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Agente de la AFI complicó a Majdalani: reveló cómo espiaba a Cristina

Una agente de carrera de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) reveló que las autoridades del organismo ordenaron una serie de medidas para intentar darle “legalidad” a la vigilancia ilegal al Instituto Patria.

Según indicó a la comisión bicameral de Fiscalización y Seguimiento de Organismos de Inteligencia, después de que fuera descubierta la vigilancia de ese organismo sobre el Instituto Patria, se armaron los documentos, memos y oficios pata darle apariencia de legalidad a lo que era en realidad espionaje ilegal.

Al respecto, apuntó a la subdirectora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante el Gobierno de Cambiemos, Silvia Majdalani, señalándola como quien ordenó el armado de todos los documentos respaldatorios, según fuentes que accedieron a la declaración.

Asimismo, añadió que la exfuncionaria lo comunicó en reuniones de las que participaron Alan Ruiz (Jefe de Operaciones), Juan Sebastián Destéfano (Director de Asuntos Jurídicos) y Martín Coste (a cargo del área de Contrainteligencia). También, remarcó que la coordinación de la elaboración de los documentos estuvo a cargo de una persona a la que identificó como ex secretario del fallecido juez federal Claudio Bonadio, dijeron los portavoces.

“Las tareas de espionaje político siempre las hacían los agentes que ingresaron después de 2016”, pero que cuando se presentaban eventuales problemas “buscaban que los firmaran los directores de carrera”, como Coste, bajo la amenaza de “dejarlos sin trabajo si no se prestaban a hacerlo”, indicó.

Otro dato esclarecedor fue la existencia de áreas de operaciones y desgrabación de escuchas telefónicas en la oficina de Asuntos Jurídicos. Cabe marcar que dichas tareas en realidad correspondían en el organigrama oficial al sector de Contrainteligencia.

La agente que declaró este jueves ante los diputados y senadores de la comisión bicameral ingresó a la AFI (entonces SIDE) hace 16 años, es abogada, pasó por áreas como contrainteligencia y terrorismo y por su profesión estuvo siempre vinculada a cuestiones jurídicas. Los legisladores que recibieron su testimonio acordaron que no trascendiera su nombre para evitarle posibles presiones.

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