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Vuelven a amenazar al juez que condenó a Etchecolatz: «Esta vez fue diferente»

En una entrevista con IB24,  Rozanski alertó que su familia también recibió amenazas de muerte. Tuvo que suspender su agenda que incluía un viaje a Salta. Ahora espera para iniciar un juicio por delitos de lesa humanidad que se arrastra hace más de 40 años.

El juez Carlos Rozanski, recordado por haber condenado al genocida Miguel Etchecolatz , fue amenazado de muerte. No es la primera vez que le ocurre, aunque en este caso la intimidación también fue para su familia. El modo de la amenaza «esta vez fue diferente», señaló el magistrado en una entrevista con este diario.

Rozanski no quiso dar presiones sobre la amenaza, debido a que hizo la denuncia y está siendo investigada. El magistrado recibe intimidaciones de forma reiterada desde hace varios años, luego de que condenara a perpetua a Etchecolatz por los delitos de secuestro, torturas y asesinatos.

El juez debió cancelar su agenda de trabajo que incluía un viaje a Salta para cerrar las primeras jornadas nacionales de la Niñez, organizadas por el Colegio de Psicólogos de la provincia de Salta y convocadas por Federación de Psicólogos de la República Argentina (FREPA).

 «No sé de dónde provienen las amenazas», dijo a IB24. Por el caso Etchecolatz, la médica que impidió que el genocida vaya a su casa encontró a su perro muerto y al cuchillo ensangrentado en la puerta de su domicilio, horas después de que impidieran su salida.

Rozanski fue noticia en estas últimas semanas, porque denunció aprietes en los medios. Al informe de Jorge Lanata que aseguraba que estaba con un pie fuera de la justicia, se sumó un mensaje de la periodista Romina Manguel, que aseguró que haría un perfil «con o sin su opinión».

En el Consejo de la Magistratura también recibe presiones. Le hicieron una denuncia por «prevaricato» que pone en duda la parcialidad del magistrado al afirmar que mantiene vínculos de amistad con muchos de los querellantes de sus causas.

«Hay presiones para terminar con los juicios de lesa humanidad», había dicho Rozanski en una entrevista hace pocas semanas, luego de que se conociera que el genocida Etchecolatz quedó a un paso de irse a su casa, como lo consiguieron 50 represores desde que comenzó el año.

En la actualidad hay una persona detenida por las amenazas que el juez recibió en 2015, cuando interpretó que los llamados y los e-mails intimidatorios eran para frenar los juicios de lesa humanidad.

Ahora Rozanski está en boca de todos porque el fallo que dictó junto al tribunal Oral Federal I de La Plata que preside impidió que Etchecolatz vuelva a su casa.

Por las amenazas reiteradas, Rozanski no puede dar inicio al juicio contra dos civiles que integraban la organización paramilitar Concentración Nacional Universitaria (CNU) en La Plata, Carlos «El Indio» Castillo y Juan José «Pipi» Pomares.

Castillo está acusado por su participación directa en el secuestro y homicidio de Carlos Antonio Domínguez y en el secuestro de Roberto Fiandor, ocurridos el 12 de febrero de 1976; y en el secuestro y homicidio de Leonardo Guillermo Miceli, del 19 de abril del mismo año, en ambos casos con robo y violación de los domicilios de las víctimas.

¿Hará algo el Gobierno o volverá a decir que sólo es una problema de la Justicia?

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