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CARTA AL PRESIDENTE FERNÁNDEZ POR EL INDULTO A MILAGRO SALA

Cuestionan el proceso de cada una de las causas contra la dirigenta social

El Comité por la Libertad de Milagro Sala, creado el 9 de marzo de 2016 reiteró el pedido de libertad para la dirigenta social del Movimiento Barrial Jujeño, Tupac Amaru.

La misiva, detalla: » con la presencia de representantes de provincias argentinas y de países extranjeros, integrado por referentes sociales, de la cultura, de las artes y del quehacer político e intelectual, se dirige a Ud. a fin de poner en su consideración los argumentos jurídicos y políticos que habilitan la aplicación de la figura del indulto a la dirigente Milagro Sala, ex parlamentaria de la Legislatura jujeña y del Parlasur, institución a la que oportunamente no pudo ingresar debido a la arbitraria e ilegal detención perpetrada por el amañado Poder Judicial de la provincia.

En distintas ocasiones Ud. se ha pronunciado en contra de tal detención y prolongado encarcelamiento.
También la ha llamado ”detención arbitraria” y ha señalado que los juicios contra Milagro han sido pergeñados con la intención de encarcelarla y no de hacer justicia.
Lo que estamos pidiendo en este momento lxs ciudadanxs es que la autoridad presidencial defienda a su sociedad de la discrecionalidad, la injusticia y el abuso de poder. Al respecto es preciso reiterar las circunstancias que definen el caso como de persecución política con propósitos de proscripción permanente.

° Desde el inicio del actual gobierno de la provincia de Jujuy, su Poder Judicial ha sido un apéndice del Poder
Ejecutivo, extremo acreditado a través de opiniones, comunicados, denuncias y trascendidos ampliamente
conocidos por la opinión pública. A tal punto que la feroz persecución a la organización Tupac Amaru mereció la
presentación en la Cámara de Senadores de la Nación de proyectos de intervención del Poder Judicial de la provincia de Jujuy
° Desde la detención de Milagro Sala sin objeto procesal, la persecución se centró en armar causas o exhumar las prescriptas
° Se ignoraron las pruebas ofrecidas por la defensa y se sometió a lxs encausadxs a citaciones en el tribunal sin
conocimiento de sus abogados defensores

° No se garantizó en los sitios de detención la seguridad ni la atención de la salud de lxs dirigentes hostigadxs.
° Se incumplieron en forma reiterada las disposiciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos referidas a la pertinencia y condiciones de la detención Señor Presidente, sabemos de su compromiso por preservar la vida y la libertad de importantísimos líderes latinoamericanos, actuando decisivamente para resguardar la del ex presidente Evo Morales y visitando en la cárcel al entonces candidato y hoy presidente electo de Brasil, Lula da Silva, víctima de una perfeccionada forma de persecución y proscripción ejecutada en democracia y que asola a la región con el nombre de lawfare.

Aludimos a estos acontecimientos porque este Comité considera el caso de Milagro Sala también un nítido ejemplo de persecución y proscripción política, que mereció la presentación en la Cámara de Senadores de la Nación de proyectos de intervención del Poder Judicial de la provincia de Jujuy.

Se esperaba desde hacía tres años el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, demora criticada también por usted, incalificable además cuando se halla en juego la libertad de las personas. Se esperaba que el máximo tribunal cumpliera su rol de control de la legalidad y revisara las nulidades presentadas por la defensa dando cuenta de las manifiestas irregularidades que rodearon el proceso. Por el contrario, una vez más la Corte, -en la que debería descansar la seguridad jurídica de la Nación-, actuó subordinada a intereses político partidarios subalternos situando a la Argentina en condiciones de ser reconvenida por organismos internacionales.

Clausurada esa instancia, encontramos reunidos los extremos para solicitar al Presidente de la Nación, haga uso de su atribución de indultar, sobre todo frente al pedido del gobernador Morales a su Fiscal para levantar la detención domiciliaria y hacer efectiva la inmediata reclusión penitenciaria.

Es nuestro propósito poner en su conocimiento y hacerle llegar el apoyo de amplios sectores de la sociedad argentina e internacional para los cuales el encarcelamiento y proscripción de Milagro Sala es una afrenta al prestigio internacional de Argentina en el campo de los derechos humanos y lesiva internacionalmente por la tolerancia pasiva del Estado nacional a una provincia donde no existe el estado de derecho.

Durante estos siete años nuestra labor ha consistido en desmontar la difamación y fake news acerca de Milagro y sus compañerxs cooperativistas, en dar a conocer a la sociedad la obra realizada en las provincias de Jujuy y de Mendoza, los miles de viviendas, polideportivos, centros de salud, fábricas, escuelas, realizados con la participación activa de la comunidad y de las poblaciones más desfavorecidas, obras y diseños que merecieron el reconocimiento internacional de las corrientes urbanísticas que preconizan la participación popular
como integradora e igualadora.

