TODO JUNTO Y A LAS APURADAS: la trampa de discutir la propiedad privada como si fuera una sola cosa
Las críticas del arzobispo de Buenos Aires a «una clase dirigente que a veces parece mirar para otro lado» describen, mejor de lo que cualquier crónica política podría hacerlo, lo que pasó en el Senado apenas unas horas antes: una ley de altísimo impacto social discutida en bloque, negociada de madrugada y aprobada sin que ninguno de los cuatro temas que contenía haya merecido el análisis que ameritaba por separado.
Cada 7 de agosto, la Basílica de San Cayetano recibe al arzobispo Jorge García Cuerva y, con él, a un examen del humor social del país. Este año, la homilía llegó apenas unas horas después de que el Senado cerrara (pasadas las once de la noche, tras casi doce horas de debate) la votación de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. García Cuerva no mencionó la ley por su nombre, pero no hacía falta: su descripción de una dirigencia que prefiere «descalificaciones y debates estériles que no resuelven la vida de nadie» es, palabra por palabra, un diagnóstico de lo que ocurrió en el recinto.
Y hay que decirlo con todas las letras: tiene razón, y la crítica alcanza a todos los bloques por igual.
El error de origen de este proyecto no solo fue ideológico, también fue metodológico. El Poder Ejecutivo empaquetó bajo una misma etiqueta, «inviolabilidad de la propiedad privada», cuatro reformas que no tienen absolutamente nada que ver entre sí en términos de complejidad técnica, de impacto social ni de urgencia: la venta de tierras rurales a extranjeros, el régimen de manejo del fuego, el procedimiento de expropiaciones y los desalojos. Cada uno de esos temas, por separado, merecía su propio expediente, sus propias audiencias públicas, su propio debate en comisión con expertos de cada área. Juntarlos en un solo proyecto no simplificó nada: lo único que logró fue que ninguno se discutiera en profundidad y que todos terminaran rehenes de la negociación política de los otros.
La prueba está a la vista: dos de los cuatro capítulos, tierras y fuego, se cayeron en las últimas horas, no porque se hubiera demostrado que estaban mal diseñados o bien diseñados, sino porque hacían naufragar la votación de los otros dos. Eso no es debate legislativo. Es descarte por conveniencia numérica, disfrazado de negociación política.
La oposición, estuvo ausente en el momento en que importaba, porque si el oficialismo llevó un proyecto sobredimensionado y lo empujó con el cronómetro en la mano, el dictamen final llegó recién al mediodía del día de la sesión, sin margen real para su estudio, la oposición tampoco estuvo a la altura de lo que el momento exigía.
Durante meses de idas y vueltas, de postergaciones y prórrogas en comisión, el bloque opositor tuvo tiempo de sobra para elaborar un dictamen propio, artículo por artículo, que planteara alternativas concretas al esquema de desalojos, de expropiaciones o de tierras. En cambio, lo que primó fue la moción de levantar la sesión y el rechazo genérico a «lo nefasto» del proyecto en su conjunto. Rechazar en bloque un paquete mal armado es tan poco riguroso como armarlo mal: ninguna de las dos cosas es una política de Estado, y ninguna de las dos resuelve el problema real que hay detrás de cada uno de esos cuatro temas.
Si de aspectos formales que empañaron la sesión se trata, hay uno que merece un párrafo propio, porque no habla solo de apuro legislativo sino de cómo se manejan las reglas de juego cuando una votación está reñida. Días antes de la sesión, la vicepresidenta de la Nación y presidenta del Senado, Victoria Villarruel, firmó un decreto de presidencia que habilitaba a la senadora mendocina Anabel Fernández Sagasti, que cursa un embarazo de riesgo en la semana 32 y tiene prohibido viajar por indicación médica, a participar «con voz y voto» de manera remota, y extendió después la misma posibilidad al radical Flavio Fama, en recuperación de una cirugía.
La habilitación quedó, en ambos casos, «ad referéndum» de lo que decidiera el propio recinto.
