Edgardo Rovira: El cuento de la productividad para ajustar salarios

La nota de tapa del domingo 7 de mayo del diario La Nación, bajo el título “El Gobierno quiere que en las paritarias se discuta la productividad”, expresa ese deseo de Macri, casi apasionado, de bajar el costo del empleo ajustando el salario.

El Presidente dejó en claro en varias oportunidades que “cada vez que un gremio logra reducir la jornada horaria, cada argentino lo está asumiendo como un costo, y no está bien”, por eso, nos ha pedido a los argentinos que reflexionemos, que nos “alejemos de lo que pasó en los últimos tiempos, donde creció el ausentismo, las licencias, las jornadas horarias reducidas”, por eso pide que trabajemos “sábados y domingos”, que hagamos flexible los días y horas laborables para los que quieren trabajar más. Está convencido que la única manera de lograr un crecimiento es flexibilizando las condiciones de trabajo y condicionando los aumentos de salario a la productividad como hizo Domingo Cavallo en los 90´ cuando era Ministro de Economía de Carlos Menem, basándose en normativas del FMI y del Banco Mundial.

Hablar de productividad en un país cuyos datos económicos se desploman producto de las políticas de gobierno que generaron estanflación es, como mínimo, cínico

Hablar de productividad en un país cuyos datos económicos se desploman producto de las políticas de gobierno que generaron estanflación es, como mínimo, cínico. La ilusión de un repunte de la actividad económica, al margen de “brotes verdes” y algún que otro número positivo sectorial y circunstancial, son una operación del Gobierno Nacional apuntalado por el aparato de los medios hegemónicos de comunicación para legitimar políticas que están destruyendo el aparato manufacturero nacional. En 2016 los indicadores cayeron, PBI -2,3%, Construcción -12,7%, Industria -4,7%, Consumo -10%, entonces, ¿cómo podemos hablar de acomodar los salarios a la productividad si la producción y las ventas se desploman mes a mes? La profundización del déficit industrial superó los u$s 8.200 millones, el mayor rojo para un comienzo de año de la historia Argentina. La recesión claramente sigue fuerte.

Macri presenta el ajuste de los salarios por productividad como un instrumento de justicia distributiva hacia el interior de la masa salarial, pero no lo es de ninguna manera. Una cosa es la productividad del trabajador, sólo posible de medir en condiciones particulares muy restringidas, y otra cuestión muy distinta es la de un sector, que pueda tomar como referencia el PBI. Las diferencias de productividad de cada sector propicia una asignación inequitativa y produce que un trabajador igual de calificado y formado que otro reciba un salario menor por la dotación de equipo y maquinaria con la que realiza su trabajo. La productividad no sólo depende del tamaño del staff de trabajadores y su organización sino de condiciones de producción sujetas a decisiones patronales y a planes de producción dependientes de variables superestructurales que siempre son desfavorables para el trabajador.

La CEOcracia nacional que cumple funciones en el Estado, busca convertir los salarios de los trabajadores en rentabilidad propia, tan simple como eso

La OIT define a la productividad como “la eficacia con la cual se utilizan trabajo, recursos, insumos y demás factores que normalmente intervienen en la producción, incluyendo la calidad de la gestión y del producto, el progreso técnico, la paz social, las políticas oficiales, etc”. Para lograr aumentos en la productividad, conforme a lo que dice la OIT, serían necesarios avances tecnológicos, mejoras en la calidad del capital humano disponible, la optimización de la competitividad en los mercados, la ampliación de los recursos destinados a la investigación, el desarrollo y la inversión en general, a la solidez y firmeza de la demanda agregada, a las relaciones macroeconómicas que impactan en la eficiencia de la producción y en el comportamiento de la competencia.

La CEOcracia nacional que cumple funciones en el Estado, busca convertir los salarios de los trabajadores en rentabilidad propia, tan simple como eso. Hablar de productividad es empeorar las condiciones laborales de los trabajadores a cambio de una suma de dinero que apenas permite llegar a mitad de mes. Entonces, ¿por qué los aprobamos?

