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Alberto recusa a la Corte y paga con bonos a Larreta

El presidente Alberto Fernández informó las medidas que tomará el Gobierno ante el fallo de la Corte Suprema que ordenaba a pagarle a CABA unos 180 mil millones de pesos más de los que ya percibe por coparticipación.

“Estoy convencido de que la resolución carece de los fundamentos exigidos a toda decisión judicial y por lo tanto está viciada, afecta legítimos derechos de las provincias argentinas y quiebra la igualdad sobre la cual se asienta el federalismo en nuestra Constitución Nacional”, expresó mediante su cuenta de Twitter.

No obstante, tras apuntar que las decisiones judiciales “son obligatorias aun cuando las estime disvaliosas e injustas”, Alberto confirmó que se avanzará en el pago con bonos TX31 a la Ciudad de Buenos Aires.

En detalle

Así las cosas, instruyó al Jefe de Gabinete de Ministros a reasignar “los únicos recursos disponibles del ejercicio 2022 y los transfiera a una cuenta del Banco Nación a nombre del GCBA. “Siendo así, no habría lesión al derecho concedido a la CABA, a menos que el tribunal crea que existen ciudades de primera y provincias de segunda”, lanzó.

El Presidente precisó que la transferencia comprenderá, en bonos, el dinero correspondiente a 90 días de vigencia de la medida cautelar, a la espera del fallo definitivo, o “a una ley del Congreso que le asigne a este pago los recursos presupuestarios pertinentes”.

Recusar a los cortesanos

 Alberto anunció que instruyó al Procurador del Tesoro a presentar un recurso de revocatoria “in extremis” contra la decisión de la Corte Suprema.

También ordenó recusar a los Jueces del máximo tribunal: “Habiendo fijado posición sobre la cuestión de fondo al dictar la medida cautelar, han prejuzgado contra el Estado Nacional, perjudicando sus cuentas y afectando los recursos de las 23 provincias argentinas”.

Al Congreso

Por último, informó que instruyó al Ministerio de Economía a enviar al Congreso un proyecto de ley para tratar en sesiones extraordinarias en el que se prevean presupuestariamente los recursos necesarios para hacer posible cumplir la cautelar. “Dicha norma deberá preservar el sistema federal vigente; no afectar los derechos reconocidos a las provincias argentinas y compensar las pérdidas que esta medida cautelar les produce”, finalizó.

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