El gesto humanitario hacia dos legisladores con impedimentos de salud reales es, en sí mismo, difícil de objetar. El problema es el método: Villarruel resolvió por decreto algo que el reglamento del Senado no contempla en absoluto, es decir, modificó de hecho, así fuera «individual, excepcional y transitoria», una norma que solo el propio cuerpo puede reformar. No es un detalle menor que el voto de Fernández Sagasti, opositora a la reforma del régimen de tierras, pudiera resultar decisivo en un escenario de paridad: eso convirtió una cuestión humanitaria en una cuestión de aritmética legislativa, y le dio munición política a quienes, como Patricia Bullrich, calificaron la maniobra de «mamarracho jurídico» y evocaron viejos fantasmas institucionales como el del «diputrucho» de los años noventa.
Pero la crítica tampoco puede quedarse en la puerta del oficialismo. Que el propio recinto haya terminado bloqueando el voto remoto, dejando afuera de la votación a una senadora embarazada y a un senador convaleciente, invocando la ausencia de reglamento que Villarruel también invocaba a su favor, no resuelve el problema de fondo: solo lo pospone. El Senado tiene, desde hace años, una discusión pendiente sobre si debe o no incorporar la modalidad remota para casos de fuerza mayor debidamente acreditados, y la sesión del jueves demostró que resolver esa laguna por decreto de urgencia, a horas de una votación clave, es la peor manera posible de saldarla. Ni la habilitación unilateral ni el bloqueo de último momento son una solución institucional: son, otra vez, dos formas distintas de improvisar sobre una regla que debería estar escrita de antemano y no depender de quién necesita el voto para ganar.
Si hay un capítulo de esta ley que ejemplifica el problema de fondo, es el de los desalojos exprés, que además fue el único que sobrevivió intacto a la sesión. El proyecto agrupa bajo una misma solución jurídica, acelerar el desalojo y reducir la intervención judicial previa, situaciones que no son comparables ni en su gravedad ni en sus consecuencias.
No es lo mismo, y no puede analizarse desde la misma óptica, el caso de quien usurpa u ocupa ilegalmente un inmueble —una violación directa y consciente del derecho de propiedad, sin ningún vínculo contractual previo— que el caso de un inquilino que se atrasa un mes en el pago del alquiler dentro de un contrato vigente. El primero es, lisa y llanamente, un delito o una vía de hecho contra el propietario. El segundo es, la enorme mayoría de las veces, la consecuencia de una crisis de ingresos, de un mercado laboral precarizado, de la misma «maldita inflación» que García Cuerva viene señalando homilía tras homilía. Equiparar ambas figuras bajo un mismo mecanismo de desalojo acelerado no defiende mejor la propiedad privada: lo único que hace es empujar a la vulnerabilidad habitacional a miles de familias inquilinas que no cometieron ningún ilícito, solo llegan tarde a fin de mes.
Un proyecto serio hubiera separado estas dos figuras desde el título del articulado, con procedimientos, plazos y garantías procesales distintos para cada una. Que ese matiz no haya sido un eje central del debate, ni en el oficialismo, que lo redactó así, ni en la oposición, que lo cuestionó en bloque sin proponer una redacción alternativa artículo por artículo, es la evidencia más clara de que la «poca y mala discusión» no fue un accidente de una noche larga, sino el resultado lógico de discutir cuatro temas complejos como si fueran uno solo, contra reloj y sin voluntad real de escuchar al que piensa distinto.
Los capítulos de tierras rurales y manejo del fuego no desaparecieron: quedan disponibles para un tratamiento futuro, ahora separados del resto. Es, en el mejor de los casos, una segunda oportunidad para hacer lo que no se hizo esta vez: tratar cada tema por su cuenta, con el tiempo y la especificidad técnica que exige. Pero nada en la dinámica de esta sesión, ni la premura oficialista, ni la resistencia sin propuesta propia de la oposición, garantiza que esa oportunidad se aproveche mejor cuando el proyecto de desalojos y expropiaciones llegue a Diputados.
Mientras la sociedad, como describió el propio arzobispo, sigue «cansada de promesas incumplidas» y de una dirigencia que discute entre sí antes que discutir para ella, la pregunta de fondo —qué tipo de propiedad se protege, de quién y a costa de quién— sigue esperando un debate que todavía no tuvo.
(*) Abogado. Ministro de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires 2007/2015
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