Persecución mediático-judicial contra CFK: Dictaminan su procesamiento y embargo


El intento de proscripción política a través de la persecución mediático-judicial, contra la dos veces presidenta de la Nación y dirigente opositora de mayor envergadura nacional, Cristina Fernández de Kirchner, por parte de los jueces adeptos al gobierno neoliberal de Mauricio Macri, se profundiza. El juez federal Julián Ercolini, el mismo que la semana pasada sobreseyó a Héctor Magnetto, Ernestina Herrera de Noble, Bartolomé Mitre y Guillermo Juan Gainza Paz en la causa de lesa humanidad conocida como Papel Prensa, dictó el procesamiento y un embargo por $10 mil millones contra la dirigente nacional, por “orientar” obras públicas viales en beneficio del Grupo Austral, del empresario Lázaro Báez.

El juez federal Julián Ercolini procesó a la presidenta (MC) Cristina Fernández de Kirchner, por asociación ilícita y administración fraudulenta agravada, y le trabó un embargo de $10 mil millones, por “orientar” obras públicas viales en beneficio del Grupo Austral, del empresario Lázaro Báez.

En esta misma sentencia, de profundo carácter persecutorio mediático-judicial, contra la referente nacional de la oposición que mejor mide en todas las encuestas para ocupar una banca de Senadora en las elecciones de medio término que se desarrollarán en 2017, también quedaron procesados el actual diputado nacional, y ex Ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, el ex secretario de Obras Públicas, José López, y el empresario Lázaro Báez, entre otros.

CFK, a través de su cuenta de Facebook: “Ercolini, con esposa vocera del ministro de Justicia macrista, en una causa que lleva más de 8 años en su juzgado ahora dice que nuestros Gobiernos constitucionales fueron asociaciones ilícitas. ¿Procesará también al 46% y al 54% que nos votaron en el 2007 y el 2011?”

Según el procesamiento dictado por el juez federal Julián Ercolini, la acusación contra la dos veces presidenta de la Nación, y el resto de los ahora procesados, es por “haber formado parte de una asociación, la que habría funcionado al menos entre el 8 de mayo del año 2003 y el 9 de diciembre de 2015, destinada a cometer delitos, para apoderarse ilegítimamente y de forma deliberada de los fondos asignados a la obra pública vial, en principio, en la provincia de Santa Cruz”.

La imputación por esta causa, había sido pedida por los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques -hermano del actual viceministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques-.

 

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