AFIP pide que el titular del HSBC no salga del país

La Administración Federal de Ingresos Públicos solicitó la medida a la jueza nacional en lo Penal Tributario 11, María Verónica Straccia, quien ya había dispuesto que el CEO del HSBC en Argentina, Gabriel Martino, debe solicitar autorización judicial si pretende viajar al exterior.
La AFIP también notificó al Banco Central -en virtud a la Ley de Entidades Financieras que permite que el organismo monetario rechace o apruebe la composición de directorios – que revea la posición de Martino frente al HSBC en el ámbito local.
El pedido del organismo tributario a la Justicia se sustenta en que recientemente se supo que Martino podría cambiar su posición en el banco y tener un lugar en el extranjero, lo que podría implicar el riesgo de fuga por parte del directivo de la entidad.
En su presentación, la dependencia que conduce Ricardo Echegaray pidió que Martino solicite autorización a la Justicia antes de viajar al exterior, que informe los motivos del viaje, además de indicar el destino, plazo y lugar en el que se hospedará.
Además de solicitar autorización, deberá informar el motivo del viaje, decir cuál es su destino en el exterior, el lugar donde se hospedará y precisar el lapso en el que permanecerá afuera del país.
La decisión de la jueza Straccia se suma a otra medida tomada por la justicia durante la víspera, para investigar si existe vinculación entre las firmas Torneos y Competencias, Full Play y Datisa, sospechadas por el pago de sobornos a dirigentes de la FIFA, con la causa que involucra al banco HSBC por la presunta facilitación de evasión fiscal mediante cuentas no declaradas abierta en su filial suiza.
En ese marco, el fiscal en lo Penal Económico, Claudio Navas Rial, solicitó que se libre exhorto a los Estados Unidos para que informe los contratos o acuerdos en los que intervinieron los empresarios argentinos Alejandro Burzaco, Hugo Jinkis y Mariano Jinkis como también a las firmas Torneos y Competencias SA, Full Play SA y Datisa SA.
El fiscal también requirió las constancias de los pagos que realizaron esos directivos y las empresas, y solicitó que se libre un exhorto a Uruguay para que brinde información sobre la firma Datisa.
En mayo, la justicia de Estados Unidos acusó a 14 miembros de la FIFA y de empresas privadas -entre ellos los tres empresarios argentinos y las compañías que representaban- por el pago de unos 150 millones de dólares en sobornos para obtener los derechos de televisación de los campeonatos organizados por la federación internacional de fútbol y sus regionales asociadas como la Conmebol.
A partir de la denuncia en los Estados Unidos y su alcance a nivel local, la AFIP denunció penalmente por presunta evasión tributaria, asociación ilícita fiscal y lavado de dinero a los argentinos Burzaco, Hugo y Mariano Jinkis, así como a las firmas que integraban.





