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LOS «NEGOCIOS» GASTRONÓMICOS LIBERTARIOS
Denuncian irregularidades y desvío de recursos en la Quinta de Olivos
La diputada Marcela Pagano presentó una serie de denuncias judiciales por presuntas irregularidades en la administración y el manejo de fondos de la Quinta de Olivos.
La presentación incluye señalamientos por posible fraude a la administración pública, negociaciones incompatibles, incumplimiento de deberes de funcionario público y peculado, causa que recayó en el juzgado del juez Ariel Lijo.
INFORMACIÓN RELEVANTE DE LA DENUNCIA
Figura en la presentación judicial, el desvío de mercadería: Se investiga el presunto desvío de aproximadamente 29 toneladas de carne y embutidos adquiridos para la residencia presidencial hacia el emprendimiento comercial «Pancitos Caseros». El negocio está vinculado a Analía Agudiez (responsable de la cocina de Olivos), su pareja Osvaldo Javier Sosa (intendente operativo) y su hermana María Belén Agudiez.
Además lo relaconado al uso de un jubilado como prestanombre: Pagano denunció que entre los proveedores de la Presidencia figura un jubilado residente en un barrio carenciado, sin vivienda ni patrimonio, a cuyo nombre se habrían facturado más de 600 millones de pesos. La diputada sostiene que el hombre habría sido utilizado como prestanombre en contrataciones vinculadas a la residencia oficial.
Y una licitación millonaria: Se solicitó investigar la adjudicación de una licitación de 700 millones de pesos para el mantenimiento de espacios verdes en la Casa Rosada y Olivos a las firmas La Mantovana y Grub, vinculadas a Franco Castelli, presunto familiar de María Belén Agudiez.
Consecuencias y medidas oficiales
A raíz de los hechos, el Gobierno formalizó la renuncia de María Belén Agudiez a la Subsecretaría de Planificación General, área dependiente de la Secretaría General de la Presidencia. Paralelamente, se dispuso que la gestión y el manejo de la Quinta de Olivos queden bajo la órbita de la Casa Militar.
