Preocupación en el Senado bonaerense por el ataque de policías a periodistas en un acto de Vidal


El Senado de la Provincia de Buenos Aires declaró “preocupación” por los ataques cometidos por policías bonaerenses contra dos trabajadores de prensa cuando el 2 de junio cubrían la presencia de la gobernadora, María Eugenia Vidal, en una reunión de ADEPA, la cámara de empresas periodísticas. 
La resolución del Senado fue enviada a Vidal, de quien no se conoce una toma de posición sobre este hecho que impidió el trabajo periodístico y representa, por consecuencia, un ataque a la libertad de expresión.
   La declaración dice textualmente: “El Honorable Senado de la Provincia de Buenos Aires manifiesta su preocupación por el accionar de los oficiales de la Policía Bonaerense, quienes, sin portar identificación ni uniforme, habrían agredido y detenido a dos camarógrafos que se encontraban en un evento de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) en el Teatro Municipal de la ciudad de Bahía Blanca”. El texto lleva la firma del presidente del Senado, Daniel Salvador, y del secretario legislativo, Mariano Mugnolo.
  
   Claudio Videla y Mara Solís, trabajadores de prensa de Bahía Blanca, fueron detenidos en forma arbitraria y violenta por parte de policías bonaerenses y personal de seguridad al servicio de Vidal cuando asistió a una reunión de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA).
   El ataque, dijeron ambos trabajadores, y lo denunciaron en sede judicial, incluyó agresiones físicas, detención ilegal y manipulación y deterioro de sus instrumentos de trabajo.
   El camarógrafo Videla comenzó a tomar imágenes del momento en que la seguridad del Teatro Municipal, donde se realizaba el acto con la gobernadora, le bloqueó el paso a una mujer en silla de ruedas, Analía Larrea. Los agentes la emprendieron contra el camarógrafo, a quien retiraron del lugar por la fuerza, intentaron apropiarse de su cámara y lo obligaron a ascender a una camioneta de color blanco, sin identificación.
  
    Aunque los agresores no se identificaron como policías, lo llevaron detenido, le aplicaron golpes y le produjeron asfixia parcial dentro del vehículo, para que entregara su cámara. Ya en la comisaría, le arrebataron la tarjeta de memoria y se la devolvieron dañada.
    Simultáneamente, la también camarógrafa Mara Solís había comenzado a registrar las agresiones y la detención arbitraria de su colega, por lo que también fue retirada por la fuerza por personal policial femenino que la llevó a una comisaría y la mantuvo detenida en una celda. Allí le quitaron todas sus pertenencias y la obligaron a desnudarse, porque también querían apropiarse de la tarjeta de memoria de su cámara.
   Ante estos hechos, COMUNA reclamó a Vidal y al ministro de Seguridad, Cristian Ritondo, el esclarecimiento inmediato del ataque y la aplicación de las sanciones que pudieran corresponder. Además, informó del hecho a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
   Junto a la presentación en sede judicial, los periodistas atacados reiteraron la denuncia de los hechos el 5 de junio en el programa “Tarde para clases” de Radio Universidad de Bahía Blanca.
   Además, Claudio Videla dijo a COMUNA que “no se puede creer o resulta muy llamativo que en un lugar en el que había tantos periodistas, tantos camarógrafos, fotógrafos de tantos medios que se encontraban cubriendo ese evento, ninguno tomó registro de lo que me hicieron a mí y a Mara. Es llamativo que nadie haya ayudado o al menos interesado por lo que le estaban haciendo a Analía Larrrea, que está en silla de ruedas y le impedían el ingreso a la sala”.
   Posteriormente, ambos trabajadores publicaron en su espacio web La Sexta Radio y en la página homónima de Facebook un video que resume lo sufrido por ellos el 2 de junio. Ese video contiene segmentos de grabaciones que pudieron recuperar de las tarjetas de memoria arrebatadas y dañadas por los policías. Allí se pueden observar y escuchar claramente las agresiones recibidas por parte de las fuerzas de seguridad de Vidal.
   Pese a la vulneración del derecho a la libertad de expresión y la afectación del derecho del público a recibir información, no se conoce reacción alguna de la gobernadora, quien hizo campaña electoral acusando al gobierno de entonces de condicionar la labor de la prensa. Más aún, en la tarde de los golpes y la detención de ambos trabajadores difundió un mensaje por redes sociales en el que afirma que estuvo en la reunión con los empresarios “hablando sobre la libertad que deben tener los medios para poder comunicar con la verdad”.
    Tampoco ADEPA, que dice ser una entidad defensora de la libertad de expresión, se pronunció sobre estos ataques.

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