Las organizaciones civiles se oponen al modelo industrial basada en la explotación de recursos con alto impacto ambiental en la Argentina. Catamarca se ve afectada por el denominado proyecto «Agua Rica» que perjudica al pueblo de ANDALGALÁ.
El Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir, publicó: «Nuestra hermana Rosita Farias nos cuenta: Vino la policía, no me detuvieron pero están vigilando la casa para controlar si las personas que están buscando vienen para acá. Soy la vocera de la Asamblea El Algarrobo. Sabemos que hay 8 detenidxs, se sabe que los van a trasladar a Catamarca capital.»
El día que el gobernador se trasladó al lugar, las mujeres expresaron que «lo responsabilizamos por permitir este grado de atropello y violencia institucional para con compañeros y compañeras que son quienes ponen el cuerpo para denunciar la actividad ILEGAL de la empresa Agua Rica, la policía debería estar allanando a los terricidas, no a quienes defienden el cerro.
Denunciamos también al gobierno nacional. Con cada anuncio de confinamiento por Covid la actividad minera aumenta. Nos encierran a nosotres, al pueblo y la megaminería avanza ilegalmente. Denunciamos que permitan estos operativos violentos en tantísimos territorios, el relato del cuidado y la protección de parte del presidente Alberto Fernández no se ve reflejado en la cantidad de operativos que suceden a diario. No naturalicemos la violación a los derechos humanos. No tienen licencia social para la Megamineria ni en Catamarca, ni en ningún lado»
Así bajo el lema «ANDALAGALA RESISTE», el Movimiento Pueblos Contra el Terricidio ~ Movimiento de Mujeres Indígenas por el buen vivir difunden los apoyos a quiene aún permanecen detenidos por llevar adelante las protestas en defensa de derechos humanos y ambientales en Catamarca.
Sobre el Ambiente Sano, el Agua y la Salud, el Estado Provincial de Catamarca tiene la obligación de garantizar y hacer efectivos los derechos humanos en relación a esos bienes jurídicos, y para ello también tiene deberes para su preservación y que esos derechos sean alcanzados.
El Estado Provincial de Catamarca, en el caso de Andalgalá, no cumple con esos deberes y viola esos derechos.
La población andalgalense autoconvocada decide cumplir con el deber de preservar el ambiente y el agua en defensa de su salud, la de la tierra y en consideración a las generaciones futuras; y en el ejercicio de la protesta social ante el proceder estatal de avanzar con la megaminería, no obstante que soberanamente el pueblo la prohibió mediante una ordenanza absolutamente constitucional, las personas son detenidas, por la orden de una fiscal (Soledad Rodriguez), otrora, abogada de las corporaciones megamineras.
Libertad a los compañeros/as presos, que aún siguen sin libertad:
▪ Sara Fernández
▪ Aldo Flores
▪ Walter Mansilla
▪ Matías Paz
▪ Enzo Brizuela
▪ Damián Abel
▪ Augusto Brizuela
Lo que sucede en Andalgalá además de revestir una gravedad por las detenciones arbitrarias y la persecución a vecinos y vecinas que resisten el avance de la megamineria, es un claro ejemplo de la crisis de la representavidad democrática e institucional que se manifiesta en el proceder autocráta de la gobernación de Catamarca y el pensamiento jurídico del medioevo de quienes integran la Suprema Corte de dicha, que cómplicemente con la corporación minera, solicitaron y declararon, respectivamente, la inconstitucionalidad de la ordenanza 029/2016 que prohibió la megamineria en el departamento de Andalgalá.
Las consecuencias de ese obrar que va en contra de la Constitución Nacional y los estándares de los tratados internacionales de derechos humanos, es lo que está sucediendo en estos días Andalgalá, donde su paz social está gravemente afectada por decisiones institucionales que van en contra del pueblo.
Un fallo inconstitucional del máximo tribunal provincial, detenciones arbitrarias, actividad contaminante de una empresa que viola el ambiente, una actuación autócrata del gobierno provincial en contra del bien común y la intervención del gobierno nacional para reforzar todo el modus operandi de ilegalidad, enviando a la maldita gendarmería como garante de un proceso megaminero que pretende arrasar con la legitimación y determinación democrática de un pueblo que tomo una decisión legalmente válida: No a la megaminería, mediante una ordenanza local, lo único legal, en todo este lío extractivo y de despojo.
Una ordenanza legal modelo.
La Ordenanza 029/2016 es de una riqueza argumental inobjetable, además de representar un modelo de ordenanza a tener en cuenta para el resto de los territorios, también amenzados por la megaminería.
Una ordenanza local como la 029/2016 es la representación más clara de la democracia participativa, donde las organizaciones y asambleas de la sociedad civil autoconvocada junto a los representantes políticos toman una decisión democrática formal, (por unanimidad !) en defensa del ambiente que habitan, en resguardo de los bienes ambientales esenciales como el agua de sus ríos, invocando el bien común y en consideración a las generaciones futuras. Más justo, legítimo y democrático que ello, no hay.
LIBERTAD A LOS PRESXS POLÍTICOS DE ANDALGALÁ