En el acuerdo entre el Gobierno Nacional, los empresarios y petroleros, los trabajadores perdieron remuneraciones adicionales, se despidió personal por restructuración de formaciones operativas para, según los empresarios, ganar eficiencia (eso resultó en baja de las dotaciones de personal de los equipos de investigación, perforación y completación de pozos). Se aceptaron contratos temporales con posibilidad de suspensión o cancelación en caso de que el proyecto lo demande. Y los empresarios consiguieron pagar sólo por las horas trabajadas efectivamente. Por otra parte, se reguló la “mulifuncionalidad” en las operaciones en equipos de torre y en las actividades de operación y mantenimiento, que pueden ser exigidas por los empleadores sin oposición alguna.

La discusión salariar no tiene que estar condicionada ni a la productividad ni a ningún otro rubro en particular. Tampoco puede pensarse un acuerdo salarial fijado desde afuera de los sindicatos o con una lógica que sea contraria a los intereses de los trabajadores, como pretende Jorge Triaca desde el Ministerio de Trabajo.

Las paritarias avanzan lentamente, con muchos conflictos, hasta ahora cerraron algunas con “cláusula gatillo” o por 6 meses, y los aumentos fueron entre el 20% y 24%, muy por arriba de las “Metas de Inflación” propuestas por Macri y Sturzenegger del 17%. Pero el salario perdió -6,6% de poder adquisitivo en 2016, este año las consultoras estiman una inflación de entre el 24-27%, el gobierno de Macri impone techo de paritarias en 17%, por lo tanto, los trabajadores estarían perdiendo otro 10% este 2017.

Hay que aclarar que ese retroceso fue más pronunciado en los deciles de sueldos más bajos, donde el aumento de los servicios públicos y los alimentos, los rubros que más subieron en el año, impactan con más virulencia en su esquema de gastos. Por esta razón, mientras que la inflación para el sector asalariado entre noviembre del 2015 y el mismo mes del 2016 fue en promedio del 41,3%, para los empleados con remuneraciones menores esa suba rozó el 47%.

Discutir salarios por productividad, en lugar de hacerlo por el Índice de Precios al Consumidor, permite que los salarios se depriman sin límites, salvo algunas excepciones puntuales, de algunos sectores beneficiados por el modelo que les permiten aumentar la productividad.

Recordemos que es una falacia eso que el macrismo dice que los costos laborales de la Argentina son los más altos de la región. Argentina pasó de un modelo con “Metas de Crecimiento” con inclusión, a un modelo de explotación con “Metas de Inflación”. La variable de producción es la excusa de Cambiemos para flexibilizar definitivamente el trabajo.

Nunca la productividad puede condicionar, por sí sola, el precio mínimo y justo del trabajo, ya que no depende su valor del trabajo mismo ni de cómo se efectúa la prestación contractual, sino de factores que le son ajenos y que escapan al estricto control del asalariado.

En el domino de la pura productividad laboral, para obtener un mayor salario no se toma en cuenta en forma exclusiva la fuerza laboral del asalariado, como señala la Ley de Contrato de Trabajo. En ese caso, hay que entender que la fuerza de trabajo aplicada, si bien puede obtener mayor producción, no garantiza el logro de mayor productividad ni el pago de un salario justo.

Nunca la productividad puede condicionar, por sí sola, el precio mínimo y justo del trabajo, ya que no depende su valor del trabajo mismo ni de cómo se efectúa la prestación contractual, sino de factores que le son ajenos y que escapan al estricto control del asalariado.

Ningún trabajador puede aceptar sosegada y cautelosamente que se pretenda imponer un modelo de negociación condicionado, violatorio de la ley y los convenios internacionales, cuyo fin es el de permitir transferir el riesgo contractual empresario al trabajador, obstaculizando la libre negociación de los genuinos aumentos salariales.

Las medidas del gobierno de Macri implican cambios insoslayables en la distribución del ingreso. Ese proceso de transferencia afecta la calidad de vida de los trabajadores al reducir el poder adquisitivo, a la par que expone a la economía argentina a mayores agotamientos.