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AMIA: «Si Menem sabe algo que lo diga»

En la tercera jornada del juicio por el encubrimiento del atentado a la AMIA, el abogado del expresidente Carlos Menem pidió que se lo releve del «secreto de Estado» para poder declarar. Sin embargo, la fiscalía y las querellas rechazaron su estrategia y recordaron que el planteo ya había sido desestimado por los jueces. 

El juicio por el desvío de la investigación del atentado a la AMIA en 1994 se retomó con los planteos de las defensas. Los primeros fueron las de los abogados del ex juez Juan José Galeano señalado como autor del encubrimiento que hizo fracasar la investigación del atentado. Entre los acusados hubo tres ausentes: el ex presidente Carlos Menem que por problemas técnicos evitó incluso seguir el debate por videoconferencia, como estaba previsto; su entonces secretario de Inteligencia Hugo Anzorreguy, y la única mujer que figura entre los acusados, Ana Boragni también por cuestiones de salud.

Como en las primeras dos audiencias el ex presidente no estuvo en la sala. Su abogado Omar Daer aseguró que si su defendido hablaba en el juicio “podría afectar intereses de la Nación” y “el rompimiento de la convivencia pacífica”. Es por el rol que ocupó estuvo en contacto con servicios de inteligencia de otros países, como la CIA o el Mossad. Mencionó que para esto su defendido debería contar con el aval del Senado para interrumpir el secreto de Estado que lo compromete, dado que sus dichos o la información que pueda aportar “podrían afectar las relaciones con otros países ‘partícipes’ o “investigadores del atentado» informó a Infojus.

Que diga lo que sabe de una vez por todas

El actual senador Menem está imputado como “instigador” del encubrimiento y por el delito de abuso de autoridad. La causa que investiga estos hechos comenzó en el año 2000, cuando Claudio Lifschitz, un ex prosecretario en el juzgado encabezado entonces por Juan José Galeano contó en los medios que el juez y el gobierno de Menem habían convenido desestimar las pistas que llevaban a los Kanoore Edul, una familia -por amistad y negocios- cercana a la presidencial.

Después llegó el turno de la defensa de Hugo Anzorreguy, el abogado amigo de Menem que ocupó la jefatura de la SIDE durante su presidencia. Volvió a resguardarse sobre “el secreto” que le imponía su cargo. Un punto sobre el que deberán resolver los jueces, con los antecedentes de levantamiento dispuestos por el Poder Ejecutivo en relación a los hechos vinculados al atentado en la mutual.

«Si Menem sabe muchas cosas del atentado y las cayó durante 21 años quizá este juicio sea el espacio en el que, por honor a las víctimas, las diga de una vez para que ellas puedan encontrar un mínimo resarcimiento», advirtió el abogado Rodrigo Borda, representante de la querella de Memoria Activa. «Que diga lo que sabe de una vez por todas», sentenció.

Además, su defensor Omar Daer pidió al Tribunal Oral Federal 2 que declare la nulidad de su procesamiento por encubrimiento del atentado, al considerar que la llamada «pista siria» se investigó durante nueve años sin hallarse elementos que comprometan al empresario supuestamente implicado Alberto Kanoore Edul.

También pidió medidas de seguridad en caso de que el Congreso Nacional releve a Menem del secreto de Estado y sea indagado en esas circunstancias.

El planteo fue hecho por el defensor del actual senador nacional por La Rioja ante el Tribunal Oral Federal 2, en una nueva audiencia del juicio por delitos cometidos en la investigación del atentado a la AMIA, dedicada por completo a escuchar los llamados «planteos preliminares» de los acusados.

El Tribunal dispuso un cuarto intermedio hasta las 15.30 para escuchar las respuestas de la fiscalía y las querellas a todos los planteos, algo que insumirá el resto de la jornada.

Agregó que «la obligación que tiene el doctor Menem de guardar el secreto de Estado está claramente respaldada por los actos de Gobierno y su declaración no relevado del secreto puede llevar a romper la convivencia pacífica con los terceros intervinientes», agregó.

El ex presidente y el ex jefe de la SIDE nuevamente no estuvieron en la audiencia. El letrado de Menem aseguró que si su defendido hablaba en el juicio “podría afectar intereses de la Nación”. Y Anzorreguy volvió a resguardarse sobre “el secreto” que le imponía su cargo.

