ANTE UN FALLO REGRESIVO, UNA OPORTUNIDAD PARA AVANZAR EN NUEVOS DERECHOS

La reciente decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Acevedo, Eva María c/ Manufactura Textil San Justo s/ quiebra” no es un hecho aislado ni un tecnicismo jurídico inocuo.

Es, como bien señaló el senador Mariano Recalde, una regresión inadmisible en la protección de los derechos laborales. Pero más que eso: es una señal preocupante de hacia dónde se dirige el máximo tribunal del país, al ceder ante la lógica del ajuste permanente y relegar la dignidad del trabajo al último escalón de las prioridades estatales.

La Corte ha declarado inaplicable el Convenio 173 de la OIT, que reconoce prioridad a los créditos laborales en caso de insolvencia empresarial, argumentando que no fue ratificado por el Poder Ejecutivo. Sin embargo, dicho convenio fue aprobado por el Congreso en 1993 y durante más de tres décadas integró, con fuerza normativa, el corpus jurídico nacional. No es una omisión administrativa lo que desata este fallo: es una decisión política disfrazada de formalismo. Y como toda decisión política, tiene consecuencias concretas. Miles de trabajadoras y trabajadores verán postergado —o directamente anulado— el cobro de sus salarios y compensaciones, mientras el Estado se asegura el cobro de impuestos. Una injusticia doble: pierden quienes menos tienen, ganan quienes deberían protegerlos.

La decisión de la Corte Suprema no solo implica un retroceso en la protección de los derechos laborales: expresa, además, una preocupante orientación regresiva del máximo tribunal del país. En un contexto donde amplios sectores del Poder Ejecutivo se alinean con políticas de ajuste, y donde algunas decisiones judiciales desatienden el mandato constitucional de justicia social, es el Congreso de la Nación el que debe asumir con claridad su responsabilidad histórica. No puede ser un espectador pasivo frente al avance del capital sobre el trabajo. Debe actuar como mediador democrático de las tensiones estructurales entre esos intereses, garantizando que las transformaciones tecnológicas y económicas no se traduzcan en nuevas formas de desigualdad, sino en oportunidades de progreso colectivo.

Por eso, además de restituir la plena vigencia del Convenio 173 de la OIT y proteger los créditos laborales en contextos de quiebra, es tiempo de impulsar un nuevo pacto social y laboral que mire de frente al siglo XXI. Las plataformas digitales, los algoritmos de gestión laboral y la automatización imponen un rediseño urgente del derecho del trabajo. El Congreso debe sancionar una legislación moderna que reconozca nuevas formas de empleo, regule el uso de la inteligencia artificial y establezca mecanismos de control democrático sobre la renta que genera. La “renta básica universal”, en este marco, deja de ser una propuesta teórica para convertirse en una herramienta concreta de inclusión, dignidad y justicia distributiva.

Pero hay otro debate impostergable: la “redistribución del tiempo de trabajo”. En un mundo donde la productividad aumenta sin traducirse en bienestar, es imprescindible discutir la reducción de la jornada laboral sin pérdida salarial. No se trata solo de resistir el desempleo tecnológico, sino de avanzar hacia un modelo de vida donde el tiempo liberado del trabajo sea tiempo ganado para el desarrollo humano, la participación social, el descanso y el cuidado. Ese es el horizonte que debe guiar una política laboral transformadora: “menos precariedad, más derechos, más tiempo libre, más equidad”.
Defender los derechos conquistados es imprescindible, pero proyectar nuevos derechos es vital. La justicia social no es una consigna nostálgica sino una bandera de futuro. En un país donde el máximo tribunal prioriza la lógica fiscal por sobre la dignidad del trabajo, es la política —en su sentido más noble— la que debe dar un paso al frente. No basta con resistir: hay que avanzar por más y mejores derechos.

La historia de nuestro país demuestra que cada retroceso fue también la antesala de nuevas conquistas. Que esta vez no sea la excepción.

“La historia no se borra, la memoria no se clausura, la justicia no se negocia y la soberanía no se entrega”.

Por José “Pepe” Armaleo – Militante, abogado, magíster en Derechos Humanos, integrante del Centro Arturo Sampay.