Acción gremial evita despido de Controladores de Seguridad
Se trata de trabajadores pertenecientes a la Junta de Seguridad en el Transporte
La Asociación del Personal de los Organismos de Control (APOC) expresó su satisfacción y reconocimiento ante la Resolución 221, mediante la cual se dejó sin efecto la Disposición N° 1/2025 de la Agencia de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación, que había dispuesto el pase a disponibilidad de trabajadores de planta permanente de la Junta de Seguridad en el Transporte (JST).
«Este paso representa un triunfo de la legalidad, del respeto a la carrera administrativa y de la defensa de la estabilidad laboral», resaltaron desde APOC.
En ese sentido, la Asociación sostuvo que «esta decisión restituye derechos que habían sido vulnerados a partir de medidas tomadas en el marco de decretos posteriormente rechazados por el Congreso de la Nación» y destacaron que «la medida devuelve tranquilidad y certidumbre a decenas de familias».
Así, celebraron el logro obtenido y remarcaron que, el mismo «fortalece a un organismo estratégico para la seguridad en el transporte de nuestro país. La estabilidad de sus equipos técnicos y profesionales no solo es un derecho de los trabajadores, sino también una condición indispensable para garantizar la calidad y la continuidad de las investigaciones y de las políticas públicas en la materia» y agregaron: «Valoramos la intervención de los poderes Legislativo y Judicial en defensa de la institucionalidad y el Estado de Derecho, que permitieron corregir disposiciones que desconocían el marco normativo vigente».
En este contexto, desde APOC se reafirmó «el compromiso de la organización sindical en la defensa de cada puesto de trabajo, con la estabilidad de los trabajadores y trabajadoras de los organismos de control y con el fortalecimiento de instituciones claves para la seguridad y la transparencia de la gestión pública» y aseguraron que continuarán» acompañando a los trabajadores de la JST y de todos los organismos de control en cada instancia donde sea necesario defender derechos y garantizar que el Estado funcione con eficiencia, estabilidad y profesionalismo».
