A 40 años del Golpe, Avruj ratificó su acuerdo con la prisión domiciliaria para represores
A días del cumplirse el 40° aniversario del último golpe de Estado cívico – militar que sufrió la Argentina, las organizaciones de Derechos Humanos ven con preocupación el futuro de las políticas en esta materia, debido a la gran cantidad de despidos que se impulsaron en éstas áreas.
En entrevista con Agencia Paco Urondo, el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Claudio Avruj, se refirió a todos los rumores que circulan alrededor de la continuidad de las políticas llevadas adelante por el anterior gobierno, que sin duda constituyeron un hito fundamental de la gestión kirchnerista.
En primer lugar, el funcionario insistió en remarcar que «continuamos con esta política de continuidad de los juicios por delitos de lesa humanidad».
En ese sentido, relató que en la primera reunión del Consejo Federal de Derechos Humanos que se realiza en el marco del nuevo gobierno, «se buscó abordar nuevas áreas de trabajo que integran pueblos originarios, diversidad sexual, comunidades afrodescendientes, y lo vinculado a la cuestión de derechos humanos sobre delitos de lesa humanidad».
Consultado por la emisión de un documento extra-oficial al Consejo donde se exigía la inmediata liberación de la dirigente social Milagro Sala -por constituir su detención un grave atentado contra derechos humanos elementales-, Avruj desestimó la cuestión: «Lo que hubo fue una ponencia de parte de algún delegado sobre el tema de Milagro Sala, pero el Consejo Federal tiene la costumbre de que las resoluciones salgan por consenso, lo demás corresponde a manifestaciones individuales de cada uno».
Luego, expresó cuál va a ser el cambio que impulsará el gobierno de Mauricio Macri en ésta área: «Sostenemos la política de Memoria, Verdad y Justicia, pero sostenemos también otra parte de los derechos humanos. Lo que nosotros dijimos es que en el gobierno anterior se trabajó con exclusividad y con exacerbación acerca de que Derechos Humanos era Memoria, Verdad y Justicia y se dejó de lado lo otro», cuestionó.
Asimismo, volvió a ratificar su acuerdo con el otorgamiento del beneficio de prisión domiciliaria para condenados por delitos de lesa humanidad: «Nosotros somos respetuosos de la ley y la igualdad ante la ley de toda persona que esté condenada por delitos. La Justicia tiene la potestad de otorgar la prisión domiciliaria. Se tiene que determinar igualitariamente para todos los que tienen más de 70 y 80 años» argumentó.
No hubo vaciamiento, lo que hubo fue una reorganización de personal
Por otra parte, el funcionario también le contestó a la trabajadora despedida de la Secretaría, Sol Giles, quien denunció que el propio Avruj le había pedido que escribiera una columna editorial justificando “la salida de prisión de todos los represores que están cumpliendo condena por cometer delitos de lesa humanidad, aduciendo que merecen la prisión domiciliaria debido a causales que yo debía inventar”.
En la carta, Giles explica que algunos ejemplos para justificar la medida era “que sufren violencia institucional o tienen riñas con quienes comparten celda” que a la vez también están condenados por los mismos delitos.
«Es una falsedad absoluta» -sentenció Avruj-, «todo un invento para atacar porque la despidieron y porque se tomó la decisión de desafectarla porque no cumplía los requisitos necesarios para ocupar el lugar. Lo que ella diga carece de relevancia», expresó.
Finalmente, justificó los despidos masivos en el área de Derechos Humanos de la mayoría de los ministerios nacionales, siguiendo la misma línea que el presidente Mauricio Macri y todo su gabinete: la idea de «exceso de empleados estatales».
«Encontramos en el Archivo de la Memoria –como en todas las áreas del gobierno– un exceso de gente y hemos reorganizado el archivo que ahora trabaja al cien por cien, con todas sus atribuciones. No hubo vaciamiento, lo que hubo fue una reorganización de personal» disparó, y concluyó diciendo que la separación de Horacio Pietragalla al frente del mismo se debió a que «era una designación netamente política».
