Este jueves a las 9 horas se llevará a cabo la primera audiencia del juicio oral por el asesinato de Kevin Benega (9) en el despacho del juez Edmundo Rabbione, a cargo del Juzgado Criminal y Correccional N°61, en Av. de los Inmigrantes 1950, 3er piso. Allí la querella probará el incumplimiento de deberes de funcionario público del único imputado, el agente en funciones Daniel Andrés Stofd, prefecto a cargo del operativo durante aquella madrugada del 7 de septiembre de 2013, cuando en Villa Zavaleta se contaron 105 detonaciones de UZI y FAL en tres horas, producto de un enfrentamiento entre bandas ajenas al barrio en una zona liberada por la Prefectura Naval Argentina.
Además, el agente que todavía trabaja dentro de la Fuerza en Concepción del Uruguay, Entre Ríos, dijo que no escuchó la balacera por la lluvia. También adujo que la Plaza Kevin no se encontraba en la jurisdicción de la Prefectura, pero tanto las autoridades de esta Fuerza como de Gendarmería señalaron que la zona sí correspondía. De todas formas, Stofd tenía la obligación de intervenir incluso si hubiese estado por fuera de ella. El resto de los efectivos de la Prefectura involucrados en el delito fueron sobreseídos en etapa instructoria, entendiendo que respondían a Stofd, único canal de comunicación con el 911 y la información de cada llamado de denuncia.
El caso constituye un supuesto de graves violaciones a los Derechos Humanos, en tanto se produjo el deceso de un niño, en un enfrentamiento armado, con la aquiescencia de funcionarios de las Fuerzas de Seguridad.
El crimen de Kevin motivó la conformación de una comisión de vecinas y vecinos nucleados en las asambleas de La Poderosa para controlar el accionar de las distintas Fuerzas mediante recorridas diarias y la fiscalización de los operativos llevados a cabo por éstas. Así detectan situaciones de violencia policial y proceden a realizar las denuncias correspondientes, como también acompañar a las víctimas y sus familias. El dispositivo intenta promover la sanción de una ley que imponga el Control Popular de las Fuerzas de Seguridad. La iniciativa busca crear una institución ajena al Poder Ejecutivo, autónoma y autárquica, que garantice que los agentes, sean nacionales, provinciales o municipales, trabajen acorde a las normas que regulan su obrar, respetando las normas de la Constitución Nacional y los tratados internacionales de Derechos Humanos.
