere decir es cesión de territorio. Desde el punto de vista de Bolivia, esta obligación de negociar, esto nunca se termina hasta que Bolivia consiga el resultado que desea”. La preocupación de Chile pasa hoy porque, de existir un fallo favorable a Bolivia en la actual instancia, deberá abrirse la negociación en esos marcos. Y actúa hoy en consonancia con los intereses británicos que, mientras apoyan al país suramericano, se enfrentan históricamente con la Argentina por el diferendo de Malvinas con proyección a la Patagonia, que es la llave de la negociación de 2048 cuando se abre a revisión el tratado Antártico. Una de las claves de esa negociación será la soberanía sobre el continente blanco. A principios de 2014, Chile abrió una base permanente en la Antártida, con vistas a la revisión.
Este lunes Bolivia realiza sus últimos descargos finales y Chile lo hará el miércoles 28. Algunos recordarán entonces del 24 de septiembre de 2015, la Corte de La Haya estableció tres precisiones: escribió que “la primera y la más importante, es que Bolivia ha nacido con Litoral costero, un segundo elemento es de que el tema del acceso soberano al Océano Pacífico por parte de Bolivia, no es un tema que haya sido resuelto por el Tratado de 1904 y, tercer elemento, ha establecido que hay un tema pendiente”. Ese es uno de los argumentos que permite suponer que la resolución de la CIJ va a favorecer la continuidad de la negociación a los fines de dar una salida al mar a Bolivia con una franja territorial que le permita ejercer su derecho. Y qué es lo que rechaza Chile. En eso, va la posible desestabilización geopolítica de una zona clave del Pacífico sur.