Menem siguió el debate por videoconferencia junto a otro de sus abogados, en una jornada en la que se ausentó también el ex titular de la SIDE Hugo Anzorreguy, quien tenía una internación programada para estudios médicos, según informó su defensa.

Daer pidió que el Tribunal pida al Congreso Nacional que se releve a Menem de su obligación de guardar secreto, planteo al que adhirió luego la defensa de Anzorreguy.

Sobre la acusación concreta por encubrimiento, Daer argumentó que debe declararse nulo el procesamiento porque «nos falta la figura principal, que es el autor inmediato del hecho».

«Hay prueba intexistente e insuficiente, estamos en un juicio por cuestiones colaterales y no para tratar de descubrir la verdad sobre el triste atentado» del 18 de julio de 1994, agregó.

Con anterioridad, la defensa del destituido ex juez federal Juan José Galeano planteó la nulida de su procesamiento por el pago ilegal a Carlos Telleldín, al sostener que ya fue sobreseído por ese delito y se viola la garantía que prohíbe el doble juzgamiento.

Pero la Corte Suprema de Justicia de la Nación anuló el sobreseimiento a Galeano por considerarlo «irrito» en relación al fallo dictado por el también ex juez federal Gabriel Cavallo, quien investigó a su entonces colega por los 400.000 dólares que recibió Telleldín para involucrar a policías bonaerenses.

Tanto la defensa de Galeano como la de los ex fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia reclamaron la nulidad de la lectura parcial de los requerimientos de elevación a juicio.

La defensa oficial de los dos ex fiscales del caso cuestionó además la calidad de querellantes del ex comisario Juan Jose Ribelli, preso casi nueve años por el atentado hasta que fue absuelto.

También se cuestionó el rol de querellante del Ministerio de Justicia, entre otros.

Como parte de los planteos preliminares, las defensas entendieron que algunos delitos están prescriptos, otros carecen de fundamentación en las acusaciones y otros ya fueron juzgados.

Una vez que estén resueltas todas las cuestiones preliminares, algo que podría ocurrir el jueves próximo, podrán comenzar las declaraciones indagatorias de los procesados.

La defensa de Galeano

El ex juez Galeano fue el último en ingresar a la sala. Apenas minutos después de las 9.30 ocupó su lugar en la primera fila, detrás de sus abogados, los cordobeses Darío Vezzaro y Daniel Rubinovich. El primer planteo que hicieron fue volver sobre un punto conocido por el ex juez. Aseguran que su representado ya fue juzgado por proponer, gestionar y lograr que Carlos Telleldín –el último tenedor de la Trafic que se habría utilizado para el atentado- cobre 400 mil dólares de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) para involucrar en el atentado, con pruebas falsas, a un grupo de policías de la Bonaerense.

No es la primera vez que Galeano plantea que ya fue juzgado y sobreseído por este hecho. Lo hizo ante la Corte Suprema, donde intentó dar por tierra el inicio de este juicio que lo tiene entre los imputados. Entonces, y ahora sus defensores, insisten que hace 18 años fue sobreseído por este pago por el entonces juez Gabriel Cavallo. Se refieren a la denuncia que en 1997 presentó en su contra Juan José Ribelli –uno de los ex policías Bonaerense que ahora lo acusa- que por entonces recibió un video donde se ve al juez negociando con Telleldín el cambio de la declaración.

En el juicio están acusados Galeano, Menem, Anzorreguy, el ex titular de la DAIA Rubén Beraja, los ex fiscales Mullen y Barbaccia, el ex comisario federal Jorge Palacios, el útimo poseedor de la Trafic que detonó como cochebomba Carlos Telleldín, entre otros.

Las audiencias de este juicio se realizan los días jueves, en la “sala AMIA”. La misma que en 2001 fue construida para albergar a los 20 acusados por el atentado, sus abogados y los familiares de las 85 víctimas, que después de tres años de debate concluyó con la anulación de todo lo actuado por Galeano. Lo único que quedó firme fue la sala en el subsuelo de los tribunales de Retiro, donde desde el pasado 6 de agosto se juzga a los responsables del encubrimiento. (InfoJus Noticias)

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