A esta tarea se sumó desde hace años el trabajo constante de la Red Internacional integrada por prestigiosas personalidades del exterior, quienes confirmaron su compromiso a través de presentaciones como amicus curiae de distinguidos especialistas y organizaciones de Francia, Canadá y Estados Unidos.

Prestigiosxs juristas y autoridades pertinentes afirman que la forma de intervención de la Corte ha configurado la causa como de carácter federal, habilitando legítimamente la aplicación de la figura del indulto.

La Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos expresó que con su fallo la Corte convalidó el lawfare contra Milagro Sala al abdicar de su deber de garantizar el debido proceso y al validar la proscripción política y la desmovilización social ejecutadas por las autoridades provinciales.

El pronunciamiento de la Directora Nacional de Promoción y Fortalecimiento para el Acceso a la Justicia, Gabriela Carpinetti ha establecido que la forma de intervención de la Corte ha configurado la causa como de carácter federal, habilitando legítimamente la aplicación de la figura del indulto y advierte sobre la necesidad de evitar que el Estado argentino sea condenado por incumplimiento de obligaciones internacionales.

Diputadas y diputados nacionales aseguraron que «el indulto no viola la división de poderes, ni desconoce la Constitución por lo cual no hay razón alguna para argumentar que se vería amenazada la democracia en la Argentina al utilizar este recurso legal». «Creemos firmemente -dijeron- que es tiempo de responder a esta detención política con una firme determinación política.»

El Dr. Eduardo Barcesat sostiene que la Corte en su fallo, al tomar el tema para rechazarlo y «no advertir irregularidades ni arbitrariedades» ingresó al fondo de la cuestión haciendo nacer la competencia federal, reforzada por la CIDH que le otorgó un carácter abusivo a la detención.

El Dr. Carlos Raimundi, embajador argentino en la OEA, en declaraciones a la prensa argentina ratificó efectivamente que la causa es de origen provincial pero que, al llegar en su fallo definitivo al rango federal, así la constituye, habilitando la vía del indulto, sobre todo -agregó- cuando todo el procedimiento judicial comprometió claramente los derechos garantizados en los Pactos Internacionales de Derechos Humanos incluidos en la misma Constitución. La CIDH – dijo- , no condena a la provincia de Jujuy, sino al Estado argentino, razón por la cual el indulto está absolutamente justificado no solo política, también jurídicamente.

Desde el inicio de la detención, los reclamos de libertad ante autoridades nacionales, regionales e internacionales del sistema de Naciones Unidas y de la OEA han sido reiteradamente presentados por los organismos de derechos humanos de Argentina.

En las últimas semanas, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), Fundación Memoria Histórica y Social Argentina, Familiares y compañeros de los 12 de la Santa Cruz, Familiares de Desaparecidos y detenidos por razones políticas, HIJOS Capital, Buena Memoria, Movimiento Ecuménico por los derechos humanos, Liga Argentina por los derechos Humanos, Asamblea Permanente por los DDHH de La Matanza, Comisión Memoria Verdad y Justicia Zona Norte presentaron ante el Sr. Presidente notas con esta misma solicitud. El Centro de Estudios Legales y Sociales y Andhes junto con otras organizaciones se han dirigido una y otra vez a la CIDH solicitando medidas de protección frente a la delicada situación de salud de Milagro.

La supremacía constitucional con relación a los límites del indulto también está en duda desde la lógica jurídica, la normativa tiene la clara intención de respetar las actuaciones de los poderes judiciales provinciales. Ahora, desde la lógica, y desde lo establecido en el sistema internacional de derechos humanos, y en particular en el Tratado de San José de Costa Rica, debemos asumir que si las justicias provinciales son corruptas y arbitrarias están contrariando el estado de derecho violentando la Constitución.

Por el contrario, el Poder Ejecutivo Federal debe actuar para remediar torpezas e injusticias cometidas contra lxs ciudadanxs en los territorios locales.
Como defensor de la calidad institucional y de la justa aplicación del derecho, usted acompañó a Milagro Sala
en circunstancias de gravedad. Es ahora como Presidente de la Nación Argentina, que le estamos exigiendo un compromiso mayor con la inmediata libertad de la compañera. El indulto a Milagro Sala será el acto más elocuente en esta defensa y otro gesto esperado para restituir el equilibrio de poderes en la República y la posibilidad de la equidad en la sociedad argentina» finaliza la Carta al Presidente firmada por una notable cantidad de personas e instituciones.

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