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Buscan modificar el Código Penal y ampliar las competencias de la UIF

De aprobarse la modificación se adecuaría a las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)

El objetivo es impedir el Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.

Las recomendaciones fueron dictadas en febrero del 2012 por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) «En esa oportunidad (…) se introdujeron nuevas medidas para combatir el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva y se requirió a los países que identifiquen, evalúen y entiendan los riesgos que enfrentan en la materia, posibilitando la aplicación de un enfoque basado en riesgo».

«El carácter complejo de estos ilícitos, el auge en las comunicaciones y las nuevas formas de operar financieramente transforman en imperiosa una reforma que permita actualizar el Código Penal y le otorgue a la UIF herramientas adecuadas al contexto actual, para prevenir e impedir el Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, de conformidad con los estándares internacionales vigentes», indica el escrito enviado por el Poder Ejecutivo.

Esta adecuación de la legislación es uno de los puntos solicitados por el FMI para avanzar con el acuerdo por la deuda contraída durante la anterior gestión.

La iniciativa introduce modificaciones en la legislación vigente, elevando las sanciones a los delitos de lavado de activos, financiación del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.

Por otra parte, se incluyen como sujetos obligados a las personas físicas o jurídicas que operen con activos virtuales, con foco especial en el mercado de criptomonedas.

De aprobarse la iniciativa la Unidad de Información Financiera (UIF) pasará a ser organismo descentralizado de la Administración Pública Nacional, en jurisdicción del Ministerio de Economía, con personería jurídica propia, que funcionará con autonomía y autarquía funcional, administrativa, económica y financiera.

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