Vallejos: «Tenemos una justicia de clase, a la que los sectores vulnerables tienen enormes dificultades para acceder»

Fernanda Vallejos, diputada nacional por el Frente de Todos, habló sobre las distintas reformas que intenta llevar a cabo el gobierno y sobre el rol de la justicia. Lo hizo en diálogo con AGENCIA PACO URONDO RADIO (domingos de 10 a 12, FM La Patriada).

Con respecto a la movilidad jubilatoria, ¿creés que puede llegar a ser judicializada en este momento en que se está hablando tanto del lawfare como del poder judicial que tanto representa a los poderes fácticos?

Fernanda Vallejos: Ojalá que no, que esa advertencia que hacía Cristina en su carta no ocurra. Si tanto la oposición y el poder judicial intervienen en la política económica del gobierno, tenemos que pensar en una democracia que se parece cada vez más a una cáscara vacía. Si los poderes democráticos elegidos por el pueblo y sobre todo cuando se prestan a cumplir con el contrato electoral que suscribieron con el pueblo a través de la plataforma y los compromisos electorales y que el pueblo avaló con su voto, no puede ser cumplido por la intervención de otro de los poderes del Estado que casualmente no está sometido al escrutinio popular, entonces resulta muy preocupante y muy triste para una democracia que a los argentinos y a los latinoamericanos nos ha costado muchísimo reconstituir. Tengo la expectativa de que el poder judicial ponga como quien dice las barbas en remojo y si eso no ocurriese el resto de los poderes del Estado, acorde a lo que dicta la Constitución y las leyes de Argentina, activen los resortes necesarios para que se pueda gobernar en función a lo que el pueblo ha decidido que ocurra desde que se produjo el gobierno; en definitiva, es un cambio en el régimen, en el modelo de política económica. Bastante hemos sufrido los argentinos y argentinas, después de recuperar con mucho esfuerzo un gobierno que viene a responder a ese mandato popular, que por intervención de un poder vitalicio eso no pueda ocurrir.

Ante la reforma judicial tan esperada, ¿Cómo ves esa posibilidad?

F.V: Ha sido un proyecto, no sé si lo podemos denominar una reforma en el sentido de su integralidad pero que sí tiene la vocación de empezar a ordenar lo que hace a una parte del poder judicial, que es la justicia federal y ordenar el fuero económico, darle además mayor agilidad ya que el problema de la justicia no se recorta solo a la discrecionalidad o del mandato de ciertos jueces o del mandato de la Corte Suprema de Justicia que es la cabeza de ese sistema y que lamentablemente vemos que muchas veces responden no al dictado de la Constitución y de las leyes por las que deben velar sino al mandato de los poderes fácticos, de las corporaciones económicas. Estimo que además tenemos un problema grave de acceso a la justicia. Uno observa lo que ocurre y creemos que esta es una justicia de clase, a la que los trabajadores y los sectores vulnerables tienen enormes dificultades para acceder a la justicia, y es un tema que hay que resolver. No puede ser que la justicia sea un servicio que se compra para aquellos que tienen recursos para acceder a ella. La justicia tiene que ser accesible para todos los ciudadanos y las ciudadanas en absoluta igualdad de condiciones.

Después de este ordenamiento hay una enorme deuda pendiente en materia de reforma judicial y un profundo reclamo de una mayoría ciudadana que aspira a una reforma de carácter integral que resuelva lo que venimos viendo con muchísima crudeza, no porque sea nuevo, pero sí desde el gobierno de Macri que tiene que ver con el lawfare, por la utilización de la justicia como un instrumento de disciplinamiento, de persecución a los proyectos políticos y a los referentes políticos que encarnan a esos proyectos, que tienen que ver justamente con cumplir las demandas populares, de las mayorías, y, de esa manera, se termina cercenando o prescribiendo a líderes populares a través de la utilización de instrumentos jurídicos.

Hay propuestas muy importantes, como las del doctor Zaffaroni que hace tiempo viene bregando con algunas ideas que a mi juicio son muy interesantes, como por ejemplo la ampliación del número de miembros de la Corte Suprema donde tienen la última palabra sobre la vida, la libertad, la propiedad, los derechos de las personas. Está funcionando con muy pocos miembros y hay que resolver sobre una diversidad de situaciones y de áreas para las que no hay especialistas en la Corte, y se da la paradoja de que secretarios o funcionarios inferiores terminan tomando decisiones trascendentes en última instancia sobre temas que resultan vitales para la ciudadanía o el desenvolvimiento de la propia república, y hay que pensar en tener una Corte mucho más completa y articulada, y con más capacidades para resolver mejor y más rápido, y eso tal vez permita despejar la discrecionalidad con la que se decide sobre qué temas la Corte interviene y cuales terminan durmiendo el sueño de los justos.

Como el caso de Amado Boudou, que es una prueba muy clara sobre qué temas elije la Corte tratar y cuales no…

F.V: En el caso de Amado Boudou estamos hablando de un caso que tiene envergadura institucional, en el marco de una causa absolutamente viciada, plagada de arbitrariedades, de irregularidades. Uno de los principales elementos que se consideran a la hora de plantear su condena fue el escándalo del primer testigo de la causa que fue comprado, una persona a la que la oposición (entonces gobierno) le pagó para que diga lo que tenía que decir. En un proceso con testimonios de ciudadanos que reconocen haber sido presionados para incriminar a determinados referentes políticos. Entonces es claro que esta situación amerita una revisión seria y conciente por parte de la Corte. Y somos muchas y muchos los que vivimos como muy lamentable este fallo donde en un tema de tanta importancia institucional no se toman la molestia de redactar los fundamentos por los cuales la máxima instancia del poder judicial toma una decisión o la otra. Es un ejemplo más, no es el único.

Por Martin Massad, para APU