El ajuste y la misoginia como doctrina

En el marco de la reunión anual del Council of the Americas, ante un auditorio compuesto por empresarios, CEOs, inversores y funcionarios, el presidente Javier Milei volvió a ratificar su programa de severo ajuste fiscal, la apertura irrestricta de importaciones y la desregulación de la economía.

Sin embargo, el eje conceptual de su intervención se desplazó una vez más hacia la estigmatización de las luchas sociales: en un claro ataque dogmático, responsabilizó a los “pañuelitos verdes” y al movimiento feminista por la caída de la natalidad, argumentando que este fenómeno compromete el crecimiento económico y el sistema previsional del país.

El discurso presidencial intenta construir un chivo expiatorio simplista e ideologizado frente a dinámicas demográficas y socioeconómicas complejas. Al culpar al movimiento que conquistó el derecho al aborto legal y seguro por la baja en la tasa de natalidad, Milei no solo desconoce los factores estructurales que atraviesan la decisión de gestar —tales como la precarización laboral, la inflación en la canasta básica y la falta de políticas de cuidado—, sino que pretende responsabilizar de forma individual a las mujeres y disidencias por las deficiencias sostenidas del sistema económico y previsional.

Milei volvió a cuestionar la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), a la que consideró “una pasión por asesinar niños en el vientre de su madre”. El libertario vinculó la IVE con las dificultades demográficas, económicas y previsionales. “Estamos pagando muy caro la locura de los pañuelitos verdes. Hoy Argentina no llega a una tasa de crecimiento en la población y de natalidad que permite la reposición. Nos está costando en términos de crecimiento y ni les cuento en términos del sistema previsional”, dijo.

Esta narrativa niega la autonomía reproductiva como un derecho humano fundamental y reduce la vida de las personas gestantes a meros insumos demográficos para el sostenimiento del capital. En lugar de ofrecer respuestas concretas a la recesión, el aumento de la pobreza o el estancamiento del empleo, el Poder Ejecutivo recurre a la violencia verbal contra los feminismos para justificar el desmantelamiento del Estado y la quita de derechos.

Pese al tono enfático del mandatario, la recepción en el salón distó de ser entusiasta. El auditorio empresarial acompañó sus palabras con apenas algunos tibios aplausos, dejando al descubierto la cautela de un sector privado que advierte con preocupación la falta de solvencia técnica detrás de la retórica oficial.

La insistencia en culpar a los colectivos de mujeres por los desequilibrios macroeconómicos expone la deriva autoritaria y regresiva de un modelo que busca sostener el ajuste mediante el sesgo de género y la cancelación de derechos adquiridos.