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ATE: «NOS PRESENTAMOS ANTE EL COMITÉ DE DERECHOS DEL NIÑO DE LA ONU»

Denuncian al Gobierno nacional por políticas represivas contra las infancias.

Con un informe en el que denunciamos la gravísima situación de la niñez y adolescencia en nuestro país, donde 7 de cada 10 niños son pobres y el gobierno se preocupa más en reprimir que en trabajar para garantizar sus derechos.

Daniel Catalano, dirigente de ATE dijo: «La actual gestión de gobierno ha tomado decisiones que son contrarias al deber de garantía y cumplimiento en el acceso a los derechos de los niños, niñas y adolescentes de la República Argentina.

A partir de lo expuesto en el informe, desde la Asociación Trabajadores del Estado – Seccional Capital Federal, consideramos que *la actual gestión de gobierno ha tomado decisiones que son contrarias al deber de garantía y cumplimiento en el acceso a los derechos de los niños, niñas y adolescentes de la República Argentina.

Esta afectación de derechos se genera desde diferentes dimensiones como ser la degradación del rango institucional* del Organismo rector de políticas públicas en materia de niñez y adolescencia (de Secretaría de Estado a Subsecretaría de Estado). Al mismo tiempo que realizan *una drástica reducción del presupuesto destinado a las políticas públicas de niñez y adolescencia (- 75%) en términos reales. Por último, existe una eliminación y/o puesta en pausa de la ejecución de programas ya existentes, aun cuando algunos de ellos fueron creados por leyes nacionales.»

ACCEDA AL INFORME ATE

Otra de nuestras denuncias son los despidos masivos de trabajadores y trabajadoras del Organismo rector de políticas públicas de niñez y adolescencia; en su gran mayoría profesionales conmuchos años de experiencia en la temática.

Como si fuera poco, proponen un nuevo régimen penal juvenil contrario a los principios de la Convención de los Derechos del Niño y a la Ley 26.061; que pretende bajar la edad de punibilidad a los doce años de edad.

Las políticas represivas para la niñez y la adolescencia son la contracara de la disminución presupuestaria de las políticas de promoción y protección de derechos y el cierre de programas ya funcionantes; lo que concluye inevitablemente en un debilitamiento de todo el Sistema de Protección de Derechos de manera global.

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